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Tsipras renueva la prohibición de los desahucios de primera vivienda en Grecia

Los desalojos ya estaban prohibidos, para casas por un valor de hasta 200.000 euros, por una ley de 2008 que no se renovó por primera vez en diciembre y se hacía cada año

Syriza incluía en su programa electoral aumentar ese valor a 300.000 euros e impedir que los bancos vendieran esas hipotecas a terceros 

En la presentación de su programa de Gobierno en el Parlamento, el primer ministro ha anunciado un plan dividido en dos fases: la primera y más urgente está centrada en combatir la pobreza que azota a la población

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Tsipras presenta hoy en el Parlamento su programa de Gobierno

Tsipras presenta hoy en el Parlamento su programa de Gobierno. / Efe

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado su programa de Gobierno en el Parlamento. Entre las medidas anunciadas, las más inmediatas –en marcha a partir del miércoles– están dirigidas a paliar la situación de pobreza de la población e incluirán ayuda alimentaria, electricidad gratuita y pleno acceso a la sanidad de los más castigados por la crisis.

Tsipras también ha entrado en otro problema grave: los desahucios. Ha anunciado la prohibición de los desalojos de primera vivienda. Estos desahucios ya estaban prohibidos en Grecia, para casas por un valor de hasta 200.000 euros, por una ley de 2008 que se renovaba cada año. En varias ocasiones, la troika presionó al Gobierno de Nueva Democracia para que la cancelara, pero sin éxito.

Sin embargo, la ley no fue renovada en diciembre, y las personas con problemas para abonar la hipoteca corrían el riesgo de ser expulsadas de sus hogares. El Gobierno anterior afirmó que esas personas podían acogerse a otra ley de 2010 que les da el derecho a renegociar la hipoteca para extender el periodo de pago y reducir el pago a una cantidad proporcional a sus ingresos. Más de 100.000 hogares se acogieron a esa posibilidad.

Syriza ya había prometido en la campaña renovar la ley que impide los desahucios en viviendas, aumentando el valor máximo hasta 300.000 euros, y además impedir que los bancos vendan esas hipotecas a terceros.

En este paquete de medidas sociales, Tsipras ha anunciado la recontratación de los empleados públicos que fueron despedidos injustamente, una subida progresiva del salario mínimo hasta los 750 euros, una paga de Navidad para los jubilados que cobren menos de 700 euros de pensión y el acceso universal a la educación, a través de una mejora del sistema y del nivel educativo.

"Sin reformas del Estado no conseguiríamos nada, ni con el mejor acuerdo para la deuda", ha subrayado al comienzo de una larga enumeración de los planes que acometerá el Gobierno, entre los que recalcó como máxima prioridad la lucha contra el clientelismo y la corrupción. 

Reforma en las administraciones

Solo dos semanas después de alzarse con la victoria en las elecciones, Syriza apuesta por un plan de reforma de las administraciones públicas y proyecta importantes reducciones del gasto en seguridad, aviones o coches a disposición de los cargos públicos. "Vamos a hacer la reforma institucional más importante con una primera fase que durará los próximos seis meses", ha asegurado.

"Dentro de seis meses habremos concluido la primera parte de estas reformas... Recortaremos los privilegios de los ministros y de los diputados, reduciremos los ejércitos de consejeros, eliminaremos la mitad de los coches de los ministerios y los venderemos junto con uno de los tres aviones del Gobierno", ha dicho.

Asimismo, pedirá a la presidenta del Parlamento eliminar el privilegio de los diputados de disponer de coche. Asimismo, el Gobierno reducirá en un 30% el personal de la sede del Gobierno; y en un 40%, las escoltas del primer ministro. "Y esto no es solo simbólico, es porque es necesario que los policías estén en los barrios para la seguridad de los ciudadanos", recalcó.

Todas estas medidas forman parte de un plan dividido en dos fases. La primera, centrada en combatir la crisis humana, uno de los pilares del denominado programa de Salónica. Según lo calculado por el Gobierno, este plan costaría unos 2.000 millones de euros y sería financiado mediante una mejor lucha contra la evasión fiscal.

