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Servicios sociales en Euskadi, tan cerca y tan lejos

El próximo 26 de diciembre tendrán la condición de derecho subjetivo exigible por ley, pero el Ararteko revela graves deficiencias: falta de financiación, descoordinación y desigualdad entre municipios para acceder a ellos

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Ararteko alerta de que algunos ayuntamientos no ofrecen los servicios sociales que deben garantizar por Ley

El 'ararteko' Manuel Lezertua.

Si usted vive en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, las posibilidades de acceder a una plaza en una residencia pública varían. Lo mismo que a la ayuda a domicilio, la intervención socioeducativa y psicosocial, el apoyo a cuidadores, la atención de día y los diferentes recursos de acogida y residencial. Es decir, que los servicios sociales en Euskadi marchan a tres velocidades, dependiendo del municipio y el territorio en el que se viva. El caso es que el próximo 26 de diciembre los servicios sociales tendrán la condición de derecho subjetivo y, por lo tanto, exigible por ley. Como si se tratara de sanidad, educación o pensiones. El ‘ararteko’ Manuel Lezertua acaba de constatar en el informe  ‘La situación de los servicios sociales municipales en la Comunidad Autónoma de Euskadi’ el incumplimiento del derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales de los ayuntamientos vascos, la falta de financiación, la descoordinación entre instituciones y las desigualdades que se dan entre los municipios a la hora de que sus vecinos accedan a estas prestaciones.

Lezertua ha expresado su "preocupación" por el hecho de que en el acceso a determinados servicios sociales que deben ser prestados por los ayuntamientos se produce una falta de "igualdad" entre unos municipios y otros. Esta situación lleva a que mientras que unos ayuntamientos "cumplen" con su obligación de ofrecer estos recursos sociales a los ciudadanos, en otros "no existen" estas prestaciones y sus responsables ni siquiera conocen que tienen la "obligación" de ponerlas a disposición de las personas que tienen derecho a ello. Las dificultades afectan de forma especial a los municipios pequeños y medianos.

Eas velocidades diferentes se deben en buena parte a que “la arquitectura del sistema no funciona; es una locura". Así lo manifiestan algunos de los especialistas a los que ha recurrido la oficina del Ararteko para elaborar el informe. "Y eso tiene un impacto directo en los derechos de la ciudadanía: dependiendo de dónde vivan, las personas tienen acceso a unos servicios o a otros. Y estamos hablando de la población más desprotegida, que no protesta y que no vota y a la que sólo se puede proteger desde lo institucional y desde lo técnico”.

La situación de los trabajadores de estos servicios también inquieta al Ararteko. “Deben hacer frente a una labor muy exigente, pero la dotación presupuestaria para el personal dedicado a esta tarea no constituye una prioridad para las administraciones públicas”. Según el ‘ararteko’, la financiación de los servicios sociales municipales "se ha cerrado en falso".

Ley que nace coja

“La Ley de Servicios Sociales", señalan las personas entrevistadas por el 'ararteko para su informe, "nace coja porque carece de dotación presupuestaria. El desarrollo de la Ley se ve además desfavorecido por la situación económica actual. Ha sido un desarrollo descafeinado de los principios que avanzaba la Ley”.

El informe del Ararteko plantea la necesidad de "dotar de contenido a los elementos nucleares" de la Ley de Servicios Sociales, en concreto, al derecho subjetivo a los servicios sociales, al modelo comunitario y al principio de continuidad de la atención.

En el apartado de las recomendaciones, reclama un "esfuerzo sostenido en el tiempo" para el despliegue total de un sistema de servicios sociales universal "más allá de 2020" y  solicita el reconocimiento de los políticos de la importancia del trabajo social y su incidencia, no solo en el bienestar individual, sino también "en la cohesión social y en el caudal económico y cultural".

El Defensor del Pueblo propone impulsar el trabajo comunitario y preventivo, así como una reflexión en profundidad sobre el uso de las prestaciones económicas concedidas en sustitución de la provisión directa de servicios.

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