La defensa desvincula a Blasco de los delitos en Cooperación y pide su absolución
La defensa Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad en el gobierno de Francisco Camps, ha insistido este jueves, durante la celebración del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TJSCV) por el presunto desvío de ayudas al Tercer mundo, conocido como caso Cooperación, en reclamar su absolución, desvinculándole de toda actividad delictiva imputada.
Así lo ha expuesto en la sala el letrado de Blasco, Javier Boix, en la segunda de las tres sesiones de conclusiones finales en este juicio por presunto fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en la concesión de subvenciones públicas, en el que están procesados el exconseller y otras ocho personas, entre ellas el empresario Augusto César Tauroni, presunto cabecilla de la trama y hasta ahora el único encarcelado.
“Respetando” el trabajo de las acusaciones pública y particulares -Fiscalía Anticorrupción solicitaba para Blasco 14 años de prisión y 33 de inhabilitación y la Abogacía de la Generalitat Valenciana pide 11 años y medio de prisión y 31 años de inhabilitación-, Boix ha cuestionado las “acusaciones infundadas” sobre su defendido, que derivan en una petición condena que “en absoluto” se sostiene.
La vinculación de Blasco con los hechos que se le imputan planteada por las acusaciones se resume en que “es amigo del amigo del adjudicatario” de las subvenciones presuntamente desviadas, sostenía la defensa del diputado autonómico. Para el abogado, “se busca lo mismo en las dos piezas” existentes del caso Cooperación, y es “vincular a Blasco con otros de los imputados”.
Después de alegar “indefensión y quiebra de derechos”, Boix ha afirmado que el Ministerio Público ha basado parte de sus argumentos en “recortes de prensa” y ha practicado “cierta inversión del sentido del lenguaje” usando el plural en algunos correos “incluyendo a Blasco en el plural como destinatario de unos correos electrónicos que, por otro lado, no fueron contestados”.
También ha sostenido que, en algunas ocasiones a lo largo de sus conclusiones, la Abogacía de la Generalitat “no acaba de decir lo que es cierto”.
El pasado martes, el Ministerio Público mantuvo su petición para Blasco de una condena de 14 años de prisión y 33 de inhabilitación por “aprovecharse” de su condición de conseller para, de común acuerdo con otros, delinquir, favoreciendo a determinada empresario en un “claro ejemplo de clientelismo político”.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, quien ejerce de acusación particular, solicitó 11 años y medio de cárcel y 31 de inhabilitación para el ahora diputado de Les Corts no adscrito, al que acusa de aprobar subvenciones a una supuesta ONG “a sabiendas de su injusticia”, de forma “arbitraria” y “presionando a los funcionarios”.
El juicio, que se prevé que mañana quede visto para sentencia, ha durado poco más de dos meses -comenzó el 7 de enero, con dos días de cuestiones previas a los que siguió el interrogatorio a los imputados-, y en él han declarado decenas de testigos y peritos a lo largo de una treintena de sesiones.
