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La oposición exige más dinero para la RGI y el Gobierno garantiza que no se dejará de pagar

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, confía en que la recuperación económica permita ir reduciendo de forma paulatina el número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos

El Gobierno destina el 84% del presupuesto de Vivienda al alquiler, desde la promoción de pisos de protección oficial a la concesión de subisidios

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Toña aboga por hacer una "reflexión conjunta" en sede parlamentaria sobre la RGI para "actualizar el sistema"

El consejero Ángel Toña confía en que la recuperación económica reduzca el número de perceptores de RGI.

461 millones de euros. Esa es la partida establecida en el proyecto de Presupuestos 2016 para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Ayuda de Emergencia Social (AES). Exactamente la misma cantidad que este año y que ya ha quedado demostrado que se queda corta. Sin embargo, al tratarse de un derecho subjetivo exigible por ley el Gobierno no tiene más remedio que abonarla, sacando el dinero de donde haga falta. Eso es lo que ha recalcado el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, en la presentación del proyecto de Presupuestos de su departamento para 2016. "Es cierto que este año la partida se ha quedado corta, pero siempre existen inejuciones de partidas en otros departamentos y se puede rebañar de ahí el dinero".

La oposición insistió al consejero sobre la necesidad de dotar de más dinero la partida de la RGI, pero el consejero insistió en que el Gobierno "no va dejar de pagar". Además, mostró su confianza en que la recuperación económica permita ir reduciendo de manera paulatina el número de perceptores. De momento, ya van cinco meses consecutivos de caída, pero los especialistas aún no se aventuran a asegurar que se deba a la mejora de la situación económica.

Por otro lado, la oposición también cuestionó la voluntad del Ejecutivo de cumplir con la nueva Ley de Vivienda, que garantiza el derecho a un alquiler a las personas que carezcan de techo. Ese cuestionamiento se basa en que solo ha dotado con dos millones de euros la nueva ayuda que se creará para hacer frente a ese derecho. La prestación económica solo entra en juego cuando no hay pisos sociales disponibles. Toña tachó de reduccionista la lectura de que el Gobierno solo destina dos millones a la Ley de Vivienda. "En realidad, son 62 millones los que el Ejecutivo destina a todas las partidas de alquiler, que es la manera de cumplir la Ley. Es decir, el 85% de todo el presupuesto dedicado al área de Vivienda. No solo hay que fijarse en los dos millones de las subvenciones. Se destina dinero para la edificación de pisos de alquiler social, subvenciones, compra de terrenos, apoyo a los porpietarios privados que ceden sus pisos al alquiler público....".

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