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De necesidad virtud

Resulta irónico que sea del sentido de Estado del nacionalismo catalán del que dependa la continuidad de la democracia española 

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Un centenar de personas despiden a Puigdemont en Bruselas al grito de "Viva España y visca Cataluña"

Carles Puigdemont en Bruselas.

Con la detención de Carles Puigdemont en Alemania van a ser jueces y tribunales de cuatro países europeos los que van a tener que pronunciarse sobre la eurorden dictada por el Juez Pablo Llanera. Si inicialmente era la judicatura belga exclusivamente la que tendría que haber tomado una decisión, en este momento, además de la belga, tendrán que intervenir las judicaturas alemana, escocesa y suiza. La incorporación de la justicia alemana no significa, en principio, nada más que eso. Todos los políticos nacionalistas exiliados iban a tener que comparecer ante un juez belga, escocés o suizo. Ahora, además, uno de ellos lo va a tener que hacer ante un juez alemán.

Cada uno de estos países tiene un ordenamiento jurídico distinto, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal, además de tradiciones jurídicas diferentes en un terreno tan proceloso jurídicamente como el que tienen delante de si.

Quiero decir con ello que, en este momento, de lo único que podemos estar seguros es de que se va a entrar en una batalla procesal de duración incierta, pero que consumirá, en todo caso, varios meses.

La intervención del poder judicial de cuatro países diferentes es, en principio, positiva. Si todos ellos consideran que la eurorden cursada por el juez español está justificada, no podrá haber la más mínima  sombra de duda acerca de la misma, independientemente de la opinión personal que se tenga sobre ella. Las reglas del juego son las reglas del juego y hay intérpretes de las mismas con autoridad reconocida en el universo jurídico en el que España está integrada.

Jurídicamente no se puede decir prácticamente nada más. En los próximos días y semanas, en función de lo que vaya sucediendo, podremos ir teniendo una idea más precisa de lo que pueda ser el final de los diversos procesos, aunque, como siempre ocurre en estos asuntos,  habrá que esperar hasta que se pronuncie la más alta instancia judicial competente en cada país.

Pero políticamente, este nuevo capítulo judicial viene a añadir un elemento de complejidad adicional a una situación ya muy compleja. Es obvio que los partidos nacionalistas, que son los únicos que pueden formar gobierno con los resultados del 21-D, van a tener que consumir mucha energía en el frente judicial que se ha abierto y no se van a encontrar en las mejores condiciones anímicas para centrarse en lo que tendrían que centrarse, que no es otra cosa que la formación del Gobierno.

Es posible que ocurra lo contrario y que los partidos nacionalistas consideren que, precisamente porque la situación está tan complicada, no se puede perder más tiempo en formar gobierno y en crear las condiciones para que dejen de estar en vigor las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 CE. Sería deseable que así fuera, pero la trayectoria de la política catalana y española de los últimos años no permite ser demasiado optimistas. Hasta el momento todo lo que se ha podido torcer, se ha torcido. En ningún momento se ha avanzado ni un milímetro en la dirección de una respuesta razonable para el conflicto.

En todo caso, los dos meses para la disolución automática del Parlament si no hay investidura ya están corriendo y, en consecuencia, el margen del que se dispone es mínimo. La repetición de elecciones no es, en mi opinión, una opción tan posible jurídicamente como imposible en términos políticos. Supondría el fin definitivo del ejercicio del derecho a la autonomía tal como se ha ejercido desde 1980. Si las elecciones del 21-D estuvieron viciadas de raíz por las querellas ante el Tribunal Supremo, ¿qué habría que decir de las elecciones del próximo 15 de julio?

Hay que cruzar  los dedos y esperar que el nacionalismo haga de necesidad virtud y sea capaz de sobreponerse a una situación tan adversa. De lo contrario, habrá que prepararse para el fin definitivo de la Constitución Territorial de 1978, lo que es lo mismo que decir el fin definitivo del sistema político articulado con base en dicha Constitución.

Resulta irónico que sea del sentido de Estado del nacionalismo catalán del que dependa la continuidad de la democracia española.

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