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La propuesta para legalizar el cannabis llega a los partidos políticos

La propuesta aboga por una regulación del consumo y la venta del cannabis, a través de tres sistemas: el autocultivo, los clubes y la venta libre en establecimientos autorizados

El modelo fue presentado a representantes de los cuatro partidos mayoritarios en un curso de verano de la Universidad de Málaga, y sus promotores pretenden concertar reuniones con los grupos parlamentarios

"El objetivo del control social del cannabis no ha de ser impedir su consumo sino conseguir formas de gestión de la sustancia que minimicen los daños potenciales"

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El Parlamento catalán aprueba la ley regula asociaciones de consumo de cannabis

EFE

Un grupo multidisciplinar de profesores de derecho, ciencia política, psicología y antropología, abogados, trabajadores sociales e investigadores ha elaborado una propuesta para una regulación sobre el cannabis, su consumo y su distribución. El texto propone, entre otros puntos, que sea posible vender cannabis a mayores de 18 años no incapacitados a través de establecimientos autorizados.

La propuesta fue trasmitida a los representantes de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos que participaron hace dos semanas en un curso de verano de la Universidad de Málaga, y sus promotores están tratando de fijar reuniones con los grupos parlamentarios. Fue bien recibida por el representante de Unidos Podemos, el diputado Miguel Vila, mientras que Francisco Igea, representante de Ciudadanos, y el senador del PSOE José Martínez Olmos, aceptaron la necesidad de una regulación. Jesús Aguirrre, p ortavoz del PP en la Comisión Mixta para el Estudio del problema de las Drogas, se mostró en contra. 

"El objetivo del control social del cannabis no ha de ser impedir su consumo sino conseguir formas de gestión de la sustancia que minimicen los daños potenciales, tanto en lo personal como en lo colectivo", se lee en el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía. Este modelo se suma a la ponencia ya preparada por Unidos Podemos, y que probablemente se discutirá en el próximo periodo de sesiones.

El texto propone sustituir el régimen penal por un control administrativo sobre la producción y la distribución. Los proponentes creen que ese control permitiría "garantizar la calidad y seguridad" del cannabis y "limitar las posibles fugas a mercados ilegales y el acceso de la sustancia a personas vulnerables". Se trataría, dicen, de un régimen "análogo" al del tabaco y el alcohol, aunque "las distintas percepciones y representaciones sociales justifican, al menos de momento, un tratamiento diferenciador". De esta forma, se plantea una regulación completa, desde el cultivo hasta el consumidor final, que podría adquirir cannabis a través de tres vías: el autocultivo, las asociaciones y el mercado regulado.

Los autores parten de la "tendencia creciente a considerar que el cannabis debe regularse" y que en España es ya mayoritaria, según explica a este medio Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y uno de los firmantes del documento. Según el último estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, de 2014, el porcentaje favorable a la venta regulada sería ya del 46,2%, por un 44,2% favorable a la prohibición. "No sólo se ha extendido el consumo sino que hay una mayor aceptación social de que el cannabis puede dispensarse como cualquier otra droga legal, sometida a una serie de controles por parte de la administración", asegura el catedrático.

La propuesta ha sido elaborada por el Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis. Entre sus miembros figuran también Domingo Comas, presidente de la Fundación Atenea, Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de La Coruña, María Teresa Laespada, Diputada Foral y exdirectora del Instituto Deusto de Drogodependencias, o Eusebio Megías, exdirector general del Plan Nacional sobre Drogas. La financiación de los trabajos ha corrido a cargo de un consorcio constituido por la Asociación ABD, la Fundación Atenea, la Federación Enlace y la Fundación ICEERS, si bien se aclara que ninguna ha tenido ni voz ni voto, y que los participantes no han cobrado por sus aportaciones.

Venta libre a mayores de edad a través de establecimientos con licencia

El sistema propuesto prevé que la producción y el procesamiento del cannabis, así como la producción y venta de semillas, estén sometidos a licencias. A diferencia de la pionera ley uruguaya, cuya previsión de venta en farmacia acaba de entrar en vigor, la propuesta de los expertos españoles prevé la venta a través de establecimientos con licencia exclusivamente dedicados a ello, a los que se sometería a un estricto control administrativo. Las unidades a la venta deberán contener una etiqueta con información de origen, variedad, fecha de recolección, índice de psicoactividad y concentración de principios activos.

El Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis cree que el precio debería ser libre pero "modulado por el Estado" a través de los impuestos, con el fin de reducir el mercado ilegal mediante precios competitivos en un primera etapa, y desincentivar su consumo en una etapa posterior. Cualquier persona, sin necesidad de registro previo, podría adquirir el cannabis con un límite por compra, que en la propuesta se fija orientativamente en 25 gramos. La publicidad estaría prohibida y para la venta a menores e incapacitados se proponen sanciones penales.

El documento presta especial atención a las asociaciones de usuarios de cannabis, un modelo que se está implantando de forma dispar en las comunidades autónomas. Las asociaciones deberían ser objeto de una ley específica, y se diferenciaría entre las de menos de 50 miembros, y las de entre 50 y 500 miembros. Estas asociaciones podrían producir semillas y cannabis para consumo de sus socios, sin que pudieran comercializarlas.

Como última vía de acceso legal se contempla el "derecho de las personas individuales o en reducido grupo a cultivar cannabis para su propio consumo, sin necesidad de comunicación o registro alguno". Orientativamente, los expertos proponen un máximo de seis plantas hembras por persona. Además, se prevé un acopio máximo de una cantidad equivalente al consumo de un usuario intensivo durante 30 días, fijado orientativamente en 300 gramos de cannabis o derivados, reducidos a un acopio de 100 gramos en espacios públicos.

Para definir los lugares de consumo, la propuesta toma como referencia la actual legislación sobre tabaco, sin perjuicio de "matices" por la diferente "percepción colectiva". La propuesta recoge también un catálogo de sanciones penales vinculadas a la venta a menores, al fraude alimentario, al contrabando (similar al de tabaco, a partir de cierta cantidad) y al tráfico, así como mecanismos para prevenir su consumo en lugares de trabajo y medidas informativas, preventivas y de reducción de daños.

"No decimos que el cannabis sea un caramelo que debe estar en los kioscos"

"Una de las inercias que ha ayudado a la consolidación de la política prohibicionista durante muchos años ha sido la presentación de esta política como la única posible", escribe Xabier Arana en uno de los textos de introducción a la propuesta, en la que también se justifica que los problemas vinculados al cannabis "se vinculan con mayor frecuencia a su estatus legal que a la sustancia en sí misma".

"Nuestro modelo de política de drogas es netamente prohibicionista: pretende solucionar el problema de la droga acudiendo al derecho penal", añade Juan Muñoz, quien justifica la propuesta y la llamada al debate en el "fracaso" del sistema actual, como muestran los datos del Plan Nacional contra las Drogas: "Si comparamos los datos de 1994 y de 2016, en todos los ítems [consumo en el último año, en el último mes y diario], hay un crecimiento importante. Por ejemplo, en consumo durante el último mes estamos cerca del 20% de los encuestados".

La misma encuesta ratifica lo fácil que resulta para cualquiera conseguir cannabis pese a su prohibición. "Hay que buscar otras formas. Nosotros no decimos que el cannabis sea un caramelo que debe estar en los kioscos: por eso planteamos una regulación, que tenga un control básicamente administrativo y que sea el Estado quien controle el proceso".

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