Los acusados del cerco al Parlament se niegan a declarar en el juicio
Los 19 acusados de alterar el normal funcionamiento del Parlament de Catalunya el 15 de junio de 2011 se han negado este lunes a declarar en el juicio que ha arrancado en la Audiencia Nacional. Uno a uno han ido desfilando ante el tribunal y se han negado a contestar a sus preguntas y las de las acusaciones, formadas por la Fiscalía, la Generalitat, el Parlament y Manos Limpias. Sus defensas habían presentado con anterioridad varias cuestiones previas que han sido rechazadas por los jueces casi en su totalidad.
En esas cuestiones previas, los abogados han intentado poner de manifiesto lo que consideran incongruencias del procedimiento. El letrado Benet Salellas, por ejemplo, ha pedido la expulsión de Manos Limpias, el sindicato ultra de funcionarios que se ha querellado contra decisiones adoptadas por el Parlament y que ahora participa en el juicio como acusación popular.
Manos Limpias añade a la petición de condena por un delito contra las altas instituciones del Estado y atentado contra la autoridad -que formulan la Fiscalía, la Generalitat y el Parlament-, otro de asociación ilícita. De esta forma, eleva las penas a 8 años y medio para cada acusado. El tribunal ha respondido que no es el momento procesal para expulsar a Manos Limpias y que cualquier petición en este sentido debería haberse realizado a lo largo de la instrucción.
Por su parte, el letrado Gonzalo Boyé ha puesto de manifiesto lo que considera una falta de coherencia del Gobierno catalán, que por una parte promueve un proceso de ruptura con el Estado español y por otra recurre a sus instancias judiciales. La defensa intentó que los 19 acusados –el vigésimo se encuentra en busca y captura- fueran juzgados en Barcelona, lo que apoyó la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el Tribunal Supremo falló finalmente que el Parlament es una de las altas instituciones del Estado a las que refiere el artículo 498 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de prisión impedir a los diputados el acceso a la Cámara mediante el empleo de “fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave”.
Frente a la acusación de asociación ilícita de Manos Limpias, los abogados de la defensa defienden que ni siquiera hay delito, tan solo faltas cometidas individualmente. Por este motivo, defendieron que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar a los 19 acusados. “Es muy triste que aquí se termine enjuiciando faltas”, aseguró Boyé.
Los letrados también han solicitado la nulidad de pruebas testificales, como unos vídeos que han dicho que podían haber sido manipulados, las ruedas de reconocimiento o la obtención de fotografías de los acusados a partir del archivo del DNI. Todas las cuestiones previas han sido rechazadas por el tribunal, a excepción de la petición de una acusada, embarazada de cinco meses, a la que se ha permitido regresar cuando se celebre la última sesión.
El juicio es el primero que celebra la Audiencia Nacional por hechos cometidos por una protesta nacida bajo el paraguas del 15M. Los jueces de instrucción de este tribunal han ido descartando uno a uno los intentos del Gobierno del PP para que se ocupasen de las protestas que tienen como objetivo el Congreso de los Diputados. Pasó con el 25S o con Greenpeace. Esta vez, ha sido el Tribunal Supremo quien resolvió que fuera la Audiencia Nacional la encargada de juzgar a los indignados.
“Lo que se está juzgando aquí es nuestro derecho de protestar ante los que son nuestros representantes, a decirles cómo nos sentimos por decisiones suyas como los recortes”, ha afirmado a los medios de comunicación Antonio Dolz, uno de los acusados. Dolz ha lamentado la “celeridad” con la que se ha desarrollado el proceso frente a la “lentitud” de los procedimientos contra los políticos por “abuso de poder y corrupción”.
El escrito de acusación de la Fiscalía describe cómo un millar de personas se manifestaron contra los recortes, coincidiendo con el Pleno en el que el Parlament iba a aprobar los presupuestos de 15 de junio de 2011. La sesión comenzó con 11 minutos de retraso y debió interrumpirse otra media hora para esperar a los parlamentarios que habían tenido dificultades para acceder a la cámara.
Los hechos descritos por las acusaciones fueron grabados por los medios de comunicación e incorporados a la causa: insultos, empujones, escupitajos… Los parlamentarios lograron acceder finalmente al edificio “gracias a la acción policial”, que incluso recurrió a un helicóptero para trasladarlos, según recuerda la fiscal, Teresa Sandoval. Está previsto que en el juicio declaren varios parlamentarios así como el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Todos ellos lo harán por videoconferencia, lo que ha provocado la queja de la fiscal Sandoval.
