El Gobierno desdice a Crespo y asegura que cumplirá su parte en el caso de las balsas de fosfoyesos
Cuatro días después de que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, no diese explicación alguna sobre las balsas de fosfoyesos y su eliminación, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado este viernes que todo está encaminado para que “en unos meses” se ultime el proyecto para eliminar la basura tóxica que Fertiberia ha ido acumulando durante más de 40 años en las marismas de Huelva.
La explicación de Ramos no deja de ser llamativa, ya que admite con ello que el Gobierno central es quien tiene que obligar a la empresa a cumplir la sentencia que le obliga a limpiar las marismas, a pesar de que 24 horas antes, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, defendía que es la Junta de Andalucía la que debe hacer cumplir la sentencia que obliga a restaurar la zona de marismas onubenses en que se depositaron los residuos de fosfoyesos y aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes. “Ello es así por ser la administración autonómica la que ostenta las competencias medioambientales en la comunidad autónoma”, rezaba un comunicado de su departamento. Por ello, pidió a la Junta de Andalucía que “no intente eludir sus responsabilidades y actúe decididamente” para dar curso completo a un proceso judicial que se remonta al año 2007 y que ya ha sido objeto de sentencia.
La versión de Crespo fue contestada por el número 2 de García Tejerina, que ha puesto sobre la mesa que el Gobierno colaborará como todas las administraciones implicadas, en la parte que le corresponda para devolver las marismas de Huelva al estado que tenían en los años 60. “El proyecto está avanzado y se verán movimientos en los próximos meses”. Lo ha dicho en el cierre del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, que la ministra abría el pasado martes, donde por primera vez se ha sabido que Fertiberia “ha mostrado interés en cumplir su obligación”. Hasta ahora, no se ha sabido nunca qué quería hacer la empresa en este tema, empresa en la que García Tejerina trabajó durante seis años en sus cargos de responsabilidad.
Federico Ramos, que no ha aclarado por qué la ministra no quiso dar explicaciones de este asunto en Huelva el pasado lunes, y ha negado que el pasado de García Tejerina en Fertiberia pueda influir en este caso. “No tiene ningún sentido poner en duda el cumplimiento de la sentencia. Al ser firme no tiene más que cumplirse”, aunque ha asegurado que “ningún ministro tiene la prorrogativa de no ejecutar una sentencia, y el Ministerio no tiene opción al respecto. Tiene que llevar a efecto esta sentencia porque es lo único que puede hacer es que se ejecute en los términos que el tribunal espera”.
Apoya la tesis de la Junta
De este modo, sus declaraciones de Ramos se sitúan más en la órbita de la Junta de Andalucía que de la delegada del Gobierno central en suelo andaluz. Este jueves, en un comunicado, la Junta reprochó al Gobierno central que eluda sus responsabilidades y “mienta a sabiendas” respecto al proyecto de regeneración de las balsas de fosfoyesos. En respuesta a Crespo, la administración autonómica recordó que la sentencia de la Audiencia Nacional respecto al apilamiento y la recuperación de este espacio para la ciudad se produjo a raíz de una denuncia interpuesta por el Ejecutivo y que la misma afecta a una zona de dominio público marítimo terrestre, es decir, de la Dirección General de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.El papel de la Junta de Andalucía en este asunto es “velar para que la solución ambiental a esos terrenos se realice teniendo en cuenta la normativa medioambiental”, indicaba el comunicado.
Este viernes, el secretario de estado ha dicho que el Gobierno está por la labor de cumplir su parte, e incluso ha detallado que la sentencia tenía cuatro partes y “tres obligaciones están cumplidas, falta el proyecto de restauración, ya que se pararon los vertidos, se obligó a la empresa a presentar un aval de casi 22 millones de euros y falta la recuperación, en lo que la empresa ya ha avanzado”.
Desde la Junta, se ha recordado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio que haga ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional, y que en breve se hará pública la sanción que la Junta impondrá a la empresa por no haber presentado en tiempo y forma el proyecto de recuperación de las balsas. Con todo, si se cumple lo que Ramos ha avanzado en Huelva, a la Junta le ha salido un inesperado aliado en Madrid para acabar con las polémicas balsas.Antes de la clausura del congreso y de comparecer ante los periodistas, Federico Ramos, junto a la directora general de Aguas, Liana Ardiles, se ha reunido con la organización Mesa de la Ría, entidad que reclama la recuperación para la ciudad de Huelva del suelo que ocupan las industrias químicas, y cuyos activistas intentaron sin éxito reunirse con la ministra el pasado martes.
La Mesa de la Ría aboga por una restauración integra de las marismas de Huelva, en lugar de una restauración de las balsas, mediante su tapado con una capa de tierra, tal y como defiende Fertiberia, y acusan a la Junta de posicionarse en ese sentido.Su presidente, Aurelio González, ha señalado que de materializarse su propuesta, como resultaría obligado según la Sentencia de la Audiencia Nacional, “supondría una inyección económica extraordinaria para una tierra asolada por el paro juvenil, ya que supondría la creación de un importante volumen de empleo para Huelva, además de la consecución de un derecho y de una justicia social y ambiental, necesaria en una provincia que ha sufrido décadas de implantación de un modelo industrial insostenible con el entorno y el medio ambiente”.
La Mesa ha transmitido a los altos cargos del Ministerio presentes en la reunión, su preocupación por la falta de acuerdo entre las distintas administraciones implicadas, como son el propio Ministerio y la Junta de Andalucía, “más aún después de transcurrir cuatro años de la Sentencia del Supremo, ejecutada sólo parcialmente mediante la paralización de los vertidos, situación que ha sido puesta en conocimiento de la Comisión Europea por este colectivo ciudadano”.Este colectivo considera “un buen augurio” la premura con la que ha sido recibida la Mesa de la Ría por representantes del Ministerio, pero insiste en que la reunión solicitada a la ministra debe celebrarse lo antes posible, valorando positivamente que los representantes del Ministerio hayan manifestado su interés de solucionar este problema con la mayor urgencia posible“, quedando todos emplazados para futuros encuentros.
1.200 hectáreas de basura tóxica
En su día, Greenpeace y WWF (antes Adena) llevaron a Fertiberia a los tribunales por el almacenamiento de fosfoyesos en Huelva. Las conocidas como “balsas de fosfoyesos” ocupan ya más de 1.200 hectáreas de terreno, y se encuentran, en algunas zonas, a menos de 500 metros de las viviendas de la barriada Pérez Cubillas de la ciudad. Para más inri, suponen el mayor cementerio de este tipo en Europa, a menos de 50 kilómetros, en línea litoral, de Doñana.Algunos estudios independientes han señalado que el nivel de radiación es veintidós veces superior al límite, y se recomienda trasladarlos a un cementerio nuclear.
A pesar de ello, terminar con los vertidos, a la vez que salvaguardar los puestos de trabajo de Fertiberia, es una preocupación de muchos años en la sociedad onubense.La concesión que la Audiencia Nacional declara finalizada en 2007 fue otorgada en 1968 sobre solo 720 hectáreas en el estero de la Anicoba de la desembocadura del río Tinto, y su destino era construir depósitos de decantación para verter yeso bajo determinadas condiciones, que han sido incumplidas de forma reiterada, hasta el punto de que las hectáreas concedidas inicialmente casi se han duplicado.
