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Concejales adjudicadores y adjudicatarios

Luis Rubio, diputado provincial del PP y alcalde de Villahermosa del Río (Castellón) creó una empresa con capital municipal y al mismo tiempo se adjudicó parte de la propiedad de la mercantil

Un dictamen del Consell Jurídic Consultiu reprocha la "irregularidad" de su actuación y Castelló en Moviment pide una auditoría sobre el Consistorio, en el que todos los concejales son del PP 

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El alcalde de Villahermosa y diputado provincial de Castellón, Luis Rubio

El alcalde de Villahermosa y diputado provincial de Castellón, Luis Rubio

"Si el PP está tratando de hacer limpieza, hay rincones a los que no llega". Iñaki Vallejo, diputado de Castelló en Moviment en la Diputación de Castellón, pronunció esta frase el martes en una rueda de prensa. Con ello, se refirió a la apuesta por la regeneración que pregona el actual presidente provincial, Javier Moliner. Y también a los episodios que ponen en cuestión esta labor, como es el caso de la actividad de uno de sus diputados y también alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio. 

Vallejo mostró un dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu, órgano dependiente de la Generalitat Valenciana y encargado del asesoramiento jurídico de las administraciones valencianas. El texto critica una de las actividades de Rubio como alcalde, un puesto que ostenta desde el año 1991. En las últimas elecciones, obtuvo el 88% de los votos, de forma que en la actualidad gobierna junto a seis ediles de su partido, el PP, y sin ningún concejal de la oposición. 

En concreto, el Consell Jurídic-Consultiu califica de "irregularidad" la creación de una empresa mixta dedicada a la fabricación de biocombustibles de origen forestal (pellets) en el año 2014. La mercantil se creó con el 99,5% de capital de las arcas municipales (796.000 euros). El otro 0,5% quedó en manos de ocho personas del pueblo, de las cuales siete son los concejales que forman el Pleno del Ayuntamiento. 

Dentro y fuera de la mesa de adjudicación

La irregularidad estriba en que tres de ellos fueron miembros de la mesa de contratación que adjudicó el 0,5% de la propiedad de la empresa, al mismo tiempo que ellos mismos se convirtieron en adjudicatarios. El Consell Jurídic Consultiu recuerda que la ley prohíbe esta práctica porque es ilegal que un edil sea contratista de la administración.

Y sobre todo porque podría darse "una confusión de intereses". Es decir, que los concejales decidan desde su puesto en el Consistorio premiarse a sí mismos en un hipotético reparto de beneficios. En palabras del dictamen, "el Ayuntamiento, en tanto que socio mayoritario de la sociedad limitada creada podría decidir que los beneficios se repartan de modo que beneficien de manera especial a los partícipes privados, que son los mismos que adoptan aquella decisión". 

El "holding" de los pellets 

Según Vallejo, el diputado Luis Rubio llevaba camino de conseguir la creación de todo un "holding" en torno a la fabricación de pellets. Explicó que, por un lado, la empresa mixta que había creado el alcalde iba a fabricar este material. Por otro, el mismo Rubio es el presidente del Consorcio de Bomberos, el órgano que se encarga de la gestión de los montes y, por tanto, previsiblemente va a canalizar las ayudas de la Generalitat para la utilización de los residuos forestales como combustible. Un circuito, explicó Vallejo, que dejaría en manos de Rubio la creación de empleo asociada a este sector, y por tanto, una oportunidad de "clientelismo". 

Castelló en Moviment ya comunicó la creación de esta empresa en abril del año 2016 a la Fiscalía de Castellón, que archivó la denuncia. Ahora, después de conocer el dictamen, la formación anuncia que volverán a pedir responsabilidades por estos hechos. En concreto, presentarán una moción en el próximo Pleno de la Diputación, que se celebrará el día 11. En ella, exigen la dimisión de Luis Rubio.

Más transparencia 

También pretenden que la institución provincial resuelva la falta de transparencia del consistorio, provocada por la ausencia de concejales de la oposición. En este sentido, piden que la Diputación audite la gestión del consistorio y pida un informe al Síndic de Comptes sobre su funcionamiento. También que inste a la eliminación de la empresa mixta y su sustitución por una empresa netamente pública.

Vallejo destacó que de esta forma se evitará que una hipotética denuncia futura sobre las actuales irregularidades dé al traste con la actividad de creación de biocombustibles que pueda llevarse a cabo en el municipio. 

"Lo único que buscan es ruido"

Por su parte, el Gobierno de la Diputación de Castellón respondió el martes a través de una nota en la que la diputada del PP Elena Vicente-Ruiz lamentó la estrategia emprendida por Castelló en Moviment a la hora de "erigirse como juez y verdugo empleando con fines políticos un tema denunciado por ellos mismos y que ya ha sido archivado por la Fiscalía". "Están demostrando que lo único que buscan es hacer ruido y obtener el mayor aprovechamiento político posible respecto a un asunto ya resuelto por la justicia", concluyó. 

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