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El Ayuntamiento de Carboneras defiende la legalidad de la licencia del Algarrobico ante el TSJA

El Abogado del Estado alega que el permiso de obra para el hotel violaba la Ley de Costas y la Ley de Espacios Protegidos, en la vista para ver si se revoca o no.

La constructora sostiene que sufre "inseguridad jurídica" y los ecologistas aportan cartas que demuestran que conocía la servidumbre al iniciar su construcción.

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Junta y Estado piden confirmar la anulación de la licencia del Algarrobico

La Abogacía del Estado y la Junta de Andalucía exigen que se declare ilegal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha visto este martes otra más de las ramificaciones jurídicas del caso del hotel Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se veía el recurso presentado por el Ayuntamiento de Carboneras y la constructora, Azata del Sol, a la anulación de la licencia de obras que sentenció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería.

En una vista de eminente carácter técnico, los abogados del Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol han defendido ante la sala la legalidad de sus actuaciones y, sobre todo, la supuesta incorrección de la sentencia del juzgado, al que han acusado de "excederse en sus atribuciones", asegurando que lo que se juzgaba era si el municipio debía revisar de oficio la licencia, y no declararla nula, o si los planeamientos urbanísticos en los que se basa -las normas subsidiarias (NNSS) de Carboneras o el Plan Parcial del sector ST1- eran correctas, ya que el fallo las consideraba también ilegales.

De hecho, el letrado de Azata del Sol ha llegado a argumentar "inseguridad jurídica" para la empresa para apoyar su petición de revisión de la sentencia, asegurando que no se puede culpar a la firma por no respetar leyes -la Ley de Costas o la ampliación del Parque Natural del Cabo de Gata- que se incumplieron posteriormente. De hecho, aseguró que la constructora consultó con la Junta de Andalucía si incumplía la ley al respetar una servidumbre de 20 metros para la línea de playa, en lugar de los 100 que marcaba la Ley de Costas, y que no se le dijo lo contrario.

La discusión gira en torno a sí las NNSS de Carboneras, de 1988, y la compra de la finca por Azata del Sol, en 1999, se ven afectadas por leyes posteriores o aprobadas en paralelo, como la de costas o la ampliación del parque natural, de 1994. Esto último ha sido rebatido por el Abogado del Estado en su intervención, afirmando que siendo la licencia de 2003, no puede contravenir las leyes, que están por encima de los reglamentos urbanísticos del Ayuntamiento de Carboneras aunque estos fueran correctos, cosa que también ha discutido, ya que la Ley de Costas que le afectaba también es de 1988.

El abogado que representa en conjunto a las organizaciones ecologistas Salvamos Mojácar y Ecologistas en Acción de Almería ha negado que la constructora desconociese que debía respetar una servidumbre de 100 metros respecto a la costa en tanto en 1998, antes de comprar la parcela. El representante legal de Azata del Sol en aquel momento y posterior arquitecto del Algarrobico recibió una respuesta del Servicio de Protección de Costas de Almería en la que se le indicaban los 100 metros.

La primera parte de la vista, además, ha girado en torno a la pertinencia de los ecologistas como parte en el proceso, que discuten el Ayuntamiento de Carboneras y la empresa. Si la sala concluyese que no estaban facultados para recurrir la licencia, sólo sería pertinente el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, que estaba en otro juzgado en el momento de su presentación, 2005, y se unificó al de las asociaciones. Ello supondría recomenzar todo el proceso judicial desde el principio.

Se espera que el TSJA decida en los próximos 15 días. La nulidad de la licencia, según han deseado los ecologistas, podría suponer el derribo del hotel. Pero la sentencia también puede anular la licencia y no pronunciarse sobre el mismo. También, en este último caso, sería previsible que Azata del Sol, como ha hecho con otras decisiones del alto tribunal recientes que reconocían la propiedad de la parcela a la Junta de Andalucía, la recurra ante el Tribunal Supremo, alargando aún más el proceso.



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