El fiscal defiende que es “posible” rebajar aún más la pena a Aldama pero sin explicar por qué no lo pide

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de impulsar la causa sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha expuesto este miércoles su informe final ante el tribunal que juzga desde el pasado abril al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. En su exposición, el representante del Ministerio Público ha defendido que es “posible” rebajar aún más la pena al comisionista —tal y como ha hecho la acusación popular que lidera el PP— si bien no ha explicado por qué no lo reclamó este lunes cuando expuso sus conclusiones ante los magistrados. 

Aldama enfrenta una petición de pena máxima por parte del fiscal de siete años de cárcel, más de tres veces menos que Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quién mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos. El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión.

En este sentido, el fiscal Luzón ha defendido que la declaración de Aldama sí ha sido “determinante y decisiva” para “avanzar en muchos aspectos de la investigación” lo que, a su juicio, hace “admisible apreciar la atenuante privilegiada”. Ha mantenido que la declaración del empresario se ve “plenamente corroborada” en todo lo que la Fiscalía considera probado, si bien ha dejado caer que no otorga credibilidad a todas sus afirmaciones y que hay elementos que “no se han tenido en cuenta”.

Esencialmente, cuando Aldama apuntó a Pedro Sánchez. “No se trata de establecer un número uno, dos o tres. No era número uno el presidente del Gobierno como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama”, ha afirmado el fiscal. Aun así, el representante del Ministerio Público ha defendido que “recompensar a quien sale del entorno criminal y lo denuncia” es esencial para combatir la corrupción y que no se imponga la “ley del silencio”.

“Demoledora” prueba de cargo

En paralelo, el fiscal Luzón ha defendido que hay una prueba de cargo “abundantísima, demoledora” contra los investigados, ha destacado el “enorme valor” de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les incriminan y ha calificado de “inconsistentes” e incluso “patéticas” las explicaciones dadas por el entorno del exministro y su asistente para justificar los ingresos bajo sospecha. Como ejemplo se ha referido a la “tediosa explicación” de la reclamación por el coche defectuoso que justificaría reuniones periódicas durante más de un año entre Joseba García —hermano de Koldo— y Aldama.

El representante de Anticorrupción se ha referido ampliamente al pago de 10.000 euros al mes que el empresario pagó supuestamente entre octubre de 2019 y julio de 2022 a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. Esa dádiva es, a su juicio, el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados.

El fiscal ha enfatizado que esas entregas quedan acreditadas con el testimonio de una de las trabajadoras de una empresa vinculada a Aldama en República Dominicana que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en República Dominicana. Luzón ha calificado esa declaración de “veraz y determinante” y de “torpes” las excusas de Joseba García para justificar sus viajes a ese país para recepcionar efectivo.

A esto, ha sumado que esas cantidades se vinculan con el incremento patrimonial tanto de Koldo García como de Ábalos y con “la palmaria confusión patrimonial” de ambos. Sobre el asesor ha señalado que del análisis de sus cuentas y bienes se ha comprobado una “afluencia oculta de ingresos” y ha puesto el foco en el flujo y traspaso de dinero entre Koldo García y su hermano, que ejercía de “testaferro”.

Además, ha tirado por tierra el esfuerzo de la defensa del asesor por tratar de justificar que ese incremento patrimonial son “sobres del PSOE” por liquidaciones de gastos a través de “confusos papeles rellenados por Koldo, huérfanos de detalle y que nada demuestran”. Para Luzón, esas compensaciones de gastos tendrían un efecto “neutro” en el patrimonio de ambos salvo que “se apropiara de indemnizaciones de terceros” o falseara tiques.

“Nada explica el incremento patrimonial de Koldo García”, ha puntualizado para añadir que “encaja en la lógica de los pagos” que el cobro subrepticio de cantidades por parte del asesor de manos de Aldama acabaran también en manos del ministro: “No tiene sentido que Aldama pague solo al subordinado del ministro y que no tengan por destino a quien tiene el dominio del hecho y de las decisiones de las que se va a beneficiar. Es impensable”.

Y ha abundado en ese trasiego de efectivo entre Ábalos y Koldo García al indicar que existía una doble contabilidad y que constan 94.800 euros que el ministro no compensó a Koldo García. Sobre esa cantidad sobre la que Ábalos ironizó que era todo lo que le habían encontrado en diez años, el fiscal ha mantenido que el ministro no precisaba de sus cuentas para tener dinero disponible. Y ha sacado a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochó haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Así, ha resuelto que “los incrementos de efectivo de Ábalos abonan [la tesis de] la fuente oculta de ingresos” y, en definitiva, para Luzón ni el exministro ni su asesor han podido responder a esa pregunta que se hacían “las vecinas del 17”: “De dónde saca para tanto como destaca”.

El piso y el enchufe de la expareja

La otra gran “dádiva”, según el fiscal Luzón, fue el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Aldama desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, de acuerdo a las conclusiones del representante de Anticorrupción. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, ha aseverado el fiscal, que también ha rebatido en este punto las explicaciones dadas por Ábalos.

Respecto a la colocación de esta mujer en dos empresas públicas en las que cobró sin trabajar, el representante de Anticorrupción ha mantenido que está “plenamente acreditado que Koldo García por cuenta de Ábalos ejerció una presión moral eficiente” sobre la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que fuera contratada. En este punto, el fiscal ha cargado contra la “corte servil” de funcionarios y empleados públicos que, a su juicio, protegieron a Jésica Rodríguez.

En contraposición, ha ensalzado a la “empleada íntegra” de Tragsatec que denunció internamente que la joven no iba a trabajar. El fiscal ha aseverado que le produce “desolación” que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. Y ha defendido que estas compañías estatales “no pueden ser espacio para la colocación discrecional”. “No pueden ser el refugio, el aparcamiento de políticos o el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen la eufemísticamente llamadas sobrinas”, ha aseverado.

Contratos de mascarillas

El fiscal ha defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos de mascarillas adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. Así, ha destacado que si bien no hubo ni prevaricación ni malversación en esos contratos sí ha puntualizado que el procedimiento “se ajustó” a los intereses de Aldama y sus socios. Así, ha defendido que tanto el exministro como su asesor tuvieron “un papel decisivo” en esos contratos .

En este sentido, ha destacado que los testimonios escuchados durante el juicio dan cuenta “de la distorsión y el exceso de atribuciones” del asistente en todo el proceso de compra, y ha alabado el trabajo de las auditoras del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. En cuanto al papel de Ábalos, ha señalado que ejerció “control” en esa gestión, y que esto queda demostrado en dos episodios. Por un lado, cuando modifica la orden para que se adquieran ocho y no cuatro millones de mascarillas “para maximizar el beneficio de Aldama con la operación”. Y, por otro, cuando ante el retraso en la entrega del material por parte de la empresa de la trama decidió seguir adelante.

En la parte final de su informe, que se ha alargado durante casi dos horas, el fiscal Luzón ha defendido que los acusados “se enfrentan a penas graves porque graves son las conductas que se les imputan”. Y ha lanzado una crítica a las “actuaciones” de los “poderes públicos” que “normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tiene la responsabilidad de perseguirlas”. Ha asegurado que la “corrupción organizada desde un Ministerio” disminuye la confianza de los ciudadanos en “las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten”. “La corrupción carcome nuestro sistema y solo una reacción contundente puede frenarla”, ha sentenciado.