Andalucía libera a 17.000 maestros interinos de la obligación de opositar para cubrir vacantes
Andalucía era de las últimas comunidades autónomas que obligaba a los profesores interinos a presentarse a las oposiciones de enseñanza para poder mantenerse en las bolsas de trabajo. Si incumplían este requisito legal, podían perder su posición en la lista de espera para cubrir sustituciones. Sin embargo, en la práctica no suponía un gran cambio, porque muchos interinos simplemente firmaban el examen para garantizarse su permanencia en la bolsa, sin un esfuerzo o intención real por optar a una plaza fija.
No es una regla genérica, pero sí muy extendida. Los motivos son varios: En ocasiones porque la oferta de plazas docentes era mínima -así lo ha sido durante los últimos años de crisis-, pero otras veces por comodidad. La Consejería de Educación prima la experiencia por encima de la nota del examen en la colocación de personal, de modo que un interino con mucho tiempo de servicio acumulado podía optar a una vacante en un colegio muy demandado -por ejemplo en una capital de provincia- mientras que las plazas ofertadas en concurso público suelen ser destinos más alejados, en zonas rurales o en pueblos de difícil acceso. Pero la modificación normativa tiene más que ver con la situación actual de la plantilla docente, muy mermada tras años de crisis y recortes de personal. Los interinos seguían teniendo la obligación de presentarse al examen, aunque el número de plazas de su especialidad fuera ínfimo, una situación que no ha dejado de repetirse en los últimos ocho años de crisis.
El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles una reforma parcial del decreto 302/2010 por el que se ordena la función pública docente, se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes. La modificación hará que los profesores interinos ya no estén obligados a presentarse a los exámenes de oposiciones para seguir en bolsa. El sistema educativo andaluz cuenta en la actualidad con 17.000 interinos, un 18% del total de la plantilla.
La reforma fue pactada el pasado diciembre en mesa sectorial de Educación con los principales sindicatos de profesores, ha necesitado seis meses para la adaptación administrativa completa, pero estará en vigor de cara a la oferta pública de empleo de este año. En la segunda quincena de junio, la Consejería de Educación ofertará 5.404 plazas, la mayoría de profesor de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, aunque muchas de ellas son de promoción interna.
Los años de crisis económica han provocado una reducción notable del profesorado andaluz -tras un primer recorte de 4.500 interinos-, también ha generado inestabilidad en la plantilla, lo cual se traduce en una tasa de interinidad del 18%. La Consejería de Educación llegó a reducir la temporalidad laboral en las escuelas al 8% antes del impacto de las políticas de ajuste del Gobierno central, un porcentaje muy próximo al tope que exige la Comisión Europea para el horizonte 2020. Ahora, en cambio, el número de interinos en las escuelas andaluzas vuelve a estar en máximos históricos (llegó a rebasar el 21% a principios del 2000, obligando a la Junta a regular un procedimiento “transitorio” de colocación de efectivos que primaba el tiempo de servicio muy por encima de la nota de examen).
El departamento que dirige Sonia Gaya ha modificado los artículos 20 y 22 del citado decreto, los que se refieren a las bolsas de trabajo para sustituciones, que obligan al personal integrante de las mismas (sea interino o aspirante) a concurrir forzosamente a los procesos selectivos para el ingreso en la función pública docente, como condición para la permanencia en su correspondiente bolsa. La crisis ha dejado sin sentido esta medida, porque no existe un acuerdo de estabilidad de la plantilla docente y porque la escuela andaluza aún no ha recuperado el número de profesores anterior a la época más dura de los recortes.
La consejería y los sindicatos también habían explorado la posibilidad de modificar las pruebas de oposición para que dejaran de ser eliminatorias, pero el Ministerio de Educación lo rechazó de plano alegando que no se garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir estos procesos. Gaya también ha reclamado al Gobierno central que elimine la tasa de reposición para reducir la tasa de interinidad en la educación, una propuesta que cuenta con el beneplácito de otras comunidades autónomas.