Según los números del partido izquierdista Syriza, el Estado griego pierde anualmente 12.000 millones de euros por el contrabando, la evasión fiscal y las deudas a Hacienda. El programa de Salónica define como objetivo recobrar anualmente 4.000 millones de ese total.

"Pedimos un crédito puente"

En lo relativo a la deuda, Tsipras ha presentado un plan escalonado de medidas que espera sirvan para que los socios europeos concedan a Grecia un crédito puente hasta la firma de un acuerdo de reformas definitivo." El nuevo Gobierno no tiene derecho a pedir la prórroga de este programa (una extensión del rescate), solo pide un crédito puente hasta concluir las negociaciones para elaborar conjuntamente un programa de crecimiento".

"Muchos me preguntan si eso es posible dentro de quince días. Les contestamos que sí, pues ya habrá temas como el de la deuda que puedan negociarse después", ha apuntado. En este sentido, Tsipras ha reafirmado que la intención de su Gobierno es lograr un nuevo contrato entre Grecia y la Unión Europea que "respetará las reglas de la eurozona, pero no incluirá superávits irrealizables que son el otro rostro de la austeridad".

El primer ministro ha dejado claro que Grecia quiere pagar su deuda y aseguró que, si los socios quieren lo mismo, deben "negociar con nosotros los medios técnicos para hacerlo". "Si nos ponemos de acuerdo en que la austeridad fue desastrosa, la solución se alcanzará por medio de negociaciones", ha zanjado Tsipras antes de recordar que la deuda ha "sobrepasado el 180%" del producto interior bruto.

Ha asegurado que el Gobierno quiere respetar sus obligaciones hacia el Tratado de Estabilidad, pero añadió que "la austeridad no forma parte de ese tratado". "Queremos dejar claro a todos que no negociamos nuestra soberanía nacional, no negociamos el mandato del pueblo", recalcó.

"No perdonaremos a nadie ni nada del pasado"

En una segunda fase del plan de Syriza, cuyo desarrollo está previsto a lo largo del resto de la legislatura, se crearían las condiciones para la aplicación del nuevo contrato social que ha planteado Tsipras. En la lucha contra la evasión fiscal, el primer ministro ha afirmado que se procederá inmediatamente al control de los grandes depósitos que no tienen justificantes fiscales.

Además, ha señalado que se eliminarán las leyes que amnistiaban de antemano a los funcionarios que trabajan para el Banco de Grecia y la entidad encargada de las privatizaciones TAIPED. "No perdonaremos a nadie y nada del pasado", ha dicho. También ha anunciado que se iniciará, además, una investigación parlamentaria para depurar responsabilidades sobre la situación en la que se encuentra Grecia.

Tsipras ha hablado de una amplia reforma fiscal a medio plazo, cuya filosofía será que cada ciudadano y cada empresa contribuya a los ingresos del Estado de acuerdo a sus capacidades y que acabe con una situación que permitía que las personas con los mayores ingresos pudieran librarse de pagar impuestos.

"Nos comprometemos a crear un sistema simple que trasladará el peso de imposición a los ingresos más altos", ha señalado. También ha indicado que se restablecerá la base impositiva exenta en 12.000 euros anuales y se eliminará el polémico impuesto inmobiliario sobre la primera vivienda, que será sustituido por uno sobre las grandes propiedades.

No habrá privatizaciones

En el discurso que ha dado comienzo al debate parlamentario de tres días, que concluirá el martes con el voto de confianza del nuevo Ejecutivo, Tsipras ha admitido que quiere atraer la inversión privada, pero que no privatizará las redes y la infraestructura del país que "son nuestro capital nacional, la riqueza natural y mineral". "Quiero dejar claro que apoyaremos todas las inversiones que contribuyan a la creación de puestos de trabajo".

El líder izquierdista ha reiterado, no obstante, que toda propuesta de explotar riqueza pública deberá ir acompañada necesariamente de un plan de inversiones que garantice el interés publico. Así, el Gobierno desarrollará un programa fuerte de inversiones públicas que, al igual que piden franceses e italianos, no deberá incluirse en el cálculo del déficit.

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