El Gobierno aprueba dos decretos: la subida de las pensiones y la moratoria antidesahucios con el escudo social

El Gobierno ha aprobado este martes la subida de las pensiones que naufragó en el Congreso la semana pasada. Y otro texto negociado contrarreloj con los socios de la investidura que incorpora el conjunto del escudo social, que incluye también el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios, que fue la justificación de Junts para votar en contra. Las conversaciones a varias bandas se han circunscrito a cómo sacar adelante ese paquete dado que PP y Junts exigían que la subida de las pensiones fueran en un decreto individual, sin el resto de medidas, mientras que la izquierda presionó para que no se dejara ninguna fuera. El PNV anunció un acuerdo este martes a primera hora que supone excluir a los propietarios con una sola vivienda en alquiler de esa prohibición. “Corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”, aseguran fuentes gubernamentales.

La negociación se ha prolongado hasta el último minuto. El lunes a última hora aún no se sabía si los dos decretos verían la luz este martes, pero finalmente el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a los dos textos. Uno de ellos incluirá la subida de las pensiones y las medidas relacionadas con la Seguridad Social (como las cuotas de autónomos o el IMV) y el otro el resto de medidas del escudo social. La gran traba para los socios de la derecha era la moratoria anti-desahucios porque sostenían que era un problema para los pequeños propietarios. Ahora se añade una cláusula para dejarles fuera de la prohibición que ya ha criticado Podemos.

“Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos siete años cuando he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir”, aseguró Pedro Sánchez en un mitin en Teruel este domingo. Con esas palabras, el presidente apuntaba a que los socialistas no exprimirían el temor a que la subida de las pensiones no se ejecute en el mes de febrero para responsabilizar al PP durante la campaña electoral aragonesa. También enviaba el mensaje de que lo haría en un único decreto si era necesario con tal de salvar esa promesa. El pasado año, PP y Junts votaron a favor de un texto prácticamente igual al que rechazaron unas semanas antes.

Dos decretos: uno con las pensiones y otro para el escudo social

El Gobierno tenía margen hasta el Consejo de Ministros del próximo martes (10 de febrero) para aprobar la revalorización de las pensiones porque la Seguridad Social no da la orden de pago hasta mediados de mes, pero finalmente ha sido este martes. En puridad, también podrían hacer un segundo pago con la diferencia, pero en el Gobierno no se querían siquiera plantear ese escenario, según explicaban fuentes gubernamentales.

No obstante, la complejidad de la situación, por las presiones cruzadas entre los socios, quedó patente hasta el último momento. “Trabajamos para que vaya mañana. ¿Es posible llevar algo que tenga un encaje que incluya todo? Con un 70% de probabilidades, sí, salvo la parte de desahucios”, señalaban este lunes por la tarde en Moncloa, donde guardaban precauciones ante la posibilidad de que en el último momento todo se retrasara a la semana que viene. “Aún por decidir”, reconocía una de las personas del Gobierno implicadas en la negociación que está pilotando el ministro Félix Bolaños. Horas después la probabilidad aumentaba y se daba por hecho que el escudo social se trocearía por la complicación en torno a la prohibición de los desahucios.

Los socios de izquierda temían que el PSOE cayera en la tentación de abandonar la moratoria antidesahucios como respuesta a las peticiones de Junts. Es lo que trasladó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la semana pasada, cuando pidió públicamente volver a llevar el decreto intacto. Este lunes, Sumar trasladó una idea similar, aunque en la coalición reconocían que podrían abrirse a alguna fórmula alternativa si eso sirve para dialogar, como la aprobación de dos decretos por separado. Eso sí, para el socio minoritario del Gobierno, este escenario solo podría ser válido si los apoyos con Junts y también con el PNV están garantizados.

“Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas, lo importante no es tanto el cómo sino el que tienen que ir todas. Nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios”, dijo este lunes el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun. 

Todas las fuerzas de izquierda defienden la protección del Gobierno contra los desahucios. Se trata de una medida por la que presionó Unidas Podemos durante la pasada legislatura y que se ha ido prorrogando cada año de forma sucesiva. Los movimientos sociales calculan que ampara hasta a unas 70.000 personas. 

Por eso algunos socios defendieron públicamente esa protección este lunes. “Esperamos poder llegar a un acuerdo, por nosotros no será”, dijo el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. El diputado reconoció que el Gobierno les contactó por primera vez en la noche del domingo. “Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto que contiene una inmensa mayoría de cosas buenas porque algo no te gusta”, recriminó Rufián contra Junts.

Otras fuerzas como Podemos no son tan celosas con el modelo que el Gobierno pueda usar para aprobar la medida, siempre y cuando sea efectiva. “El Gobierno puede aprobar mañana mismo un nuevo decreto antidesahucios y hacerlo mes a mes las veces que sea pertinente y necesario”, llegó a proponer el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández. Otra alternativa para Podemos es que el Gobierno se haga cargo de abonar el alquiler de todas esas familias que están en situación de impago por su vulnerabilidad social. 

La pugna de los socios de la derecha

El problema con el que choca el Gobierno es la pugna recurrente entre el bloque de socios que le da apoyo: en un lado las fuerzas de izquierda y al otro lado los partidos más conservadores, sobre todo Junts pero también el Partido Nacionalista Vasco, que ya se quejó durante el debate la semana pasada por la forma en la que el Ejecutivo había negociado con ellos y por la falta de cobertura que, a su juicio, esta medida deja a los propietarios.

Un recordatorio en el que incidió este lunes la portavoz del grupo en el Congreso, Maribel Vaquero. “Si el Gobierno quiere aprobar un nuevo escudo social, debe incorporar garantías para los pequeños propietarios y así evitar dobles vulnerabilidades”, dijo. Al igual que Junts, los nacionalistas vascos creen que el Gobierno deja sin protección a los pequeños propietarios. “No se les puede equiparar con los fondos buitre o con grandes tenedores. Claro que hay que ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, pero debe hacerlo el Gobierno. Por eso pedimos que se les exonere de esta medida”, insistió Vaquero. 

La moratoria, sin embargo, no afecta a los pequeños caseros, el caso típico del pensionista con dos viviendas, en caso de una okupación. Para que pueda suspenderse el desahucio en ese supuesto, el casero tiene que tener más de diez viviendas a su nombre o ser una persona jurídica, esto es, una empresa que gestione pisos o un fondo de inversión.