La Junta cifra en 4.000 millones los recursos adicionales que la nueva financiación debe aportar a Andalucía

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha cifrado en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesita Andalucía para la financiación de servicios públicos, y que deben ser aportados con el nuevo sistema de financiación autonómica. Cifra así la infrafinanciación que ya ha sido reconocida por diferentes administraciones, incluída la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.

En una conferencia en el Club Antares de Sevilla organizada por la Cámara de Comercio hispalense, Montero ha lamentado el retraso en la negociación: “hace falta entrar ya en lo concreto”. La consejera, que ha cifrado en 16.000 millones la insuficiencia de recursos para servicios públicos fundamentales en todo el país, ha detallado la propuesta que defiende la Junta y el PSOE andaluz para la reforma del sistema de financiación autonómica, que debe estar basado en la “equidad” y “redistribución de recursos” y ha rechazado que se contemplen copagos ni más potestades normativas sobre tributos cedidos, lo cual abocaría a comunidades con menos renta a una “trampa fiscal”. De hecho, algunos expertos aseguran que serán las comunidades más ricas las que más trabas van a poner sobre la mesa de negociación.

Montero, que espera que haya consenso parlamentario en torno a esa propuesta, ha indicado que la propuesta incluye nuevas variables sociales para la ponderación de la población ajustada, como ampliar el tramo de población a efectos educativos de 16 a 18 años, incorporar a los universitarios matriculados, incluir a los dependientes, así como contemplar la tasa de paro y la población en riesgo de pobreza y exclusión. No obtante, no ha aclarado si su propuesta viene avalada por el PSOE nacional, aunque ha asegurado que “cuando se llegue a un acuerdo, estoy segura de que PSOE y PP respaldarán lo que se acuerde”.

La titular andaluza de Hacienda ha apostado por la simplificación del modelo, sustituyendo los actuales fondos por tres fondos, como el Fondo de Financiación de los Servicios Públicos, cuya dotación se ampliaría con el incremento de la participación de las comunidades autónomas en la recaudación del IVA, del 50 al 75 por ciento, y en los impuestos especiales -del 58 al 75 por ciento--, mientras que se mantendría el IRPF en el 50 por ciento. Los otros fondos serían un nuevo Fondo de Desarrollo de las Autonomías, que no requeriría aportación adicional del Gobierno y se repartiría en función de la población, y un nuevo Fondo de Sostenibilidad para los Servicios Públicos.