Dos altos cargos de Aznar, investigados en los ERE por unas ayudas que la jueza Alaya ignoró
El caso de los ERE sigue deparando nuevas informaciones. La Guardia Civil ha implicado a dos altos cargos del Gobierno de José María Aznar por las ayudas sociolaborales concedidas entre los años 2003 y 2005 durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva. Según adelanta este jueves el Grupo Joly, la exsecretaria general de Empleo Carmen de Miguel y la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova han declarado en relación a la causa investigadas por prevaricación y malversación.
Así consta en un atestado elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Benemérita ya advertía el pasado septiembre de las ayudas concedidas por el Gobierno a la Faja Pirítica al detectar que “presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años”. El caso es que, cuando los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado ratificaron su informe a comienzos de 2015, la jueza Mercedes Alaya, encargada entonces de la instrucción, evitó que se profundizara en las circunstancias que rodearon estas ayudas, considerando “impertinente” la pregunta que planteaba un letrado.
Los peritos, ante la insistencia del abogado, que hizo valer su protesta, admitieron que no habían examinado la tramitación de esas ayudas del Gobierno central en esos años y ratificaron su informe de 8.000 folios, presente en la causa desde diciembre de 2013 y que es la base de gran parte del procedimiento judicial.
Como se puede comprobar al margen en la transcripción de aquel diálogo entre las partes (las preguntas corresponden al abogado, Ruiz-Ayúcar y Hernández son los peritos, y “su señoría” es la jueza Alaya), tampoco se aclara por qué no se publicaron las bases para la concesión de ayudas. De haber profundizado en la cuestión se podría haber constatado que se dieron sin concurso y publicación, una circunstancia que, por cierto, estableció de forma expresa el Ministerio de Empleo un año antes de ese encuentro y que tampoco nadie advirtió.
La Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 a la que alude el perito director en este diálogo no tiene límites en la cuantía de las prejubilaciones por lo que su aplicación sería adecuada, según vienen manteniendo algunas defensas. La profundización en el asunto podría haber derivado en un análisis de estas apreciaciones, como la publicación o no de las ayudas, si pasaron por el Consejo de Ministros o no al superar cierta cantidad, si la Junta de Andalucía era competente o no para la cofinanciación, etc.
El caso de los ERE, ya con la nueva jueza Núñez, abría el pasado septiembre esta línea de investigación que había ignorado la jueza Alaya respecto a las ayudas a la Faja Pirítica, incluso con la posible imputación de Manuel Pimentel, ministro del ramo con José María Aznar. Uno de los argumentos de la tesis acusatoria de Alaya es que el método utilizado por la Junta para la concesión de las ayudas sociolaborales era “ilegal” (el repetido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”) si bien parece que dejó pasar por alto algunas ayudas que se servían de un método al menos similar, ya que fueron de concesión directa y ya constaban en las actuaciones. En este sentido, informes internos del Gobierno central validan la “concesión directa” de ayudas como las del caso ERE.
“No reunían las condiciones necesarias”
Según apunta ahora la Guardia Civil, las altos cargos son investigadas “por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones”, según Grupo Joly. La Guardia Civil las imputó al considerarlas personas “con competencia” para dar las subvenciones en el año 2003 y que lo hicieron “prescindiendo voluntariamente y de manera totalmente arbitraria de los cálculos del Instituto Nacional de Seguridad Social”. Según el atestado, de 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo, en 51 de ellas no se cumplía el requisito de los 55 años “bonificados”.
Ambas investigadas aseguraron ante la Guardia Civil que ellas no confeccionaban los expedientes e incidieron en que se trataba de un “proceso reglado”, donde el instructor del expediente comprueba “toda la documentación necesaria y su sujeción a la legalidad”. Además, añadieron que la citada Orden Ministerial de 1995 no requería que se solicitaran los coeficientes al INSS, si bien la Guardia Civil considera que esta respuesta “no justifica ni mucho menos la actuación realizada”.
Los agentes detectaron como la Administración central, “en vez de solicitar al INSS de Huelva los listados de los coeficientes reductores de cada minero para poder saber si cada uno poseía realmente más de 55 años bonificados, utilizaron los listados confeccionados por el comité de empresa de cada mina”, cuyas edades no coincidían con los cálculos del INSS, pese a que este organismo había “avisado” de que los coeficientes aportados eran “incorrectos”. La decisión se tomó, según la Guardia Civil, “debido al clima de presión generado por los sindicatos mediante manifestaciones y encierros, y además, por los reproches mutuos entre la Administración Central y la Autonómica”.
Gobierno central yJunta de Andalucía suscribieron un acuerdo el 27 de febrero de 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y el consejero de Empleo José Antonio Viera. En septiembre, se firmó el acuerdo marco, pero se empezó a producir un “clima de impaciencia” entre los sindicatos y un “clima de inestabilidad social que provoca que las dos administraciones involucradas comiencen a reprocharse mutuamente el por qué las ayudas previstas no se estuvieran entregando según lo acordado”.
“Se iba a romper nuevamente la paz social”
Entonces, se solicitó que los comités de empresa de las distintas minas confeccionaran los listados de “edades bonificadas, para definir de manera preliminar, a qué tipo de ayuda podía acogerse cada trabajador”. Esos listados eran, “como todas las partes conocían, preliminares, dado que únicamente el Ministerio de Trabajo, a través del INSS, era quien podía certificar la edad bonificada, lo que se conoce también como edad química”, se recoge en el atestado.
Según recuerda el Grupo Joly, el 26 de febrero de 2003, el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, suscribió con los representantes sindicales un acuerdo para que a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva se remitiera a las federaciones sindicales una “declaración” por la que se iniciaba el análisis personalizado de los expedientes laborales de los trabajadores afectados en la minería de la Faja Pirítica de Huelva, con el compromiso de que el INSS “agilizará al máximo” la comprobación de los expedientes y los sindicatos, por su parte, se comprometían a iniciar el “trabajo preparatorio” para la elaboración de las pólizas de prejubilación.
La Guardia Civil concluye que todas las Administraciones “se olvidan” de que la única certificación válida es la emitida por el INSS y utilizan los “listados preliminares de los sindicatos, aun reconociendo todas las partes en sus manifestaciones que no eran las definitivas” y podían tener sospechas de que los listados “podían estar inflados”. De hecho, los investigadores insisten en que ambas administraciones “eran conocedoras de que los listados presentados por los sindicatos eran erróneos al alza”, pero los dieron “por buenos” y presuntamente “de forma voluntaria” utilizaron el cálculo efectuado por cada comité de empresa de la edad bonificada y no los del INSS porque “podían intuir que si lo realizaban iba a suponer una disminución de las personas que podrían acogerse a la prejubilación, y como consecuencia de ello, se iba a romper nuevamente la paz social, es decir, que para evitar la presión social de los sindicatos (manifestaciones, encierros, etc.) presuntamente permitieron de manera consciente que a individuos que no les correspondía recibieran subvenciones públicas”.
