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La guerra del agua que no acaba

Europa Press

Francisca Bravo Miranda

El Gobierno regional no ha tenido problema en anunciar que, después de la última legislatura, la región gozará de agua de calidad en el Tajo debido a 460 hm3 más de agua que al principio de la legislatura. El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha señalado que el “doble caudal mínimo” de los pantanos de cabecera de la cuenca, en referencia a tres años antes, hacen que esta situación sea posible. “Hoy tenemos 460 hectómetros cúbicos que al principio de la legislatura” celebró la presidenta de la Junta de Comunidades en su balance de los últimos cuatro años.

Es cierto que los planes han aumentado los hectómetros cúbicos, pero tal como señalan los activistas en favor de los ríos es sólo sobre el “papel”. El caso del Tajo es, sin duda, el más sonado. Con el último Plan Hidrológico, las reservas mínimas “no trasvasables” en cabecera pasaron de 240 hm3 a 400 hm3. Pero contar estas masas de agua de manera definitiva como uno de los “logros” del Gobierno es muy apresurado, ya que el documento oficial presenta ciertas condiciones. De este modo, las reservas mínimas irán aumentando en 32 hm3 cada 1 de enero, cada año. Esto significa que para alcanzar los 400 hm3 todavía queda una década.

Así lo señala Rosa Prieto, una de las responsables de Medio Ambiente de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, que señala que cuando el Gobierno habla de 460 hm3 más, es “probable” que se estén “confundiendo”. Prieto también señala que los errores del Ejecutivo son constantes, “la consejera de Fomento habla de hectómetros cúbicos por segundo al hablar de reserva, por ejemplo”, y, en general su visión es otra a la del Gobierno. “Creo que se ha perdido mucho en el Tajo durante esta legislatura”, afirma Prieto. Miguel Ángel Sánchez, de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera, coincide con Prieto en esto y señala que la “suma” que ha realizado el Gobierno regional “no tiene sentido” y que “en realidad” en los planes de cuenca se ha perdido “mucha agua”.

El Gobierno regional ha sido positivo durante la legislatura al señalar que había zanjado “la guerra del agua” de la que hablaba el anterior gobierno socialista. Marta García de la Calzada, consejera de Fomento presentó el Plan Hidrológico del Júcar en marzo del año pasado y subrayó que el plan suponía “un gran avance” para Albacete y su zona de influencia. La política señaló que “los albaceteños no tendrían que pagar ninguna compensación extraordinaria” a los regantes valencianos. Sin embargo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos señaló que este avance era, básicamente, lo mínimo y que en realidad no se habían respetado las líneas rojas como la garantía del uso de la cuenca cedente y poder atender las necesidades de Castilla-La Mancha. “Este Plan sigue siendo injusto con nuestra tierra”, señaló la organización tras su aprobación. Ecologistas en Acción impuso un recurso contra el documento, que fue admitido por el Tribunal Supremo, por “incumplimientos medioambientales”.

Levante y Murcia han sido, de manera indiscutible el principal problema al hablar del trasvase del Tajo-Segura. Desde la aprobación del último documento oficial en relación con este desembalse, el Ministerio de Agricultura ha tomado la costumbre de aprobar trasvases de 20 hectómetros cúbicos de manera “retroactiva”, a pesar de que el río Tajo lleva meses en los niveles de prealerta o bordeándolos peligrosamente. En cuanto se aprobó el documento, la Plataforma en Defensa del río Tajo señaló que la regulación del trasvase “ataba” el Plan “ilegal” del Tajo y que las medidas en favor de Castilla-La Mancha eran, en realidad, mínimas.

Los regantes murcianos y de Levante se han levantado una y otra vez en defensa de sus intereses, que hasta ahora parecían muy satisfechos por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la legislatura ha acabado con un Decreto de Sequía del río Segura que no ha dejado satisfecha a Murcia. De hecho, agricultores y ganaderos han señalado que Cospedal ha dejado a los regantes “en la estacada” por intereses puramente “electoralistas”. José Antonio Pujante, de Izquierda Unida de Murcia, también culpó a la presidenta de la Junta de Comunidades de ponerse por encima de Pedro Antonio Sánchez, candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas, y de agraviar así a los regantes de la región.

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