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Unió Democràtica eleva su deuda hasta los 22 millones tras declararse en concurso de acreedores

La formación democristiana había cifrado en 19 millones su pasivo antes de presentar el concurso voluntario

Los bancos deberán detallar al juez en un mes los créditos que les debe el partido

El juez nombra a Deloitte como administrador de Unió para que en dos meses redacte el informe concursal

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22,5 millones de euros. Este es el pasivo que acumula, de momento, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y que la ha abocado al concurso de acreedores. El juzgado de lo mercantil 4 de Barcelona, en un auto fechado el pasado 13 de septiembre, ha decretado el concurso voluntario de Unió y ha nombrado a la consultora Deloitte como administrador concursal de la histórica formación democristiana. Cuando el partido anunció que se acogía al concurso voluntario cifró su deuda en 19 millones de euros, tres millones menos que los que ha presentado ante el juez.

Según la estimación inicial que Unió ha entregado al juzgado, sus activos suman 5,9 millones de euros, mientras que sus deudas casi cuatriplican esa cantidad y llegan hasta los 22,5 millones. Ahora, los bancos a los que Unió no puede devolver los créditos que pidió tienen un mes para detallar al juzgado las cantidades que se les adeudan. Además, el juez ha dado dos meses a Deloitte para entregar el informe concursal.

Cerca de la mitad del pasivo de Unió está en manos de La Caixa, seguida por el Santander, el BBVA, Ibercaja y el Sabadell. La formación cuenta con una plantilla de 19 trabajadores, según la documentación que ha entregado al juzgado.

La pérdida de representación en el Parlament y en las Cortes, sumada a la fuga de concejales y militantes desde su ruptura con CDC en 2015, agravó aún más la ya delicada situación de las cuentas de Unió, lo que obligó a la dirección democristiana a anunciar en marzo que se sometían a un preconcurso de acreedores que, agotado el plazo legal, pasó a ser un concurso de acreedores.

La última semana de julio terminó sin éxito el plazo para cerrar un acuerdo con los acreedores, tras haber impulsado otras medidas de ajustes, como un ERE, la reducción de gastos o la puesta en venta de su sede central, todo ello con el fin de intentar garantizar la viabilidad económica de la formación.

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