El Parlamento catalán recurre al TC la reforma local por socavar la autonomía municipal

El recurso del Parlamento catalán se sustenta en el dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias en el que por unanimidad se apunta que 24 preceptos relacionados con el articulo primero de la norma --que modifica aspectos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local-- vulneran competencias de la Generalitat y “no encuentran amparo” en la Constitución.

Los magistrados sostienen que la reforma limita “significativamente” la lista de materias que son competencia exclusiva de los municipios, y no deja margen a la Generalitat para que pueda ampliar estas competencias en función de las peculiaridades de cada ayuntamiento.

Así, la mayoría de preceptos que vulneran las competencias de la Generalitat en autonomía local previstas en el Estatut lo hacen porque el Estado sobrepasa su capacidad para fijar un mínimo común denominador sobre las competencias municipales e impide que el Ejecutivo catalán pueda ampliarlas.

El diputado de CiU y alcalde de La Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, ha sostenido que la reforma es “mala para Cataluña, muy mala para los ayuntamientos y nefasta para los ciudadanos”, y ha celebrado que el Parlament se sume a la ofensiva institucional de Gobierno catalán y ayuntamientos catalanes contra la Ley.

El diputado de ERC Marc Sanglas ha considerado que la reforma local es “un eslabón más en la cadena que impulsa el Estado en su proceso de recentralizarlo todo”, y ha acusado al Gobierno que preside Mariano Rajoy de querer devolver a los ayuntamientos a un modelo propio del siglo pasado.

Desde el PSC, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, ha censurado que “bajo un criterio de aparente eficiencia económica” la ley debilite a los ayuntamientos y su capacidad para prestar servicios sociales, además de condicionar cómo debe desempeñar la Generalitat competencias que le son exclusivas.

El diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch ha advertido de que quien se oponga al recurso del Parlament “está priorizando el centralismo y la sumisión al Estado a la defensa del Estatut y la autonomía local”, y ha reclamado que la futura ley de gobiernos locales que debe aprobar el Parlamento catalán no sea similar a la norma impulsada por el Gobierno central.

Quim Arrufat (CUP) ha asegurado que hay que salir de la crisis “poniendo las instituciones al servicio de la gente” y reforzando la participación ciudadana, dos objetivos que se contraponen al espíritu de la reforma local, que ve supeditada a los intereses de los mercados.

Desde C's, su portavoz, Carina Mejías, ha explicado que, pese a las dudas que ha generado la ley, no se sumarán “al 'no' a todo”, y ha defendido la necesidad de fijar límites para evitar la duplicidad de organismos y regular las retribuciones de alcaldes para evitar que algunos puedan cobrar más que el presidente del Gobierno central.

La diputada del PP Alicia Alegret ha reprochado al resto de grupos que critiquen la reforma pero no propongan alternativas, y ha defendido que la ley permitirá un ahorro de 8.000 millones de euros hasta 2019 e impedirá que los ayuntamientos que no tengan las arces saneadas presten servicios que no pueden financiar.

RETRIBUCIONES DE LOS ALCALDES

El órgano consultivo de la Generalitat ve inconstitucional también que la ley determine los sueldos que alcaldes basándose en el tamaño de los municipios, ya que considera que la propuesta del Gobierno central no deja “margen suficiente para que las autonomías puedan adaptarlo a las particularidades de determinados municipios”.

El Consejo considera que la escala de retribuciones prevista impide a la Generalitat tener en cuenta aspectos como los servicios a prestar por los ayuntamientos o la complejidad organizativa de los municipios de gran población “para desarrollar sus propias políticas de contención del gasto”.

El dictamen cuestiona también que se reduzca la capacidad de la Generalitat para incidir en la creación y fusión de municipios, y pone en entredicho que se otorguen a las diputaciones provinciales capacidad para impulsar servicios municipales siempre que considere que puede abaratar el coste efectivo de los mismos.