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El Cobrador del Frac perseguirá al PP de Huelva toda la campaña por una deuda de 30.000 euros en comidas

Una empresa de catering de la capital onubense le reclama el pago de sus servicios en la campaña electoral de 2007.

Persigue concretamente al excoordinador de la campaña del PP onubense y actual portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Francisco Moro.

El propietario de la empresa dice que le han dado largas y que ahora ha decidido "iniciar su propia campaña".

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El cobrador y un guardaespaldas, a las puertas de la Casa Colón de Huelva.

El cobrador y un guardaespaldas, a las puertas de la Casa Colón de Huelva.

El alcalde de Huelva y candidato a la reelección en el cargo por el PP, Pedro Rodríguez, contará en la campaña electoral que se inicia este viernes con un nutrido programa de actos, un equipo de colaboradores, decenas de personas que acudirán a sus actos... y el cobrador del frac.

El más famoso cobrador de deudas a terceros de España será la sombra del edil onubense durante dos semanas, aunque en realidad el dinero que le reclama no se lo debe él personalmente, sino el Partido Popular de la capital onubense. Y no es una cantidad baladí, sino 30.000 euros como cifra redonda, que el PP no habría abonado desde las municipales de 2007.

Un asunto que ha adelantado el digital pagina3huelva.es, y que pone un punto curioso (aunque al PP no le hará ninguna gracia) en la campaña electoral de la capital de la provincia de Huelva. Ya este jueves, el representante de la empresa del Cobrador del Frac, escoltado por dos guardaespaldas, estaba apostado a las puertas de la Casa Colón, el edificio emblema del Ayuntamiento de Huelva.Y no es una ubicación escogida al azar, ya que intenta "cazar" a una persona en concreto, el coordinador de la campaña del PP en Huelva en anteriores convocatorias electorales y actual portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Francisco Moro.

Deuda por invitar a comer

Llama la atención que no se trata, aparentemente, de una deuda de primera necesidad, pero el PP de Huelva capital gastó en 2007 la cantidad de 30.000 euros en comida en su campaña electoral, el restaurador de la ciudad Paco Morato, que realiza desde hace años servicios de catering a particulares, empresas y todo tipo de instituciones, afirma que nunca lo cobró, por lo que ha recurrido a este método como última opción.

Según Morato, su empresa de catering trabajó en las citas electorales de 2001, 2003 y 2007. Los dos primeros comicios los cobró, pero no así el último. Por ello, después de aplazar los pagos y dar largas, "hace menos de un mes, Moro me ha dicho que no me paga, así que yo empiezo mi propia campaña para recuperar mi dinero”, señala al citado digital.

Curiosamente, en las elecciones municipales de 2011 no tuvo problema para cobrar. En aquel entonces, el PP contrato sus servicios a través de una consultora y ésta sí cumplió lo pactado y pagó el trabajo que se realizó. Otra cosa son los ocho años esperando a cobrar los servicios que prestó en 2007, por lo que ha recurrido al método extremo: desde la pasada medianoche, Moro tiene encima al cobrado del frac con una factura en su maletín de 30.000 euros.

Más de 1.200.000 de facturas cobradas

Se trata de un servicio controvertido, pero hace más de 20 años que esta empresa trabaja en España y Portugal. En ese tiempo, según recoge en su página web, ha logrado más de 1.200.000 liquidaciones con éxito.

Eso sí, cuenta con un código deontológico muy severo, que señala que "actuamos siempre con un estricto respeto a la legalidad vigente y a los derechos fundamentales, como la libertad y la intimidad del deudor, derechos estos que nunca podemos violar ni transgredir, como así lo recogen los contratos de los empleados y colaboradores mercantiles de la empresa. No se realizará actuación alguna contra menores, ancianos, incapacitados y enfermos graves, y no se permite el cobro de deudas que tengan su origen en delitos, como, por ejemplo, robo, hurto, contra la salud pública, procedentes del juego, etc".

No obstante, su forma de trabajar, ha provocado que en algunos casos, la Agencia Española de Protección de Datos haya sancionado estas prácticas por entender que se vulnera el deber de secreto, pues divulgan, de forma indebida, la condición de deudor a terceras personas.

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