El juez del caso Alvia imputa a otros dos cargos de Adif y devuelve el tren siniestrado a Renfe
La evaluación de los riesgos de la curva de las vías del tren en el barrio santiagués de Angrois donde el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas centra cada vez más la investigación judicial sobre lo sucedido. El juez instructor de la causa, Andrés Lago Louro, acaba de dictar un auto con fecha de 1 de febrero en el que cita a declarar en calidad de investigados -antigua imputación- a dos cargos más del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa pública estatal cuyo jefe de seguridad en el momento del accidente, Andrés Cortabitarte, era ya hasta el momento el principal imputado. En el mismo auto el instructor resuelve, además, poner a disposición de Renfe el tren siniestrado.
Según indica el auto, la propia imputación de Cortabitarte es uno de los motivos que llevan a Lago Louro a investigar también a estos otros dos cargos, por ser sus subordinados inmediatos. Así, señala, “resulta pertinente y útil recibir declaración” de Fernando Rebón en su calidad de gerente del área de Seguridad en la Circulación de Adif para el Noroeste de España y lo mismo sucede con José Antonio García, jefe de inspección de esta misma gerencia en el momento de los hechos. “Es indudable -argumenta el juez- que su testimonio resulta muy necesario” para, precisamente, poder aclarar “algunos de los defectos” en la “gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea” que “justificaron la imputación del señor Cortabitarte” por homicidios imprudentes y lesiones.
“Es indudable”, que Cortabitarte “tuvo que contar con la colaboración” del gerente y del jefe de inspección, sus subordinados, para desarrollar la actividad vinculada a la línea del accidente. Este es el motivo para imputarlos, toda vez que “no es descartable que buena parte de los reproches que justificaron la imputación” del antiguo jefe de seguridad de Adif “puedan ser extensivos a sus colaboradores”. Tanto Rebón como García ya habían sido imputados por el anterior juez instructor del caso, Luis Aláez, pero la Audiencia Provincial de A Coruña había dejado sin efecto las imputaciones en el año 2013.
Se trata, por lo tanto, de dilucidar hasta qué punto Adif evaluó internamente los riesgos de la curva de A Grandeira, donde sucedió el accidente, toda vez que en el marco del procedimiento ya ha quedado demostrado que no existió evaluación independiente de este punto del trazado. Según ratificaron ante el propio juez varios técnicos de INECO, la empresa pública especializada en esta evaluación de riesgos, la compañía recibió de Adif el encargo de evaluar la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, pero también de terminar su trabajo unos metros antes del lugar del siniestro. En este sentido, el juez pide a ambas empresas que aporten a la causa los contratos “entre ambas entidades” para esta línea “con especificación de los tramos que comprenden”.
En el mismo auto Lago Louro también cita, pero como testigos, al director de Operaciones e Ingeniería y al gerente de Seguridad de Renfe en el momento de los hechos, además de a representantes de empresas que participaron en la construcción y puesta en marcha de la línea. Adicionalmente, admite la declaración de peritos solicitados por Adif y por el abogado del maquinista.
Devolución del tren a Renfe
Esta misma resolución judicial responde a una de las peticiones pendientes de Renfe en el procedimiento, la devolución del tren siniestrado, cuyos restos permanecen almacenados en las instalaciones de una empresa de grúas en A Escravitude (Padrón). La compañía pública solicita disponer del Alvia accidentado para “darle el destino que los técnicos estimen conveniente en función de su estado” y el juez cree que ahora es posible hacerlo, toda vez que “existe constancia fehaciente del estado en que se encontraba el tren en la fecha del accidente” a través de abundantes fotografías y videos, además de por medio de “abundantes” pruebas periciales.
Aunque la representación legal del maquinista reclamaba que el tren continuara bajo custodia hasta que la Agencia Ferroviaria Europea, muy crítica con Fomento, responda a las preguntas sobre el caso formuladas por el juzgado, el juez considera que “cualquiera que sea la contestación” de esta entidad, “en ningún caso sería necesario preservar tales restos”. Además, agrega, dado que ya han transcurrido más de cuatro años desde el descarrilamiento, en los que ha permanecido a la intemperie en esas instalaciones, no sería posible garantizar que el estado de todas sus partes sea en la actualidad exactamente el mismo que en 2013.
