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La cesión a empresas de la gestión sanitaria abre las puertas al aseguramiento privado pagado con dinero público

Un estudio legal entiende que el modelo de concesión de Madrid descapitaliza los hospitales públicos para garantizar la rentabilidad de los centros cedidos a empresas

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Un informe jurídico concluye que el modelo de privatización de hospitales escogido por la Comunidad de Madrid para seis de sus centros es en realidad un camino para que el Gobierno regional pague un seguro sanitario privado que cubra mediante el pago de una prima la asistencia. “Cabría incluso el supuesto hipotético de que el hospital concesionado no prestara servicio alguno porque ningún paciente lo eligiera y esto no supondría que el concesionario incumpliera sus obligaciones”, cuenta el documento del bufete López Rodó y Cruz Ferrer, encargado por la asociación de facultativos AFEM (los mismos letrados que redactaron el informe de inconstitucionalidad usado y presentado por el PSOE contra los planes del Gobierno de Ignacio González).

El análisis de los pliegos publicados por la Consejería de Sanidad abunda, además, en que el sistema ideado por la Administración para liquidar los pagos entre la Comunidad de Madrid y las contratas que dirijan los hospitales supone alimentar las cuentas de las empresas a base de “ descapitalizar los hospitales que aún son gestionados públicamente”. A grandes rasgos, lo que explican en el informe es que el Servicio Madrileños de Salud (SERMAS) abonará mensualmente hasta el 95% del precio por cápita acordado con las empresas. Además, los hospitales 100% públicos deberán asistir a los pacientes que acudan a esos centros aunque sean la población asignada por los contratos a los centros privatizados. Madrid calcula esos servicios en unos 280 millones de euros al año. La teoría dice que “anualmente” se hará una liquidación y las concesionarias deberán devolver el dinero de los pacientes que se derivaran a otros centros (o acudieran a ellos en virtud de la libre elección de especialista que rige e la región).

“La cuestión clave es que los grandes hospitales públicos no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y por tanto facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten” dicen los profesionales. El SERMAS pagará “por servicios que no se prestarán sino que harán otros hospitales que al no poder acreditar cada servicio mediante las correspondientes facturas intercentros no lo cobrarán y el dinero se lo quedarán las empresas”, concluyen.

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