Varias ONG recurren el archivo de la causa por maltrato a un inmigrante en la valla de Melilla

Andalucía Acoge, SOS Racismo, Prodein y APDH-A han presentado este viernes su recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Melilla de archivar provisionalmente “por falta de pruebas” la causa abierta contra ocho guardias civiles por los golpes que recibió un inmigrante en octubre de 2014 cuando descendía de la valla fronteriza de Melilla. Las organizaciones consideran que el archivo del proceso ha sido prematuro porque se han olvidado cuestiones esenciales.

El caso es el de Danny, que había logrado cruzar a España, hasta que un grupo de agentes, según se puede observar en estas imágenes, lo golpea y arrastra hasta el otro lado de la frontera durante una operación de devolución inmediata de inmigrantes en la valla. A Danny se le perdió la pista al otro lado, una vez que fue atrapado por la policía marroquí, que ayuda a la Guardia Civil a despejar la zona adyacente a las fronteras. Los ocho guardias civiles fueron imputados por ello.

El archivo fue celebrado por el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que consideró “justa” la decisión del juez. Entre los temas que, según indican las ONG, no han sido tenidas en cuenta por el magistrado se encuentran varias pruebas solicitadas por la acusación que no se han llevado a cabo: informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos o la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador.

“Trato degradante”

Asimismo, en su recurso sostienen que el juez se ha limitado a evaluar si existió un delito de trato inhumano y degradante en el momento en que el joven recibía golpes de un grupo de agentes de la guardia civil cuando descendía de la valla fronteriza, sin sopesar lo que sucedió a continuación. “Olvida los graves hechos que se observan después, cuando, en estado de inconsciencia, (esa persona) es esposada, arrastrada, y trasladada en volandas hasta el vallado sin recibir asistencia sanitaria antes de ser devuelta a suelo marroquí”, exponen.

Para las ONG, las fuerzas de seguridad debían haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata, facilitando su transporte a un centro de salud y en su lugar, proporcionaron al joven “un trato claramente degradante que no aparece en ningún momento reflejado en el auto del juez, quien, además, considera que esta devolución ilegal hace que sea imposible la 'práctica de diligencias esenciales para los fines de la investigación'”.

Las entidades recuerdan que el juez no se ha pronunciado sobre la existencia de un delito de coacciones, así como que, aun en el caso de que las lesiones no fuesen graves, los golpes propinados por los agentes podrían ser constitutivos de un delito leve (una falta, según el anterior Código Penal) de lesiones, por lo que las organizaciones no entienden que el caso se haya archivado directamente.

Por ese motivo, Andalucía Acoge, SOS Racismo, Prodein Melilla y APDH-A, han presentado el recurso con el objetivo de que la investigación pueda reabrirse y seguir adelante porque, como el propio auto indica, las actuaciones realizadas hasta el momento “no implican que hayan desaparecido los indicios de delito” y que éstos “siguen existiendo”.