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La dinastía de los Ayuso Amador

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su pareja, Alberto González Amador, en una imagen de 2023.
21 de noviembre de 2025 22:12 h

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La condena del Tribunal Supremo al Fiscal General el 20N –a propósito o no– ha venido a recordar que tras la muerte del dictador heredó su corona Juan Carlos de Borbón. No era un entierro cualquiera, sino una sucesión de un rey a otro. Y ha dejado muy tocada la celebración de los 50 años de monarquía. Los hechos demuestran además que no se ha borrado su pecado original. Es un escándalo cómo se ha condenado sin pruebas –y testimonios en contrario– a una alta autoridad del Estado y cómo se ha desarrollado todo el proceso. Debería estar preocupada la dinastía Borbón porque los Ayuso Quirón Amador vienen fuertes y traen mucho fascismo y mucha trampa encima. Ningún demócrata puede estar no ya contento, sino tranquilo con lo ocurrido. Saldarlo con silencio es echar de nuevo la alfombra encima de la mugre: no la hace desaparecer y agrava el problema.

Hay un dato muy relevante: el novio de Ayuso acaba de comprarse el segundo piso en el que ya residía la pareja y del que hasta ahora pagaba un alquiler de 5.000 euros mensuales. Y la Caja Rural de Zamora le ha concedido un crédito de 600.000 euros. A un tipo acusado de cinco delitos y pendiente del juicio oral que podría acarrearle más de tres años de cárcel. Nadie que espere esa condena y sí en cambio el espaldarazo del Tribunal Supremo a sus planes se hubiera metido en esa compra, ni ninguna entidad bancaria le hubiera prestado ese dinero. Y lo mejor es que este sujeto contó ante el alto tribunal la indefensión que la había causado la divulgación de sus delitos –confesados por su abogado cuando pidió un acuerdo– y que ya no le daban ni crédito los bancos. Apesta.

Calculan, si instancias superiores no les tumban el plan, que el novio salga libre tras la condena del fiscal, que se decrete la contaminación del proceso y se anule su juicio. Se quede con toda la pasta, y encima reciba 10.000 por daños morales como prescribe la humillante condena del Supremo. Es tan redondo el plan que casi parece premeditado de principio a fin.

Contaba Pedro Águeda en elDiario.es hace un par de días que “cuando firmó el contrato con Babia Capital, González Amador pagaba ya una hipoteca de casi 3.000 euros mensuales por el piso del sexto, a los que debió añadir otros 5.000 por el alquiler con derecho a compra del ático. En total, 8.000 euros al mes por los dos pisos de los que ha disfrutado junto a la presidenta madrileña estos dos últimos años”. Una fluidez económica envidiable en alguien que empezó como técnico sanitario, dijeron.

Claro que, seguía explicando nuestro compañero, “tras convertirse en pareja de Ayuso, González Amador multiplicó por cuatro sus ingresos procedentes de Quirón, la empresa de la sanidad privada que recibe cientos de millones todos los años de la administración autonómica que preside Ayuso”. Hiede. ¿Y al fiscal general del Estado le condenan por divulgar sus datos secretos que conocía un montón de gente? Causa estupefacción cómo se han atrevido.

Los delitos de los que está acusado el novio de Ayuso están absolutamente fundamentados y es escandaloso que ose decir que su persecución es una operación de Estado contra ella. La megalomanía de esta mujer es preocupante y asombrosa, porque se piensa que Madrid es un Estado similar a España. Algo así dijo en los primeros desvaríos que le conocimos. Hoy lo ha vuelto a repetir. Asegura que la sentencia prueba que “el gobierno actúa como en una dictadura”. Ha errado sin duda el sujeto de la frase. Es en una dictadura donde los delincuentes con poder se libran de condenas a sus desmanes y pagan quienes han osado denunciarles. Ayuso ha agradecido “la tutela y protección” que el Tribunal Supremo ha brindado a su ciudadano particular. Sí, a costa de su desprestigio. En su infinita soberbia Ayuso no parece calcular la indignación que causan las barbaridades que suelta en una ciudadanía desolada y furiosa con esa condena.

Nadie le obligó a González Amador a cobrar comisiones obscenas por sus negocios, a hacer esas facturas falsas que encontró la Agencia Tributaria para evadir impuestos, ni siquiera a comprar ese dudoso negocio ruinoso de peluquería a la mujer de un directivo de Quirón en donde la justicia ve una forma de pago de comisiones fraudulentas. ¿Qué piden la reina del ayusato y sus cómplices? ¿La impunidad como para los reyes medievales? El aspecto no puede ser peor.

El Supremo ha inyectado gasolina a la crispación política. Toda la plaga de agitadores buleros del PP ha saltado a la palestra para pedir dimisiones y seguir lanzando terribles improperios, cuando saben que se ha condenado sin pruebas a un inocente. Y que era un juicio político, de ahí que los compinches mediáticos a los que sufragan –con nuestro dinero– hablen del triunfo de Ayuso. ¿Qué triunfo? Porque todo esto apesta. Tanto que podría tener un efecto boomerang, que sería lo lógico y deseable, pero hay que adelantar iniciativas. Y contundentes. Porque van a por más y no será porque se corten en proclamarlo.

