Deportados por México bajo riesgo de muerte: “Caminaba aterrorizada por si me disparaban por la espalda”

A Emilia la deportaron sin preguntar. Nadie quiso saber el porqué de unos gritos desconsolados con los que rogaba no ser devuelta a El Salvador. Si las autoridades migratorias mexicanas hubiesen seguido la legislación, habrían sabido que la mujer escapaba empujada por las amenazas de las pandillas de El Salvador, con el dolor  del asesinato de dos hijos y un hermano a sus espaldas. Quizá se habrían percatado de que regresar a su país no era una opción para ella. 

No preguntaron y, en cuatro días, Emilia y uno de sus hijos estaban de vuelta en San Salvador. “Eran las dos de la tarde. Caminaba con miedo a que me matasen por haberme ido, a que me dispararan por la espalda en la parada del autobús. Temía que le hicieran algo a mi hijo, que estaba bajo amenaza. No podíamos estar más tiempo allí”, relata a eldiario.es. En pocos días, emprendió un nuevo viaje migratorio a través de una ruta más peligrosa. Hoy vive como refugiada en México.

Con la concesión de su solicitud, el Gobierno mexicano, de forma indirecta, admitió un error: si Emilia y su familia requieren protección, las autoridades reconocen que la deportación ordenada entonces suponía un peligro para ella. Esta deficiencia en el sistema de identificación de los migrantes interceptados por las autoridades es habitual, según ha documentado un reciente informe de Amnistía Internacional.

“Las autoridades migratorias mexicanas obligan a volver a sus países a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan”, concluye la investigación, basada en una encuesta realizada a 500 personas centroamericanas que escaparon a México.

“No me preguntaron nada. Solo me encerraron”

El caso de Emilia forma parte del 69% de los migrantes que, según apunta el estudio, habían sido detenidos por las autoridades mexicanas migratorias y señalaban que “el agente jamás les preguntó las razones por las que habían abandonado su país”.

Acababa de llegar a México cuando una de los seis hijos con los que escapó de El Salvador se puso de parto. Al día siguiente, la salvadoreña se dirigía al hospital junto a otro de sus niños para realizar el papeleo de su nieta recién nacida. La policía migratoria le dio el alto. Emilia suplicó a los agentes, les explicó que su hija acababa de tener un bebé, que “la estaba esperando”, que “necesitaba medicinas”, describe la salvadoreña.

No la escucharon. Después de “cuatro días” encerrada en un centro de detención, fue deportada a México. “No me preguntaron nada. Solo me encerraron y dijeron que tenía que regresar. No me explicaron que tenía derecho a algo acá”.

Según Amnistía, se trata una práctica sistemática: a pesar de que la legislación mexicana obliga a informar del derecho de solicitar asilo, el 75% de las personas detenidas por las autoridades migratorias mexicanas no lo hicieron, sostiene la ONG. 

“Me separaron de mi hijo (menor de edad). Me llevaron al módulo de mujeres y a él al de hombres. La persona que me atendía para recoger mis datos y huellas se reía cuando le explicaba que mi hija estaba enferma y acababa de dar a luz”, recuerda. “Yo, desesperada, mostraba la documentación del hospital, con las huellas de mi nieta”.

“No pensaba que me fuesen a encerrar, quizá por eso se reía... Cuando me metieron en la celda no quería entrar. Era como una cárcel, me trataban como a un delincuente. Me dio un empujón y me pegó una patada en la espalda”.

Las deficiencias de los centros de detención mexicanos

Así llegó Emilia a la segunda etapa de tramitación por la que tienen que pasar las personas migrantes en situación irregular. Es también, según Amnistía Internacional, el segundo fallo detectado en el proceso. En estos centros de detención “similares a las cárceles” los empleados del INM “deben realizar un expediente del caso de cada una de ellas para decidir si serán deportadas.

Aunque las autoridades deberían entrevistarse durante una hora con los internos, la investigación de la ONG revela que el 68% aseguraron que habían sido entrevistadas. De ellas, un 57% dijo que la conversación había durado “10 minutos”.

Los Estados a donde pretenden devolverlos, Guatemala, El Salvador y Honduras, sufren una violencia en niveles “4 y 8 veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles 'epidémicos' de homicidio”, apuntan desde AI.

Los inseguridad reinante en su ciudad y los asesinatos de varios familiares determinaron la decisión de migrar de Emilia. “Empecé a vivir una vida atemorizada, aterrorizada, porque no había paz. Una inquietud de vida. Las pandillas mataron a mis dos hijos. Me los mataron porque no cooperaban con ellas, porque no iban con ellos”.

“Teníamos que volver”

Así, “aterrorizada”, es como la mujer salvadoreña bajó las escaleras del autobús que aparcó en San Salvador tras ser deportada. “Estaba desesperada. Mis hijos menores estaban en México y yo aquí. Aquella noche no dormí y al día siguiente le dije a mi hijo: vámonos. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar”.

Decidieron dirigirse a Guatemala y atravesar el Río Suchiate, que separa al país centroamericano de México. No fue fácil, asegura, pero consiguió reencontrarse con su familia. Aconsejados por varios activistas, pidieron asilo. “Estuvieron meses viviendo, hacinados, en una habitación situada cerca de la frontera mientras esperaban el resultado de su solicitud”, describen desde Amnistía.

En abril de 2017 se concedió a Emilia y su familia la protección internacional que México había obviado meses atrás. “Me siento muy bien, segura, camino por la calle en confianza. Mis hijos están estudiando y algunos trabajando, antes no podían por miedo a las pandillas”. Si algo agradece ahora la mujer salvadoreña, es la tranquilidad de vivir sin miedo.

“Si tienes protección disfrutas de la libertad. Aquí no hay disparos por todos los lados, pueden venir a casa de clase sin miedo. Hemos pasado momentos horrorosos, pero ahora somos felices porque vivimos en calma”.