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Los menores tutelados de Álava ofrecían servicios de prostitución por Internet y se investiga a quienes abusaron de ellos

Son al menos cinco jóvenes de entre 14 y 17 años, mujeres y varones, internos el centro Sansoheta para adolescentes con problemas de integración social 

La normativa protege a los menores y castiga a sus 'clientes': hay 14 imputados, un psicólogo que trabajaba en Sansoheta en prisión preventiva y otro monitor apartado

La investigación se centra en decenas de perfiles de redes sociales de personas adultas para descubrir a todos los que pudieron abusar de los menores tutelados

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Un juzgado de Vitoria, con el apoyo de la Ertzaintza como Policía judicial, investiga un grave caso de prostitución de menores tutelados por la Diputación de Álava residentes en el centro de Sansoheta, de régimen semiabierto para adolescentes con graves problemas de conducta e integración social y explotado por una subcontrata. Según fuentes conocedoras de la investigación, las víctimas, mujeres y hombres, tendrían entre 14 y 17 años y presuntamente contactaban con sus 'clientes' a través de redes sociales de Internet a las que accedían desde los equipos informáticos facilitados en Sansoheta. Uno de ellos, psicólogo de un servicio social del Ayuntamiento de Vitoria que ocasionalmente pasaba consulta con estos menores, se halla desde hace varios días en prisión preventiva por corrupción de menores.

Según ha confirmado esta mañana en una comparecencia de urgencia la diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, el caso se destapó el pasado 6 de octubre cuando en un trabajo ordinario de tutoría con los internos uno de ellos reveló "una situación de prostitución". A partir de ahí, se descubrieron otros cinco casos de "prostitución ocasional" y se contactó con sus familias para explicarles la gravedad de los hechos, "tranquilizarlos" y activar medidas "terapéuticas" y psicológicas. Artolazabal ha recalcado que la protección de los jóvenes es la máxima prioridad en estos momentos, extremo al que se ha adherido Save the Children.

La Diputación y el director de Sansoheta acordaron remitir los hechos a la Ertzaintza, que inmediatamente abrió una investigación en coordinación con el juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria. La causa está bajo secreto de sumario y no se descarta que haya más jóvenes abusados.

Según ha podido saber eldiarionorte.es, se ha descubierto que los menores, chicas y chicos con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, ofrecían sus servicios a través de Internet, al que accedían desde Sansoheta. Se están peinando decenas de perfiles en redes sociales para tratar de descubrir a los adultos que abusaron sexualmente de estos adolescentes por esta vía. Los hechos, en todo caso, se producían siempre fuera del recinto público, en espacios privados.

Las fuentes consultadas recalcan que, al margen de que no se pueda hablar de una trama organizada de corrupción de menores, la prostitución con adolescentes nunca tiene jurídicamente el carácter de voluntaria y consentida y siempre será considerada como un abuso sexual. Por ello, el peso de la ley recaerá siempre sobre quienes les pagaron y en ello se centra la investigación. Según el diario 'El Correo', habría catorce personas imputadas hasta el momento.

Uno de ellos es el psicólogo en prisión preventiva. La Diputación ha remarcado que no trabajaba en Sansoheta y que no tenía relación laboral con la Diputación. Sin embargo, este varón, cuya identidad no ha trascendido, sí formaba parte de un programa asistencial financiado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y ocasionalmente trataba también a los menores tutelados por la Diputación. Por su doble condición de 'cliente' y prescriptor de las víctimas, se ha interpretado que abusó de su posición de manera más flagrante y la juez instructora ha decretado su ingreso cautelar en prisión.

Artolazabal ha precisado también que las cinco víctimas han señalado también a un monitor del centro en sus declaraciones. Por ello, esta persona ha sido apartada con carácter inmediato del servicio, según ha trascendido. La diputada ha recalcado que desde 2015 Álava aplica con rigor la nueva normativa estatal que obliga a todo el personal que trabaja en contacto con menores a firmar un compromiso escrito y a acreditar que se carece de antecedentes penales por delitos sexuales.

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