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Detenido un exasesor de Rafael Blasco relacionado con el cartel del fuego

El juez ordena el arresto del hombre de confianza del exconseller y tres empresarios por una operación urbanística descubierta en la investigación por el amaño de contratos en la lucha contra los incendios

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El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, junto al exconseller Rafael Blasco

El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, imputado por el caso Taula, junto al exconseller Rafael Blasco, en prisión por el caso Cooperación.

El juez que investiga el amaño de contratos para la extinción de incendios ha ordenado la detencion de otras cuatro personas relacionadas con el llamado cartel del fuego, la trama que conspiraba para repartirse los concursos públicos para luchar contra los incendios forestales.

Según Levante-EMV, la operación, a desarrollar entre este martes y el miércoles, está siendo ejecutada por la UDEF, la brigada de la Policía Nacional contra la delincuencia económica, y aún no ha acabado. Se han producido registros en Valencia (dos en la capital y uno en Alboraia) y otro en Arganda del Rey (Madrid).

Los arrestados, entre los que estaría un exasesor de Rafael Blasco, el fáctotum del PP ahora en prisión por el robo de ayudas al tercer mundo, estarían implicados en el cobro de comisiones ilegales por una operación urbanística, la tramitación de un PAI. Están imputados por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad.

La operación, nacida de la pieza principal, no tendría conexión directa con el amaño de contratos que provocó la investigación inicial.

El cartel del fuego

La investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción se centra en los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público a 30 personas, entre ellas, Serafín Castellano, quién lo fue casi todo en el PP valenciano.

Anticorrupción ha puesto bajo la lupa adjudicaciones por más de 40 millones de euros en servicios aéreos para la extinción de incendios.  Los contratos habrían ido a parar a empresas del denominado cártel del fuego, que habrían sobornado o premiado a Castellano con dádivas o dinero. Las prácticas irregulares, centradas en la Generalitat Valenciana, alcanzarían también a la catalana y al Estado.

Avialsa, la empresa que estaría en el centro de la trama, ha seguido adjudicándose los contratos de aviones antiincendios de la Generalitat Valenciana al ser la única que se ha presentado a los concursos con la nueva administración, gobernada por una coalición entre PSPV-PSOE y PP.

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