Una olla como símbolo de la alerta en las escuelas infantiles de Andalucía: más alumnos y los mismos recursos

En Tarifa (Cádiz) una olla pequeña se convirtió en el único refuerzo para atender a 30 alumnos más. Así arrancó allí el nuevo modelo de la Junta de Andalucía: más alumnado, pero las mismas manos para atenderlos. Ni más personal ni más medios, salvo esa cazuela para hacer más comida. Lo que para la administración es una solución a la falta de plazas, para trabajadoras y familias es el inicio de un deterioro silencioso: más niños en las mismas aulas, con los mismos recursos.

El pasado curso se matricularon en las escuelas y centros de Educación Infantil de Andalucía 89.382 menores (6.110 en cero años; 34.749 en un año; y 48.253 en dos), lo que supuso un aumento de 923 escolares con respecto al anterior curso. En muchas ciudades existe lista de espera para entrar.

Tarifa es uno de ellos, con el problema de que su única escuela infantil pública no tiene alternativa privada ni concertada. Cuando creció la demanda, la administración optó por ampliar el número de niños matriculados: de 80 a 110. Desde fuera, la medida parecía razonable. Suponía reducir considerablemente la lista de espera. Desde dentro, supuso un cambio drástico: más alumnado de entre 0 y 3 años en las mismas aulas, con las mismas profesionales y sin apoyos adicionales.

“En ningún caso se incumplen las ratios fijadas por normativa”, explican fuentes del Gobierno andaluz en Cádiz. Es decir, que en ninguna de las clases se ha excedido los ocho matriculados de entre cero a un año; ni los 13 de uno a dos años; ni los 20, de entre dos y tres años.

Educación defiende que aumentar el número de estudiantes “da la posibilidad a más familias para escolarizar a sus hijos, sin superar la ratio máxima, y sin generar necesidad de más recursos, porque las escuelas infantiles de la Junta tienen más recursos que las privadas o adheridas”.

Las mismas fuentes aseguran que esos recursos son suficientes porque, aunque haya subido el número de niños, en estas escuelas públicas ya se trabajaba con los medios de un aula con más alumnado. “Es decir, que si la clase de un año pasa de 10 a 13 niños, el número de monitores que ya tenían con 10 era el que correspondía a una clase de 13”, detallan.

“No hay ojos para ver a todos los niños”

Pero, tal y como recuerdan los sindicatos, en la educación infantil, cada gesto cuenta: una caída que se evita, una rabieta que se acompaña, una comida que llega a tiempo. Ese equilibrio frágil ha empezado a romperse en Cádiz. “Lo que trajeron para asumir el aumento fue una olla más”, explica Francisco Carrascal, responsable de Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar. “Una ollita. Nada más. Ni personal, ni apoyo educativo, ni refuerzo en limpieza o cocina. Una olla”. Para Carrascal, esa escena condensa el problema: se reconoce una necesidad real de plazas, pero se responde sin evaluar qué implica atenderla en condiciones dignas.

Hasta ahora, cualquier incremento llevaba aparejado un refuerzo de plantilla. Así se hacía desde 1991, cuando se firmó un acuerdo que regulaba las ratios en las escuelas infantiles públicas. Ese marco garantizaba una atención adecuada en una etapa educativa especialmente sensible, donde la vigilancia constante no es un añadido, sino una necesidad básica. La aprobación este año de un nuevo decreto autonómico ha permitido aumentar el número de niñas y niños sin que el refuerzo de personal sea obligatorio, rompiendo ese equilibrio histórico.

Lo ocurrido en Tarifa ha encendido todas las alarmas. En otros municipios, como La Línea, las direcciones de los centros han sido advertidas de que el mismo modelo podría aplicarse a partir del próximo curso. Esa posibilidad ha puesto en alerta a toda la red de escuelas infantiles públicas de Cádiz: 33 centros en total, con alrededor de 650 trabajadoras y trabajadores. Son 170 escuelas de la Junta en toda la comunidad.

Para quienes están cada día en las aulas, el debate sobre ratios no es técnico ni abstracto. Es físico. “No hay ojos para ver a todos los niños, no hay manos para atenderlos”, explica Carmen Marcos, educadora infantil. “Estamos hablando de aulas con 20 escolares y una sola persona. Ante cualquier situación de riesgo no puedes reaccionar como deberías”.

Necesidades específicas, problemas agravados

La educación infantil, recuerdan las trabajadoras, no es solo un servicio asistencial ni un recurso de conciliación, aunque también cumpla esa función. Es educación desde el primer momento. Cada rutina, cada juego, cada comida forma parte del aprendizaje emocional, social y cognitivo del niño. Cuando se incrementa el número de alumnos sin refuerzos, ese acompañamiento se convierte en una carrera contra el tiempo.

El problema se agrava cuando hay niños con necesidades específicas. “Cuando te meten a algún nuevo estudiante con dificultades sin apoyos, eso no es inclusión”, denuncian. “Eso es abandono disfrazado de derechos”. La inclusión real, insisten, requiere tiempo, atención individualizada y personal suficiente. Sin ello, la sobrecarga recae sobre profesionales que ya trabajan al límite.

Los sindicatos y los trabajadores vienen protagonizando protestas desde el inicio del curso. Hasta ahora la respuesta de la Junta ha sido que estas movilizaciones no están justificadas. Los sindicatos insisten en la olla comprada en Tarifa como símbolo. “No hablamos de números ni de muebles, no estamos hablando de tornillos de Ikea”, resumen las educadoras. “Hablamos de niños muy pequeños, con ritmos y necesidades que no se pueden comprimir”. Creen que el aumento se está gestionando desde un despacho, sin evaluar lo que implica en el día a día.

A este conflicto se suman reivindicaciones históricas nunca resueltas. Las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años no disfrutan de los mismos festivos locales que el resto de centros educativos, lo que dificulta la conciliación familiar y refuerza la sensación de que este ciclo sigue siendo tratado como una etapa menor. Pese a que la ley reconoce su carácter educativo pleno, la equiparación con el resto del sistema sigue siendo incompleta.

El temor ahora es que lo ocurrido en Tarifa sea solo el primer paso. Si este modelo se consolida, advierten los sindicatos, se extenderá allí donde haya listas de espera, sin reforzar plantillas ni adaptar espacios. Por eso, aunque el calendario de movilizaciones tuvo su última escenificación el 3 de diciembre, con una concentración frente a la delegación de Educación en Cádiz, se anuncian más protestas, con carácter regional, en enero. Para evitar que la olla en ebullición de Tarifa se extienda por toda Andalucía.