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El juez Andreu abre la Audiencia Nacional a las víctimas del franquismo

El magistrado Fernando Andreu atiende la petición de la jueza argentina María Servini para interrogar, en el marco de la Querella Argentina, a dos víctimas de la represión golpista

La Audiencia Nacional acogerá por vez primera declaraciones judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas franquistas y escenifica su colaboración en un proceso de justicia universal, cuya reforma el propio juez tachó de "chapuza"

Se trata, indican los querellantes, de un "momento histórico" que ofrece "alguna esperanza futura" para que España juzgue su dictadura

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El juez Andreu tacha de chapuza la reforma de la justicia universal y apela a la UE

El juez Andreu abre la Audiencia Nacional a víctimas de crímenes franquistas.

Es un "momento histórico". Por primera vez y en el marco de la querella argentina, las voces de las víctimas del franquismo podrán escucharse en la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu, la magistrada María Servini de Cubría y el Fiscal General argentino Ramiro González tomarán testimonio este jueves a dos mujeres represaliadas por las fuerzas golpistas de Franco. Se trata de una comparecencia inédita ante la justicia de ambos países que escenifica la colaboración de la Audiencia Nacional en un proceso de justicia universal, cuya reforma –impulsada por el Gobierno del PP– el propio Andreu tachó de "chapuza".

Teresa Álvarez y Faustina Romeral, nonagenarias, están citadas a las 10 de la mañana en el Juzgado Central de Instrucción Número 4. Lo hacen como víctimas del régimen franquista. El responsable del citado tribunal, a pedido de Servini, ha acordado la toma de declaración conjunta. Además, el juez Andreu ha gestionado la visita de la delegación argentina al Archivo Histórico Nacional y a la Dirección General de Seguridad (DGS), centro de detención y tortura durante la dictadura y sede en la actualidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Es una gran noticia, un momento histórico"

Desde Buenos Aires, Servini de Cubría remitió comisiones rogatorias al Ministerio de Justicia amparada en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina. Como la que solicitaba el interrogatorio, que llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla la pasada semana y tocó por reparto al magistrado. De ahí, rescató la petición para elevarla a una instancia superior como es la Audiencia Nacional, donde Andreu, Servini y el representante del Ministerio Público argentino podrán oír y preguntar a las dos víctimas de la dictadura.

También podrán hacerlo los abogados de la Querella Argentina, Ana Messuti y Máximo Castex. "Es un paso muy importante y puede servir como puntapié para tener alguna esperanza futura de que se comience a juzgar al franquismo aquí en España", dice Castex. "A ver cómo se dan los hechos y las declaraciones de las víctimas, pero es una gran noticia, un momento histórico, no hay precedente de una actuación de este tipo que está en el marco de las relaciones bilaterales", asegura.

La jueza Servini se encuentra desde el pasado 18 de mayo en España para acopiar información y testimonios de víctimas que, debido a su avanzada edad, no pueden desplazarse a Argentina. La magistrada ha pasado por el País Vasco y Andalucía antes de llegar a Madrid. En su periplo, ha encontrado colaboración en los juzgados territoriales de Gernika (Vizcaya) y Sevilla, además de en los municipios sevillanos de Carmona y Marchena. Pero también negativas, como en Miranda de Ebro (Burgos) y Málaga, donde el Juzgado Número 9 impidió la "inspección ocular" a la mayor fosa del franquismo, localizada en el cementerio de San Rafael.

"Si no creyera en la justicia universal no estaría acá", manifestó en suelo español la responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires, que sigue la Causa 4591/10 por violaciones de derechos humanos cometidas en España entre 1936 y 1977. En el mismo proceso, y en representación del Ministerio Público argentino, se incorporó hace apenas un mes el fiscal Ramiro González, que según los querellantes, ha dado un "impulso" a la causa y participa también en la toma de testimonios en la Audiencia Nacional.

Las historias que se oirán en la Audiencia Nacional

Teresa Álvarez Alonso, 93 años. Denunciante en la Querella Argentina. Cuatro miembros de su familia fueron represaliados desde octubre de 1937, fecha en que Asturias, donde residían, cayó en manos franquistas. A su abuelo paterno, Evaristo Álvarez Iglesias, lo detuvieron al finalizar la Guerra Civil. Tenía 76 años. Lo acusaron de pertenencia al Comité de Guerra de Trubia y, sometido a juicio en Gijón, fue condenado a 30 años y un día de prisión. Murió confinado en la Isla de San Simón (Galicia). El padre de Teresa, Francisco Álvarez Miranda, estuvo preso "poco tiempo" en un batallón de trabajadores. "Los falangistas –cuenta la familia– lo dejaron sordo metiéndole una varilla de un paraguas por el oído".

Sancho era hermano de Teresa. Continúa desaparecido desde que cayó en manos rebeldes. Una hermana fue a llevarle la cena y lo vio en un camión. Lo trasladaban al centro de detención de Grado, avisó Sancho. Cuando fueron a verlo "para llevarle una manta", otro preso dijo a la familia: "A sancho lo sacaron a pasear". Con ese eufemismo se daba a entender que lo habían sacado de madrugada, para ejecutarlo a tiros. No lo verían más.

José Álvarez era otro de los hermanos. Pasó por varios centros de detención antes de acabar en un batallón de trabajo forzado en Barcelona. Marchó a Argentina, al exilio, una vez cumplió su condena. Allí vivió el resto de su vida.

Faustina Romeral Cervantes, 90 años. Tenía 15 años cuando fue detenida por los franquistas. Iba junto a sus padres. Todos fueron represaliados. Matan a su padre y su madre es ingresada en prisión. Faustina es liberada. Pero queda sola y despojada incluso de su casa. Faustina sufriría reclusión penal años después, entre 1947 y 1953.

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