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“¿Alguno de los detenidos por su relación con el Estado Islámico cobra la RGI?”

Javier Maroto durante la campaña de 'Ayudas más justas'.

Eduardo Azumendi

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es un asunto que ocupa y preocupa vivamente al Partido Popular. Hace una semana presentó una propuesta en el Parlamento para endurecer los requisitos de acceso a esta prestación que fue rechaza por el resto de grupos. Ahora, acaba de reclamar a la consejera de Empleo, Beatriz Altolazabal, que aclare si las personas detenidas en Euskadi en los últimos meses por su presunta pertenencia al Estado Islámico o DAESH son perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos.

Se trata de una pregunta de los populares para su respuesta por escrito que alude a las operaciones policiales desarrolladas en San Sebastián el 11 de octubre y el 30 de noviembre, en las que fueron detenidas tres personas a quienes se vincula con la organización.

Elkarrekin Podemos considera “intolerable” esta pregunta y entiende que el PP sigue “criminalizando” a las personas perceptoras de la RGI. “Se trata de una postura”, añade la coalición, “que ”incita al odio y dificulta la convivencia en Euskadi“. Por eso, recahza ”esta nueva muestra de obsesión del Grupo Popular Vasco por vincular a las personas extranjeras perceptoras de prestaciones sociales con la delincuencia“.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche considera “absolutamente irresponsable relacionar a personas de orígenes culturales diversos con el yihadismo o la delincuencia y de la misma forma vincular a esas personas con la percepción de prestaciones sociales”. Según Guanche, “la RGI es una medida de protección social para una convivencia adecuada y para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la garantía de ingresos”.

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