La primera vivienda expropiada en España para evitar un desahucio le costará a la familia 130 euros

María del Carmen Andújar, su marido, Manuel Luis Romero, y sus dos hijos de 15 y 17 años, podrán seguir durante tres años en su casa, situada en Huelva, tras haberse beneficiado del primer caso de una vivienda expropiada en España para evitar un desahucio. La familia, con unos ingresos mensuales de apenas 542 euros que cobra la mujer y los 400 que el marido percibirá hasta enero de 2014, es la primera con la que se completa todo el proceso contemplado en la Ley de la Función Social de la Vivienda, en vigor hace menos de una semana.

La mujer recibía la decisión del Consejo de Gobierno de Andalucía, que ha aprobado este martes este desposeimiento, como “un balón de oxígeno y una buena noticia”, después del “varapalo” que supuso la suspensión de su expediente cuando en julio el Gobierno de la Nación recurrió en Tribunal Constitucional (TC) el decreto por el que se había iniciado la expropiación. De hecho, sobre la propia ley pesa una amenaza de recurso, aunque existe la posibilidad de que Madrid convoque la comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado y negocie en este marco las discrepancias con respecto al texto. Pero a día de hoy, no está prevista su convocatoria. Igual que tampoco se sabe cuándo se pronunciará el TC sobre el decreto, que en todo caso ya ha sido superado por esta ley. Desde ese decreto hasta ahora han pasado seis meses, medio año superando trabas para poder ver los primeros frutos.

La vivienda en cuestión pertenece AyT Fondo Hipotecario Mixto III, Fondo de Titulizacióón de Activos, un fondo de participaciones hipotecarias emitidas por Caja Granada y la financiera del Grupo La Caixa, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, Credifimo. El fondo, a su vez, es gestionado por la financiera Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización SA.

De momento, no han presentado alegaciones contra este proceso, igual que tampoco procedieron a expulsar a la familia cuando se paralizó el decreto por el que se había iniciado este proceso.

“En Andalucía ni hay ni va a haber tregua contra los desahucios. Por muchos obstáculos que nos pongan, nunca nos vamos a rendir”, ha dicho en Huelva la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. “El Gobierno de España renuncia a cualquier uso social de estos inmuebles, ofreciéndolos como ganga a especuladores en busca de generar nuevas burbujas”, ha agregado la consejera de IU en referencia a los llamados fondos buitre, prestos a hacer negocios de oro con los restos del naufragio del boom inmobiliario.

Contra esto lucha la ley impulsada por el Gobierno de Andalucía, con una norma que, pese a lo que algunas voces críticas han dicho, no está regalando viviendas a cambio de nada. Detrás hay todo un proceso de negociación con la propiedad y un compromiso de pago por parte de la familia, pero todo dentro de su capacidad y con el fin último de que se cumpla la función social de la vivienda, un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.

Cuatro claves para entender cómo funciona

¿Qué paga la familia? La culminación del expediente de expropiación le asegura a esta familia un techo bajo el que vivir en alquiler social. La familia pagará el 25% de sus ingresos, y nunca más de 130 euros al mes. Es una expropiación temporal, por tres años.

¿Qué recibe la propiedad? La Junta de Andalucía ha propuesto a la propiedad un acuerdo por el uso de la vivienda durante ese periodo por 4.711 euros, justiprecio obtenido calculando el 2% del premio del remate por el que el fondo se adjudicó en subasta la misma.

¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo con la propiedad, en un plazo de 15 días, se iniciarán los los trámites para la urgente ocupación de la vivienda en tanto que la cuestión se dirime en la Comisión Provincial de Valoraciones. El trámite se llama “urgente ocupación”, pese a que la familia permanece en todo momento en su vivienda. Se trata, en realidad, de garantizar su mantenimiento en la misma.

¿Cómo funciona en los juzgados? El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huelva, que había fijado este desahucio porque la familia no hacía frente a la hipoteca, está siendo permanentemente informado de los pasos que se dan. De hecho, la familia solicitó la expropiación del uso de la vivienda el 23 de abril, cuando se había aprobado el decreto, y desde entonces la Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado tanto a nivel administrativo como mediante comunicaciones al juez para evitar su desalojo.

Habrá muchas más

Es la primera, pero no la última. La medida de la expropiación temporal del uso, recogida en una disposición adicional de la ley, tiene un alcance ilimitado. “Se acogerán a la misma todas las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos”, en palabras de la consejera. De hecho hay otros 17 expedientes –igualmente de familias sin recursos apenas y con una treintena de niños que estaban abocados a quedarse sin techo- a los que sólo les resta el paso de su culminación en Consejo de Gobierno, dado que eran los que se habían podido tramitar durante los tres meses de vida del decreto.

Pero no se ha parado y hay otros 113 listos para su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras constatar los técnicos que cumplen los requisitos y encontrarse ahora en fase de cotejo de la información. Eso sí, los potenciales beneficiarios son muchos más, retratos de la cruda realidad que azota al país con ciudadanos expulsados de sus viviendas prácticamente todas las semanas por no poder pagar sus hipotecas. En las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda hay en concreto 507 familias que ya han pedido protección. Son potenciales beneficiarios, a la espera de estudiar sus casos.

Cronología en 10 fechas

9 de abril. El Consejo de Gobierno aprueba el decreto.

4 de julio. La Junta de Andalucía solicita la convocatoria de la comisión bilateral para evitar el recurso.

23 de mayo. Se inicia en Huelva, tras su publicación en el BOJA, la primera expropiación con el decreto.

9 de julio. El Gobierno de la Nación presenta un recurso contra el decreto en el TC.

10 de julio. Elena Cortés viaja a Bruselas para defender el decreto en la Comisión Europea.

11 de julio. El TC admite a trámite el recurso y suspende el decreto. Quedan paralizados los 18 expedientes que había en marcha.

24 de septiembre. La Junta de Andalucía recibe una carta del Gobierno de la Nación mostrándose dispuesto a convocar la comisión bilateral.

25 de septiembre. El pleno del Parlamento de Andalucía aprueba la ley.

9 de octubre. La ley entra en vigor tras su publicación en el BOJA. Se reactivan los 18 expedientes paralizados y se inician otros.

15 de octubre. Se procede a la primera expropiación con la ley.