Dos activistas han retirado ya más de 1.000 placas franquistas en Zaragoza: “Seguiremos hasta que no quede ni una”

Desde 2019, dos activistas zaragozanos se dedican a retirar por su cuenta placas con simbología franquista de fachadas y portales de la ciudad. Aseguran que ya han eliminado cerca de un millar aunque todavía quedan decenas repartidas por distintos distritos. Armando, uno de ellos, explica que su motivación es “el cumplimiento de la ley de memoria histórica”.

Sostiene que deberían ser las administraciones las encargadas de hacer desaparecer estos elementos, pero denuncia que “nadie obliga a cumplir la ley” y que por eso actúan de forma desinteresada. “Lo hacemos porque es una aberración que, 50 años después de muerto el dictador, todavía haya simbología de su régimen”, afirma.

Ambos comenzaron retirando placas por la noche, pero pronto decidieron hacerlo a plena luz del día para evitar sospechas. Desde entonces, apenas han tenido incidentes, más allá de insultos puntuales de viandantes. “Al principio discutíamos, hasta que decidimos no perder ni un minuto con fascistas”, señala.

Sí tuvieron dos intervenciones de la Policía Local, que llegó a requisarles herramientas como escaleras o atornilladores. En una ocasión, según relatan, los agentes incluso preguntaron a las comunidades de vecinos si querían denunciarles, algo que nunca ocurrió. Asegura que les acusaron de daños, pese a que las placas se retiraban “simplemente arrancando unas puntas” y sin desperfectos.

Aun así, mantienen su compromiso. “Seguiremos hasta que no quede ni una en Zaragoza, salvo que alguna institución ocupe nuestra labor”, afirma Armando.

La semana pasada, su testimonio quedó reflejado en el programa 'Equipo de investigación', de La Sexta, en el que contaron su historia.

En 2022, el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza archivó la causa abierta contra los dos activistas después de que la Policía Local los interceptara con varias placas y herramientas. En su resolución, consideró que no había indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito, ya que los hechos no encajaban en el tipo penal que se les atribuía. El archivo se fundamenta en que no existe un daño acreditado ni una conducta que justifique continuar con el procedimiento.

Ni denuncia ni reclamación

El auto tuvo en cuenta que ninguna de las comunidades de propietarios afectadas presentó denuncia ni reclamación económica por los supuestos desperfectos. Además, la defensa recordó que desde hace años la legislación estatal y autonómica obliga a las administraciones a retirar este tipo de emblemas, tanto de edificios públicos como privados. La magistrada asumió estos argumentos como relevantes, concluyendo que la actuación de los investigados no había provocado perjuicio alguno ni había sido objeto de queja por parte de quienes podrían considerarse perjudicados.

La decisión judicial se produce después de que la Policía Local interceptara a los dos jóvenes con las placas y las herramientas que utilizaban para desprenderlas. Ambos explicaron entonces que su intención era retirar unos símbolos que consideraban inapropiados y que seguían visibles pese a la normativa vigente. La jueza, tras valorar las circunstancias, entendió que no existía base suficiente para imputarles un delito de daños, lo que ha llevado al archivo definitivo de la causa.