¿Qué papel juega Ayuso en este tinglado? ¿Por qué cada vez que sale alguno de sus pufos mayores son otros los que pagan? Casado con las mascarillas de su hermano, el fiscal general con los trapicheos de su novio, ¿Por qué la justicia se ha negado a investigar a fondo la muerte sin asistencia médica de 7291 ancianos en pandemia a los que, si no tenían seguro privado, se les dejó morir asfixiados sin trasladarlos a hospitales? ¿Por qué no se investigan tampoco los negocios de la Comunidad de Madrid y de González Amador con Quirón, la empresa sanitaria que cada vez recibe más dinero del gobierno de Ayuso. ¿Y la construcción millonaria del inútil hospital Zendal? ¿Por qué puede agredir hasta a la dignidad de las personas sin el menor reproche penal?

Los Ayuso disfrutan ya de 360 metros cuadrados de vivienda, y solo en el ático –contaba Pedro Águeda– dispone de “cinco dormitorios, dos baños, otros tantos vestíbulos y una amplia terraza”. Añadía que el valor de la dos viviendas, “supera ampliamente los tres millones de euros de precio de mercado”. Por cierto, según datos de esta misma semana los más caros de España son los de Madrid, incluso 5.000 euros el m2. Esa es otra historia, el PP ha propiciado en esta comunidad la adquisición de viviendas de lujo a esos pobres exiliados de lujo venezolanos que a ver qué hacen cuando la premio nobel de la Paz logré el golpe que le pide a Donald Trump en Venezuela. Pero esa es otra historia. ¿O no? O no.

Sobrecogidos estamos con esta condena. Con cómo se ha desarrollado el proceso desde su inicio. El artículo de José Precedo en el que cuenta su propia experiencia pone los pelos de punta. No somos iguales ante el Supremo. Ese trato de favor, de amiguetes en la barra de un bar, con Miguel Ángel Rodríguez. El respeto reverencial al novio de Ayuso, aun con sus presuntos delitos de mucha mayor entidad del que les había llevado contra el fiscal general. Y el maltrato al periodismo del que están participando también los falsos colegas vendidos a PP, algunos ciudadanos sin ética que no aciertan a entender que violar el secreto profesional es matar al periodismo. Claro que es algo que hacen todos los días hasta las grandes -por tamaño- portadas, y algunas radios, teles y tertulias.

Me pongo en la piel de los periodistas que dignifican la profesión incluso ante un Tribunal Supremo que condena sin pruebas y dice “no nos amenace con que lo sabe” a quienes le aseguran que García Ortiz es inocente.

También en la piel de quienes durante estos cincuenta años han estado trabajando, incluso con su cuerpo y su salud, para que esta democracia que nació tan precaria saliera adelante. Comparto su desolación y les animo a seguir luchando por ella, como deben hacer todos los demócratas. Pero no basta, hace falta que el Gobierno tome decisiones drásticas, antes de que la marea que se dirige a tumbar a Sánchez y su familia nos sepulte a todos.

Por si fuera poco el descrédito que está acompañando a este proceso, algunos medios sitúan la difusión de una condena sin haber redactado la sentencia siquiera, en la negativa de la ponente, la magistrada Susana Polo, a condenar al fiscal general. La redactará uno de los jueces conservadores del tribunal. La sentencia tiene más recorrido en los tribunales: en el Constitucional y en Europa en donde este tribunal español no goza precisamente de gran prestigio. Cuentan además con el informe de la UCO que cortó una declaración para manipular su sentido, la mentira confesada por Miguel Ángel Rodriguez, la violación de los derechos fundamentales de García Ortiz que apuntó su defensa: el registro de su despacho y la intervención de las comunicaciones, y sin duda más argumentos. Pero el daño está hecho. Y es muy grave. Desolador. Y si se piensa en serio, todo este aparataje es porque un tipo acusado de varios graves delitos consideró que el fiscal los había hecho públicos. Se lo “compró” el Supremo, la prensa afín y una Ayuso investida de Agustina de Chamberí y ahí siguen.

¿Y el rey? Le han ensombrecido la fiesta del medio siglo de restauración monárquica porque la han dejado en su descarnada verdad. La indisimulada falangista Ayuso y su poco modélico novio vienen de una dinastía que supuestamente había terminado tal día como el 20N de 1975, cincuenta años atrás, pero parecen ambicionar también el retorno. ¿Esto quiere Felipe VI para su hija si llega a reinar? La dinastía Ayuso Quirón Amador viene fuerte y con muchos apoyos. Por cierto, Aznar nunca ha querido a los Borbones, lo saben ¿verdad?  

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