PSPV y Compromís exigen la retirada del retrato de Julio de España del Palau de les Corts tras su condena por agresión sexual
El PSPV y Compromís han registrado una petición formal ante la Mesa del Parlamento valenciano para solicitar la retirada inmediata del retrato oficial de Julio de España de las galerías del Palau dels Borja. Esta iniciativa llega tras hacerse pública la condena impuesta al expresidente de la institución entre 2003 y 2007, a quien la Audiencia Provincial de Alicante ha considerado autor de un delito de agresión sexual cometido en su ejercicio profesional como médico digestivo.
En el escrito dirigido por Compromís a la Mesa de las Corts, Baldoví recuerda que de España ostentó la máxima representación de la Cámara autonómica durante la etapa de gobierno del Partido Popular, motivo por el cual su retrato cuelga en el espacio reservado a los antiguos presidentes parlamentarios. Desde la coalición consideran que la resolución judicial firmada por el tribunal “hace impropia la presencia de su retrato en una zona de honor de les Corts”, por lo que exigen la adopción de medidas institucionales inmediatas.
Por su parte, la diputada socialista Rosa Peris, sentencia: “Un agresor sexual no puede tener un hueco en la memoria ni en las paredes de las instituciones valencianas”. A juicio de los socialistas, esta condena “no es compatible con el mantenimiento de reconocimientos honoríficos en las instituciones valencianes, y, en concreto, con la existencia de este retrato” y ha recordado que existe una resolución del pleno de las Corts adoptada el 15 de octubre del 2015 en la que se insta “a la retirada de cualquier placa conmemorativa o mención honorífica ubicada en edificios que dependen de la Generalitat Valenciana a personas condenadas”.
La portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento valenciano Corts ha destacado que la condena a Julio de España es “de extrema gravedad” y ha lamentado también “la complicidad del PP” que ha guardado “un silencio cobarde” cuando se conoció la imputación y que hoy “siguen instalados en la misma tibieza”.
Año y medio de presión y dos años de libertad vigilada
La iniciativa de ambos grupos responde al fallo de la sección segunda de la Audiencia de Alicante, que condena a Julio de España a un año y medio de prisión y dos años de libertad vigilada por agredir sexualmente a una paciente durante una exploración en una clínica privada de Alicante el 7 de agosto de 2023. El fallo impone asimismo al exdirigente político cuatro años de inhabilitación para cualquier empleo o profesión con contacto regular con personas menores de edad, una indemnización de 12.000 euros a la víctima por los daños morales y la prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante tres años.
Los magistrados declaran probado que el facultativo incumplió la lex artis médica al realizar tocamientos en los genitales de la mujer —enfermera de profesión que acudió a la consulta por problemas de intolerancia alimentaria— sin consentimiento ni justificación diagnóstica. Tras pedirle que se colocara “a cuatro patas, mirando a la pared”, como si estuviera “castigada”, el tribunal concluye que de España le palpó la zona genital, una acción que dejó a la paciente “paralizada y en shock” con secuelas acreditadas de trastorno de ansiedad.
En la misma sentencia, la Audiencia de Alicante ha absuelto al facultativo de un segundo delito de agresión sexual respecto a otra paciente que le denunció por hechos ocurridos en noviembre de 2021. En este caso, el tribunal determina que el examen ano-rectal practicado estaba médicamente justificado por la sintomatología de la mujer. Asimismo, la Sala desestima los delitos de trato degradante atribuidos al procesado en ambas consultas.
No obstante, la resolución califica los comentarios realizados por el expresidente de las Corts a las dos mujeres de “absolutamente desafortunados”, “impropios” y “faltos de sensibilidad y socialmente reprochables”, si bien precisa que carecen de entidad penal. Con la sentencia susceptible de recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, Compromís insiste en que la gravedad de los hechos probados exige desvincular la imagen de la institución parlamentaria de la trayectoria de de España.
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