Un retraso de 13 años en la firma de un tratado complica las investigaciones judiciales con Suiza
La justicia española trabaja con el freno de mano puesto en lo que respecta a la cooperación con un país tan importante como Suiza para profundizar en la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de dinero y los depósitos millonarios en el país helvético. Todo por la falta de una firma en un acuerdo que Moncloa tiene guardado en el cajón desde 2001 y que permitiría mejorar la capacidad de reacción ante los delitos transfronterizos.
Suiza está dispuesta a abrirse a la cooperación judicial. Mientras, en el Gobierno de Rajoy, el Ministerio de Justicia y el de Exteriores se echan la culpa mutuamente sin aclarar para cuándo está prevista la rúbrica, en un momento en el que Suiza tiene tanta importancia para investigaciones como las de Gürtel o de Bárcenas. El actual Ejecutivo no es el único responsable: Aznar no firmó el acuerdo y tampoco lo hizo Zapatero.
El texto que España no ha firmado responde al nombre de Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal. Se trata de una evolución, aprobada en Estrasburgo en 2001, sobre un texto de 1959. Este segundo protocolo introduce como principales novedades la ampliación de los supuestos de comunicación directa entre las autoridades judiciales de los países firmantes. Además flexibiliza y hace más sencilla la tramitación de comisiones rogatorias. Otra de las posibilidades que ofrece es la realización de interrogatorios por videoconferencia con nacionales de los países adheridos al pacto.
El texto hace más sencillas las órdenes de entrada y registro, al recoger de manera expresa la posibilidad de cursar peticiones de auxilio judicial que tengan por objeto la adopción de medidas cautelares encaminadas a asegurar que no se destruyan pruebas.
No haber firmado ese texto está teniendo consecuencias para las investigaciones judiciales españolas y la justicia suiza está empezando a perder la paciencia. El 10 de abril, el fiscal federal suizo Brent Holtkamp negó a la Audiencia Nacional una serie de interrogatorios para esclarecer la causa que se sigue contra el narcotraficante Marcial Dorado. En su escrito de respuesta, la Fiscalía Federal suiza recrimina a nuestro país su falta de diligencia con las siguientes palabras: “Siento comunicarle que España no ha ratificado el segundo protocolo adicional del convenio europeo de asistencia judicial (...) que entró en vigor para Suiza el 1 de febrero de 2005” por lo que “falta base legal para proceder con validez a tomar declaración a los testigos y peritos por videoconferencia”.
En esa carta, el fiscal Holtkamp advierte a la Audiencia Nacional de que como mucho podrá comunicar a los testigos propuestos para ese caso que se les reclama para declarar en nuestro país, pero sin acompañar esa comunicación de “medida coercitiva” alguna. Dicho de otro modo: cualquier ciudadano suizo puede a día de hoy negarse a declarar como testigo ante un tribunal español.
Al igual que en España, en Suiza no siempre coincide lo que propone su sistema judicial y lo que acaban pactando los políticos a través de la diplomacia. Tal y como avanzó eldiario.es el pasado mes de octubre, el jefe de la diplomacia suiza ofreció a Margallo otro acuerdo muy distinto y que buscaba mantener la opacidad de los defraudadores, a cambio de dinero para nuestro país. El Gobierno de Rajoy nunca informó del contenido de aquella reunión sobre este punto.
Fuentes del Gobierno consultadas por eldiario.es no alcanzan a dar respuesta alguna sobre la dilación en la firma del acuerdo y tampoco aclaran si hay plazo previsto para su rúbrica. Un portavoz del Ministerio de Justicia señala que “las firmas de convenios internacionales recaen en Exteriores”, como si la responsabilidad fuese del gabinete de Margallo, y no del de Gallardón. Es cierto que la gestión de un acuerdo trasnacional corresponde a Exteriores, pero lo es también que el Gobierno es un órgano colegiado que se reúne cada viernes y en el que todos los miembros pueden opinar sobre los asuntos que son competencia de otros ministerios y cuyo ámbito también les es cercano.
El Consejo General del Poder Judicial expresó en 2010 su sorpresa por la actitud de España. En la documentación distribuida por el CGPJ a los alumnos de un curso sobre cooperación judicial organizado por su escuela judicial, se lee textualmente: “Es de destacar que algunos estados representativos (España, Italia o Austria) ni siquiera lo han suscrito”. Ese curso organizado por el CGPJ basaba sus enseñanzas en las ventajas de la cooperación internacional en materia judicial “para reaccionar frente a la delincuencia transfronteriza”.
