Vox fuerza al Gobierno andaluz a acelerar la derogación de la Ley de Memoria en contra del criterio de PP y Ciudadanos

Vox Andalucía se ha desmarcado este miércoles de sus socios, PP y Ciudadanos, registrando por su cuenta una proposición de Ley de Concordia, cuyo artículo primero es la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica. El partido de extrema derecha ha acelerado un debate que ya había asumido el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, pero ni los populares ni los naranjas suscriben esta iniciativa de su aliado ni comparten sus prisas porque, dicen, se trata de un proyecto en el que ya está trabajando la Junta.

De hecho, el PP andaluz ha anunciado que también presentará una proposición de Ley de Concordia, diferente a la de Vox, en cuya redacción está trabajando el diputado cordobés Adolfo Molina. Su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, ha reprochado al grupo de extrema derecha que no haya “reflexionado” más el borrador de su propuesta, que tilda de “poco integradora”. “No representa la visión que tenemos de una Ley de Concordia”, subraya Nieto.

Anomalías

El texto que ha registrado Vox tiene tres páginas y media, una extensión inusualmente corta para una ley que pretende sustituir a la profusa y extensa Ley andaluza de Memoria. También es una anomalía que el primer artículo de la propuesta sea la derogación de la norma en vigor, que suele aparecer en una disposición adicional final, una vez desarrollado el articulado de la ley nueva. La norma de Vox limita la condición de víctima a los muertos -“los caídos”- en la Guerra Civil, y deja fuera a los represaliados durante 40 años de franquismo. Mantiene la localización y exhumación de fosas, pero paraliza los trabajos de investigación de asociaciones memorialistas o instituciones.

El portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Sergio Romero, también ha mostrado recelos respecto a esta iniciativa de Vox, “que contiene un alto sesgo ideológico”, y ha afeado a sus socios su “actitud dislocada” y su “afán de protagonismo”. “La acción de Gobierno la marcan PP y Cs. A Vox le iría mejor siendo una oposición seria que acaparando protagonismo por cada asunto”, dice Romero.

En busca de un “consenso mayor”

Otra vez, después de la crisis interna vivida a cuenta del veto parental en las escuelas, los tres grupos de derechas que sustentan al Gobierno andaluz vuelven a caminar desacompasados y con contradicciones internas. La proposición de ley de Vox obligará al Consejo de Gobierno a pronunciarse sobre la iniciativa de sus socios, previsiblemente votando en contra de la misma, dado que la Consejería de Cultura ya trabaja en una Ley de Concordia. La premisa que se marcó el presidente Moreno y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, era sacar adelante esta nueva ley “con un consenso mayor” que la actual Ley andaluza de Memoria Histórica.

Aquella fue aprobada en la pasada legislatura por el Parlamento sin ningún voto en contra, ya que los diputados de PP y Ciudadanos se abstuvieron después de largas sesiones de trabajo para consensuar un texto de mínimos. Ahora tanto los populares como los naranjas admiten que esa norma “no les gusta” y han abrazado la exigencia de Vox, recogida en el acuerdo de investidura firmado entre PP y los de Santiago Abascal, para cambiarla por una Ley de Concordia. La Junta admite, de forma extraoficial, que lograr un consenso mayor sobre este asunto en esta legislatura es prácticamente imposible, dada la polaridad de la vida parlamentaria.

Al margen del debate memorialista, la estrategia de Vox al precipitar este debate, descolgado de la agenda inmediata de la Junta, busca evidenciar el peso específico de este grupo en la gobernabilidad de Andalucía. Este asunto, que está recogido en los acuerdos de investidura con el PP, se reabre después de que la semana pasada los dos socios del Ejecutivo andaluz advirtieran a Vox de que el compromiso de regular un veto parental en las aulas andaluzas que obligue a los maestros a consultar a las familias antes de organizar actividades complementarias en sus asignaturas fuera prácticamente desechado. El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha recalcado que la ley lo impide, que el punto 19 del acuerdo suscrito con Vox carece de base normativa, y la titular de Igualdad, Rocío Ruiz, ha añadido que “el llamado pin parental no es viable ni desde el punto de vista legal ni moral”.

