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"Nos preocupa ver expedientes judiciales circulando por ahí, Catalá sabe que LexNET no funciona"

Fiscales, abogados y funcionarios de la administración de Justicia critican que ocultase las descargas producidas durante la crisis de LexNET

El abogado que advirtió de la brecha de seguridad insiste en que el Gobierno tiene que desprenderse del control de la plataforma

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia pide la renuncia del ministro: "Ha ocultado información, es gravísimo"

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Catalá, durante una comparecencia en el Congreso. EFE

Rafael Catalá supo desde el primer momento que la brecha de seguridad de LexNET permitió la descarga de miles de documentos judiciales. Sin embargo, el ministro de Justicia decidió no ofrecer esta información en su comparecencia en el Congreso, y solo la trasladó en una reunión con algunos colectivos judiciales.

La información  publicada por eldiario.es ha provocado indignación en el mundo judicial, que ve con sorpresa cómo el ministro decidió ocultar datos tan relevantes sobre el fallo informático del pasado 27 de julio, y que permitió la descarga de documentos con todo tipo de datos personales: médicos, financieros, de menores... En total, 432 expedientes sensibles.

La Unión Progresista de Fiscales asiste "con perplejidad" a cada nueva noticia sobre los problemas de LexNET. "El ministerio sabe que no sirve como sistema de trabajo y que además tiene graves problemas de seguridad. Nos preocupa como ciudadanos y como fiscales que circulen por ahí expedientes judiciales que son secretos", asegura. Emilio Fernández, portavoz de esta asociación.

"El hecho es muy grave y nos llama la atención que el ministro no lo admitiese y que no hiciese referencia a esto en su comparecencia en el Congreso, da una idea del papel que le otorga al órgano legislativo, que por cierto ya lo reprobó", recuerda.

Fernández se muestra también preocupado por que "documentos de procedimientos judiciales circulen por ahí a gusto de gente que ni siquiera son piratas informáticos". "Nosotros hemos pedido al Fiscal General [José Manuel Maza] que traslade al ministro que  LexNET no funciona y la vuelta a la Justicia de papel", añade.

Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados, se muestra prudente, porque aún no hay un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de las descargas. Eso sí, incide en que se trata de un nuevo fallo de un sistema que viene dando problemas desde que se puso en marcha.

"Resulta paradigmático que el Consejo General del Poder Judicial firme un convenio con la Agencia Española de Protección de datos con el fin de que se respeten los datos personales en los juzgados y tribunales, y que sea el ministro de Justicia el que no haya dotado de suficiente seguridad el sistema informático", comenta.

"Difícilmente puede otorgarse la tutela judicial de los ciudadanos con un sistema facilitado por el ejecutivo que supone un coladero para sus propios derechos", señala, y apunta a que el origen hay que buscarlo en la escasa financiación.

Ana Fernández forma parte de la Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Reconoce que no su agrupación no ha sido informada. "No tenemos constancia de que se hayan producido esas descargas y nadie nos lo ha comunicado. Si fuese así, sería como si una persona entrase en un juzgado y se llevase fotocopias de 400 expedientes elegidos al azar".

"Sería una vulneración del derecho a la intimidad de las personas si quienes las descargan no son parte de ese pleito", comenta. En caso de que los abogados hayan descargado documentación sobre causas en las que están personados, no habría indefensión, dice, "porque antes o después va a conocer esa prueba".

"Es como tirar expedientes de la seguridad social o historias clínicas a la basura. Es mucho más eso, el problema de proteger la falta de protección de la intimidad, que que alguien pueda obtener ventajas en un pleito por acceder a esta información, cosa que no parece".

El Gobierno debe dejar de controlar LexNET

José Muelas fue uno de los primeros abogados en advirtir el fallo de seguridad de LexNET el pasado 27 de noviembre. "Es incomprensible, solamente una conveniencia política puede justificar eso", dice en referencia a que el ministro optase por no revelar que se habían producido descargas.

Muelas recuerda que para acceder al buzón de otro abogado había que conocer su numeración en LexNET, lo que dejaba dos posibilidades: probar números al azar o ir "a tiro hecho" porque cuentas con esa información. Si se dio este último caso, alguien accedió a los buzones "desde dentro" del Ministerio, o con información filtrada.

Para Muelas, esto apoya más la reivindicación de que el Gobierno se desprenda de la gestión de la plataforma. "Hay que colocar LexNET fuera de manos del Ejecutivo, entregarla al Poder Judicial", y añade que este episodio ha demostrado que no hay fiabilidad en los datos que ofrece Catalá, por lo que reclama una auditoría externa.

Además, señala al Consejo General de la Abogacía, que conoció las descargas pero no informó a los decanos de los colegios -Muelas es el decano del colegio de Cartagena-. "Es muy grave que abogacía no haya compartido esta información", añade.

Datos médicos, fiscales y de menores

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) han pedido ya la dimisión del ministro. Su portavoz, Abigail Fernández, considera "gravísimo" que Catalá ocultase la información de las descargas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y cree que esa omisión debe tener consecuencias. Hasta ahora "nadie ha asumido responsabilidades en primero persona, nadie ha dado la cara".

Destaca la gravedad de que Catalá reconociese en privado una información que "no expuso en el Congreso", y que se publica en los medios sin que el Ministerio haya decidido "sacarla a la luz". Sobre las descargas, alerta de que puede haber información de todo tipo: "se ha tenido acceso a muchísimas resoluciones judiciales, muchísimos datos reservados, datos médicos, personales…información de todo tipo".

Señala, en concreto que entre esa información puede haber resoluciones de juzgados de menores, con información extremadamente sensible. También hay documentación fiscal y económica de particulares y empresas, unos datos que los funcionarios de la administración de justicia tienen obligación de salvaguardar. El Ministerio no lo ha hecho, y la respuesta es "demandar a quien lo denuncia, no exponer las consecuencias".

La portavoz de SISEJ no descarta que el fallo afecte a procedimientos judiciales cuando un tercero haya accedido a una causa en la que no está personas. Pone como ejemplo que las resoluciones tienen un plazo para recurrirse, y que con las intrusiones y descargas "esto se podría distorsionar". "Catalá ha ocultado información al Congreso que luego ha trasladado en un ambiente privado. Es gravísimo", zanja.

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