El gobierno del PP de Bétera lleva al Supremo la anulación de la tasa de residuos y Compromís critica el uso político de dinero público

El Ayuntamiento de Bétera, de PP y Mas Camarena-Torre en Conill, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló su ordenanza fiscal sobre la tasa de residuos. El consistorio sostiene que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular no obliga a implantar de forma inmediata un sistema individualizado de pago por generación de residuos, sino que prevé una incorporación progresiva de estos mecanismos.

El equipo de gobierno de Elia Verdevío defiende que la resolución judicial puede resultar “gravemente lesiva” para los intereses generales y para las arcas municipales, al imponer la individualización del coste sin que aún existan los medios técnicos necesarios. Según el consistorio, ello podría impedir repercutir adecuadamente el coste real del servicio de recogida y gestión de residuos y generar desequilibrios presupuestarios. Además, considera que la cuestión afecta a todos los municipios, dado que la normativa obliga a establecer tasas específicas y no deficitarias, por lo que pide al Supremo que unifique criterios y evite la inseguridad jurídica en futuras impugnaciones.

Desde la oposición, Compromís ha cargado duramente contra la decisión del gobierno local. Su portavoz, Joano Baudés, lamenta que “el gobierno municipal ha preferido gastar dinero público en el recurso antes que ponerse a trabajar y rehacer la tasa para que así el vecindario pague conforme recicla”. Baudés sostiene que la ciudadanía “pagará doble: por una tasa mal calculada —este año ya se ha abonado un semestre y en breve se cobrará el segundo— y por el deseo del gobierno de dilatar innecesariamente el proceso judicial seguramente hasta las próximas elecciones municipales”. A su juicio, esta estrategia “demuestra poca valentía y pocas ganas de trabajar por el pueblo”.