Esta aparentemente derrota política de Vox ha empujado al socio clave del Gobierno andaluz a endurecer sus exigencias, anticipando el debate sobre la derogación de la Ley de Memoria, que no estaba en el calendario inmediato de la Junta.

Un debate enquistado

El partido de extrema derecha plantea un texto de cuatro páginas, seis artículos y dos disposiciones finales para derogar la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, desarrollada en 33 páginas, 56 artículos y cinco disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria y otras cinco finales que contó con los votos favorables de PSOE, IU y Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos.

La propuesta arranca con un primer artículo que deroga la Ley de Memoria de Andalucía, aprobada sin votos en contra en 2017, extremo incluido en el acuerdo de investidura de Vox con el PP. El texto presentado “tiene por objetivo rendir homenaje a los caídos de la guerra civil y a su legado”, dice de forma literal. En el caso de los franquistas, estas víctimas –poco más de 8.000 en toda la región, por 45.566 de los golpistas– han recibido reparación continua durante la dictadura. Y destaca el partido “la concordia entre españoles” que aparta el “camino de enfrentamiento y resentimiento que algunos políticos emprendieron hace años”.

La propuesta de Ley de Concordia de Vox pone el foco en las exhumaciones de fosas comunes, que la extrema derecha ataca con una triple vía. Reconoce el “derecho” a “dar digna sepultura” pero solo podrán solicitar estos procesos familiares “hasta el segundo grado”, es decir, hermanos, abuelos y nietos o padres políticos y cónyuges de los hijos.

La apertura de fosas tendría como requisito indispensable la “expresa autorización de sus familiares”, según la extrema derecha. En muchos casos no hay descendientes localizados pero el Estado, según la legislación internacional, debe asumir la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

El partido de Abascal pretende negar el “ejercicio de los derechos” a “ninguna otra persona física o jurídica, pública o privada”. Con esta propuesta, asociaciones o instituciones nunca podrán solicitar “este tipo de actuaciones”. Y pide Vox, además, archivar “todos los procedimientos, solicitudes y expedientes incoados” hasta el momento. Es decir, romper por ejemplo las más de 60 exhumaciones de fosas del franquismo ya aprobadas y pendientes de ejecución presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía.

708 fosas del franquismo

Andalucía es la región más afectada por la violencia franquista. En suelo andaluz hay al menos 45.566 asesinados por los golpistas y 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía. En 2019, la región ha superado las 100 fosas del franquismo abiertas y las 4.000 víctimas recuperadas desde el año 2003.

La masacre, sobre todo en zonas sin guerra como Sevilla, Huelva o Cádiz, deja episodios como fosas de mujeres matadas como “fieras humanas”. O la ejecución de madres “en sustitución” de sus hijos. El asesinato del poeta Federico García Lorca o las 1.103 personas arrojadas a Pico Reja, como el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante.

Sin embargo, desde el principio de la legislatura Vox ha traído a la tribuna del Parlamento fosas falsas para atacar la actual ley de Memoria. La extrema derecha señaló en el Parlamento de Andalucía tumbas donde habría adeptos al golpe de Estado por recuperar, pero que ya fueron abiertas y homenajeadas por la dictadura. Mientras, llamó “buscadores de huesos” a quienes pretenden recuperar los huesos de las víctimas ejecutadas por los golpistas.

En el actual marco andaluz “hay capítulos perfectamente asumibles y otros que generan conflicto”, ha declarado la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

El Ejecutivo de PP y Ciudadanos busca aprobar una Ley de Concordia que “no fuera una ley de parte de la mayoría que gobierna en aquel momento en Andalucía”. La legislación andaluza “no le gusta” a Del Pozo pero “no está frenando” su aplicación porque “está trabajando con muchísima humanidad”, ha añadido. Pero buscar y homenajear a las víctimas del fascismo no es una cuestión humanitaria sino de Derechos Humanos como reclaman a España desde organismos como las Naciones Unidas.

Una estrategia de las derechas que denuncian las víctimas del franquismo. La titular de Cultura, en cambio, critica que en la aprobación del proyecto de Ley de Memoria los actuales socios de Gobierno presentaron 90 enmiendas y “no se admitió ninguna porque querían tener una ley con mayor carga ideológica”.