La investigación considera a Francisco Camps el gran “recaudador” del PP valenciano
El expresidente valenciano Francisco Camps está en el centro de la trama que el juzgado número 18 de Valencia investiga a raíz del caso Imelsa. La denominada Operación Taula, por la se ha imputado hasta ahora a 69 personas, ha destapado el funcionamiento del PP valenciano, que habría utilizado hasta cinco cajas B para ingresar fondos procedentes de comisiones ilegales. Así lo revela la cadena SER, a quien el propio Camps ha negado categóricamente esa información.
Según la SER, que asegura que en la investigación se cosidera al PP valenciano “una organización criminal” y a Camps el “recaudador” principal, las grabaciones del exgerente d ela empresa Imelsa, Marcos Benavent, avalan estas sospechas. Hasta ahora, solo habrían trascendido cargos intermedios implicados, pero los investigadores apuntan al propio Camps, así como a otros exdirigentes como Carlos Fabra, que cumple 4 años de prisión por delito fiscal, o los exvicepresidentes de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps y Víctor Campos.
Con estas informaciones, el caso da un salto cualitativo y vuelve a poner en evidencia algo que ya se investiga en el caso Gürtel: la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana.
Camps asegura en declaraciones a la SER que “nunca” ha recaudado ni ha organizado nada ilegal.
Hasta el momento Camps se ha librado de estar imputado en investigaciónes como la del caso 'Gürtel' en la Comunitat Valenciana, que apunta a que el PP se habría podido financiar con un 80% de dinero negro sus campañas electorales de 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (europeas). Esta presunta financiación irregular ha llegado a encausar a toda la cúpula del PP del año 2007, toda excepto el propio Camps que tampoco se ha visto imputado en la pieza separada de Fitur, donde sí se ha imputado a dos de sus exconselleras de Turismo, y pese a ser señalado por la propia Milagrosa Martínez.
No obstante Camps sí se ha visto salpicado por el escándalo de la Fórmula 1, después de admitir el TSJCV la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación.
