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La sanidad pública protesta a la desesperada contra un modelo que se extiende

Nueva huelga general sanitaria en Madrid ante las medidas privatizadoras del Gobierno regional

Otros gobiernos autonómicos calcan la cesión a empresas privadas, los recortes de plantillas y la supresión de servicios

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Las concesionarias de los 6 hospitales madrileños deberán garantizar los 5.200 empleos

La marea blanca, impotente ante los recortes (EFE)

La sanidad se desangra. Madrid inicia hoy una nueva huelga general sanitaria contra la privatización del sistema público. Los planes del Gobierno regional de Ignacio González (PP) para ceder a empresas la gestión de seis hospitales, centros de salud y del servicio radiológico central. A esto se suma la perspectiva de deshacerse de 1.200 médicos especialistas y paralizar la actividad extraordinaria quirúrgica en los centros. 

Pero si en esta región se está poniendo el foco, en otras partes de España se están viviendo procesos similares y con medidas que, una vez miradas, parecen calcos unas de otras. De hecho, este curso, la sanidad arrancó con 6.000 millones de euros menos por autonomías. El Plan de Reformas del Gobierno de Mariano Rajoy recientemente enviado Bruselas prevé otros 3.000 millones de recortes.

En Cataluña, desde 2011, se está dando bocados al presupuesto sanitario a razón de un 10% anual. Esto llevó a inhabilitarse por momentos 1.000 puestos de cirugía de los 4.000 con los que cuenta el sistema. El propio consejero de Sanidad Boi Ruiz dijo que "si el 24% de los que están en mutuas pasaran al servicio público, éste no lo podría asumir", es decir, la sanidad catalana no está capacitada para atender a su población. Así, hospitales como el San Pau ofrece a los pacientes que paguen para saltarse la lista de espera. También se alquilan habitaciones a razón de 40 o 70 euros para los familiares. Incluso centros como los de Vic, Campdevanol, Blanes, L'Esperança, S. Pere de Ribes y S. Celoni alquilan sillas reclinables para acompañantes a 5 euros.

En Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP) se apuntó a la estela privatizadora de hospitales y anunció que cambiaría el modelo de cuatro centros para que fueran cedidos a contratas (aún se esperan los pliegos). Luego "reorganizó" las urgencias rurales y decretó que por la noche no se abrieran 21 Puntos de Atención Continuada (PAC). El Tribunal Superior de Justicia le paralizó la medida así que el gobierno popular decidió derogarla para trazar un plan que incluyese a los 919 PAC de la autonomía. Los servicios afectados atraviesan toda la panoplia asistencial. El mismo transporte urgente funciona en 2013 con una caída de 19 millones y decenas de ambulancias.

La atención rural también fue uno de los flancos por donde el presidente extremeño, Juan Antonio Monago metió la tijera. Y también fueron 21 PAC los "reorganizados" en 2012 para no dar servicio. Hace un mes, Monago calificó estos puntos como "accesorios" para distinguirlos del plan frustrado de Cospedal. Extramadura ha aprovechado la coyuntura para imitar algunos pasos dados anteriormente en otras comunidades autónomas. La construcción de los hospitales de Cáceres y Don Benito se ha visto dilatada y con polémica con la constructora: la Junta ha rechazado revisar el contrato de la Unión de Empresas que debería levantar el centro cacereño y que reclama un extra de 9 millones. En esa tesitura, y al mismo tiempo, la Consejería de Sandidad ya ha anunciado que "estudia" transformar el proyecto de los hospitales y dar entrada a las famosas colaboraciones "público-privadas". Como en Madrid, se prepara un modelo "que excluye" lo sanitario. Así nacieron los seis hospitales en la Comunidad de Madrid que este año pasaran de forma total a ser gestionados por empresas.

Hay medidas que se copian. Por ejemplo, la idea centralizar los laboratorios clínicos y unirlos a la iniciativa privada. Una vez más, Madrid puede servir de mascarón de proa ya que creo un sistema que subcontrató a un consorcio entre las empresas Ribera Salud y Balgué. Luego, esa unión vendió el contrato a otra, Unilabs de la que era consejero el ex dirigente sanitario de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, quien, al conocerse la noticia, dimitió de su cargo en el consejo de administración. Proyectos parecido son manejados en Andalucía donde el capital privado prepará el centro común sevillano para el personal público. También Aragón planifica un movimiento similar. En la capital aragonesa viven desde hace meses un conflicto ente los vecinos y la administración. Allí, los pacientes aseguran que la actividad de los centros cae. Por ejemplo, en un centros de especialidades zaragozano, el de Grande Covián, "estamos padeciendo recortes en las consultas, las demoras de citas cada vez son mayores y los traslados de pacientes al Hospital de Nuestra Señora de Gracia van en aumento", denuncian los vecinos. El Gobierno lo niega.

"El paciente no lo siente"

El eslogan que todas las consejerías de Sanidad aducen es que "el servicio no se resiente" por los recortes, que los pacientes no deberían notar nada. Los responsables sanitarios están tomando una serie de medidas para reducir las partidas dedicadas a sanidad. Luego ya se verá. Castilla y León prescindió para este año de la actividad quirúrgica extraordinaria en los hospitales -las llamadas peonadas- porque salen muy caras. Una vez funcionando así, la lista de espera quirúrgica en la comunidad saltó de los 56 a los 111 días en el primer trimestre de 2013. Un 6,8% más de pacientes engrosan la lista (39.384 personas). El consejero reconoció el 24 de abril que "no hemos sido capaces de absorber la actividad de las peonadas". Habrá que poner dinero. Se da la circunstancia de que antes de admitir esta deriva, Sanidad inhabilitó una planta de cirugía en el hospital Clínico de Valladolid porque "no es necesario su uso", según justificaron el 4 de abril. "Es habitual y resonde a la búsqueda de eficiencia", adujeron. Esa eficiencia puede traducirse en 1,5 millones de euros en extras para los directivos.

Una de las regiones que también avanzan modelos de gestión que luego se exportan es Galicia. En ese sentido, uno de sus últimos movimientos ha sido la creación de áreas hospitalarias centralizadas en las que los centros rurales no disponen de ciertos especialistas de forma continuada sino que los reciben algunas jornadas por semana desde el hospital cabecera. Así ocurrió primeramente en Ourense con el hospital comarcal de O Barco. Pero hace apenas un mes repitió la orden para Lugo. Las especialidades en Monforte de Lemos son las que tendrán ahora carácter itinerante. "Los especialistas se desplazarán a este centro para las primeras visitas pero luego habrá que ir a Lugo para seguir el tratamiento", se quejan en la plataforma de protesta surgida ante esta reorganización.

Y, entretanto, allá donde se va más avanzado en los sistemas semiprivados de salud pública los cifras comienzan a relatar la situación. En la Comunidad Valenciana, según un informe del sindicato UGT basado en datos oficiales, ofrece la peor eficiencia sanitaria de España. El documento achaca a esta nueva manera de gestionar los centros sanitarios "más de 2.000 muertes prematuras evitables". La Generlitat valenciana estrenó la senda de los hospitales de dirección totalmente privada en Alzira y lo ha extendido a Castellón o Manises. Además, 18 áreas sanitarias también han ido a parar a manos de empresas como Ribera Salud o DKV. Una vez más el argumento es el económico. El vicepresidente valenciano José Ciscar argumentó: "El modelo sanitario español no da para más y hay que cambiarlo para garantizar la sostenibilidad".

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