Puig pide por carta a Rajoy que retire los recursos contra las leyes del derecho civil valenciano
El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que retire los recursos de inconstitucionalidad contra tres leyes de desarrollo del derecho civil foral valenciano.
En concreto, pide la retirada de los recursos contra la ley de régimen económico matrimonial, la de relaciones de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y la de que uniones de hecho formalizadas.
En el escrito, Puig le muestra su total disponibilidad y la del Consell a “mantener las reuniones que resulten necesarias con el fin de solventar desde el diálogo y con voluntad de acuerdo, todas aquellas cuestiones que puedan ser jurídicamente controvertidas en este ámbito.
Recuerda que la Generalitat valenciana mantiene “un comportamiento leal y respetuoso” con las instituciones, y ha ejercido sus competencias “con la máxima responsabilidad, demostrando que se puede actuar con sentido de Estado y, al mismo tiempo, defender el autogobierno y reivindicar lo que se considera legítimo y justo para un determinado territorio”.
El president señala que desde que se aprobó la reforma el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en 2006, la Generalitat ha puesto en práctica su competencia exclusiva en materia de conservación, desarrollo y modificación del derecho civil valenciano.Ha asegurado que la Generalitat está convencida de la legitimidad de una actuación que se han plasmado en la aprobación, entre 2007 y 2013, de cuatro leyes: las tres citadas anteriormente y la de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias.
Litigios pendientes de una decisión
Puig destaca que las tres primeras fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno y que los tres litigios siguen, a día de hoy, pendientes de una decisión sobre el fondo del asunto.
Asimismo, señala que en las negociaciones bilaterales con el Estado, la Generalitat puso de manifiesto que la aprobación y aplicación de tales normas era “perfectamente compatible con el respeto a la competencia exclusiva estatal sobre legislación civil”, algo que cree que sigue siendo válido.
El president asegura también que en la legítima defensa de la constitucionalidad de las normas recurridas, la Generalitat “no está sola”, pues Les Corts, más de 50 ayuntamientos y muchas instituciones y entidades, públicas y privadas, han puesto de manifiesto el amplio respaldo con el que cuenta.
Por ello, pide a Rajoy que inste a la Abogacía del Estado a desistir de los recursos de inconstitucionalidad presentados, y le muestra su disponibilidad y la del Consell para solventar aquellas cuestiones controvertidas desde el diálogo.
