Un agujero de 6 millones de euros en “vacunas perdidas”. PP y PSOE libran su propia batalla electoral en Andalucía en torno a la sanidad

48 horas antes de que arranque la campaña electoral, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos y sus antecesores, los socialistas, están librando un farragoso pulso de cifras oficiales con el asunto de la vacunación por la gripe de fondo. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno acusa a la anterior Administración socialista de “maquillar” e “inflar” la tasa de cobertura de vacunados por gripe en Andalucía entre un 9 y un 15% durante diez años: “Casi un millón de vacunados fantasma” entre 2009 y 2019. Un informe de la inspección de servicios sanitarios de la Junta revela que los datos de vacunación están un 10% por encima de las cifras reales que se remitieron al Ministerio de Sanidad.

Hace una semana, la Consejería andaluza de Salud sostenía que el objetivo de los socialistas para hacer algo así era “quedar bien” en la comparativa ante el resto de comunidades. Ahora dan un paso más y denuncian que detrás del supuesto maquillaje de los datos de vacunación puede haber un fraude monetario de seis millones de euros. Los datos bailan, no son concluyentes, y por ahora la Junta no ha llevado el asunto a los tribunales, pero el relato ha servido para extender la sospecha de la corrupción o la mala gestión sobre el PSOE a las puertas de la campaña electoral.

“En la última década se han perdido 1,8 millones de dosis para la gripe que no aparecen. Ni se usaron ni se devolvieron”, denuncia el portavoz de la Junta y titular de Presidencia, Elías Bendodo, que cuantifica el coste de estas vacunas en seis millones de euros, al coste público, y unos 27 millones al precio de mercado. Según sus datos, entre 2009 y 2018 la Junta compró 12,6 millones de dosis de vacunas para la gripe, se utilizaron 9,5 millones y se devolvieron 1,2 millones sin usar. Quedarían, por tanto, 1.825.793 dosis desaparecidas por las que el Ejecutivo de PP y Cs exige explicaciones a la Administración anterior.

Los socialistas, indignados, niegan la mayor y acusan al PP de hacer electoralismo desde el Palacio de San Telmo. Su explicación es que los datos que maneja la actual Consejería de Salud son parciales, sólo contabiliza a la población de riesgo que aparece en el sistema oficial de vacunaciones Diraya -mayores de 65 años, embarazadas y personal sanitario-, pero deja fuera a otros colectivos que también son vacunados y cuyo registro está en los distritos sanitarios, no en el Diraya: personal de las diputaciones provinciales, bomberos, policías, residencias de ancianos, ayuntamientos... Según el PSOE, este segundo registro contabiliza 4,9 millones de dosis suministradas directamente a los centros de salud, de las que fueron devueltas sin usar 534.382 [sólo entre 2014 y 2018]. Los datos oficiales de dosis suministradas y devueltas que ofrecen unos y otros son coincidentes, sin embargo, el PP denuncia un excedente “desaparecido” y el PSOE dice que ese excedente se repartió en los centros de salud a otros colectivos.

Las denuncias del Gobierno de PP y Ciudadanos contra sus antecesores socialistas en materia sanitaria se enmarcan en un contexto político muy concreto: todos los sindicatos sanitarios han empezado a manifestarse a las puertas de los hospitales andaluces por la falta de recursos y personal; en Granada se movilizaron más de 6.500 pacientes y sanitarios en las calles acusando los déficit de la sanidad pública. El PSOE cree que es una campaña de los populares para atacarles en vísperas de la campaña electoral que arranca este jueves. En el epicentro de las denuncias de la Junta está la ex consejera andaluza de Salud en 2012, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda en funciones y número uno del PSOE por Sevilla. El nombre de Montero, además, suena como posible relevo de Susana Díaz al frente del socialismo andaluz.

Las estadísticas oficiales de vacunación de la gripe del actual Gobierno de PP y Cs no cuadran con las estadísticas oficiales del anterior Ejecutivo del PSOE. Pero tampoco los datos aportados este martes por la Junta coinciden con los que esta misma Administración remitió el pasado marzo al Ministerio de Sanidad para preparar la campaña de vacunación de este año: el portavoz ha entregado a la prensa una tabla con los datos de vacunas que se han comprado, se han usado, se han devuelto y “se han perdido” entre 2009 y 2019. En la campaña del último año del Gobierno socialista [2018-2019], aparecen 1.053.716 vacunados; se compraron 1.301.028 dosis, se devolvieron 109.521 y “se perdieron” 147.791 dosis. Estos datos corresponden sólo a mayores de 65 años, embarazadas y personal sanitario, recogidos en el sistema Diraya.

En cambio, los datos que la Consejería de Salud remitió al Ministerio de Sanidad el pasado marzo para preparar la campaña de vacunación de este año son distintos, según consta en el cuadro de datos de vacunación de gripe por CCAA publicado en vuestra web: 691.685 vacunados en la campaña 2018-2019 en Andalucía: 668.921 mayores de 65 años y 22.764 personal sanitario. No aparece el dato de embarazadas vacunadas. Aún así, la diferencia respecto a los datos aportados hoy a la prensa es de 400.000 dosis más de las contabilizadas ante el Ministerio de Sanidad. Fuentes de la Consejería de Salud atribuyen este desfase al hecho de que los datos publicados por el Ministerio corresponden a marzo, “primer momento temporal del corte”, que fueron actualizados en septiembre, con la cifra de las 1.053.716 vacunaciones que muestra la tabla distribuida este lunes. Las mismas fuentes explican que el dato de embarazadas vacunadas de gripe no se remitió al Ministerio en marzo “por un desajuste interno en la consejería”. La cifra actualizada serían 53.545 mujeres embarazadas en Andalucía, de las que 24.793 recibieron la vacuna (46,3%).

La vacuna de la gripe no es obligatoria. El Sistema Andaluz de Salud (SAS) avisa a la población de riesgo, pero quien quiere sigue la recomendación y quien no quiere evita ir al centro de salud a inyectarse la monodosis. La tasa de vacunación en Andalucía entre la población riesgo es del 45,3%. La denuncia que hace la Junta es que la Administración anterior adquirió casi dos millones de vacunas que luego no usó y, sin embargo, comunicó a Madrid que sí había usado. ¿Para qué? Según Bendodo, para “equipararse con otras regiones, para quedar bien ante el resto de comunidades”. 

Junto a la denuncia, el Gobierno andaluz ha presentado la nueva campaña de vacunación de este año, con la que esperan aumentar un 15% más las vacunas que en el pasado ejercicio. Se han comprado 1.370.656 dosis y se ha invertido 3,7 millones de euros [cada una cuesta entre 2,52 y 4,29 euros]. Para aumentar el porcentaje de vacunados, la Junta ha ampliado la población diana a la que va dirigida la campaña de vacunación, incluyendo a otros tres grupos de riesgo: Menores prematuros de 6 meses a 2 años de edad; personas con trastornos de coagulación y personal de oficina en farmacias.