A la cárcel sin piedad

En el arte cristiano, la piedad suele representarse con un ángel o dolorosa meciendo el cadáver sereno del Cristo. Hay ejemplos bellísimos, no solo el famoso de Miguel Ángel en mármol. He sentido siempre predilección, desde que lo vi por primera vez en el Prado, por la tabla que pintó Antonello de Messina en el siglo XV: el de un ángel pequeño, lloroso e impotente sosteniendo el pesado cuerpo de Cristo con un paisaje plácido de olivos de fondo. Lo que voy a contar a partir de ahora no tiene nada que ver con esta pintura, y menos con el arte. Lo esbozo porque al conocer la decisión de la Audiencia de Sevilla de apremiar a los condenados por el caso de los ERE a entrar en prisión en diez días, sin atender las peticiones de un plazo más largo a ver si hay indulto o una respuesta del Tribunal Constitucional, supe también cómo dirigentes del PP, Cs y Vox jaleaban un a la cárcel ya. Pensé: ¿Qué necesidad hay de ello si la justicia ha hablado? Y deduje que en la política la piedad hoy en día es un bien escaso y hacer leña del árbol caído, lo que mola. En esto, como nos suele ocurrir con nuestro subconsciente viajero, me empezó a rondar el cuadro de Messina. Y aunque le he dado vueltas y vueltas, he decidido contar ese fogonazo aún a sabiendas de que no iba a entenderse. 

La macrocausa de los ERE, de la que he sido informadora en primera línea desde sus comienzos en enero de 2011 al juicio de la pieza política y la sentencia en diciembre de 2019, siempre estuvo adobada de confrontación política y discrepancia jurídica. Una y otra se han mantenido hasta la resolución del Tribunal Supremo. En aquel 2011 el PP veía muy cerca la hora de llegar al poder de la Junta de Andalucía después de tres décadas largas de gobiernos del PSOE, un partido al que las encuestas ya vaticinaban un declive. Como acusación popular el PP no escatimó esfuerzos en proporcionarle a los instructores vías de investigación, entre ellas la del papel de José Antonio Griñán, entonces presidente de la Junta tras suceder a Manuel Chaves. La primera instructora, Mercedes Alaya, señaló desde un principio la pirámide de responsabilidades de lo que consideraba una conspiración delictiva para conceder ayudas sin control desde la Consejería de Empleo, aunque sin mencionar nombres. Ya lo hacían en el Parlamento los dirigentes populares, con el dedo acusador a Manuel Chaves y Griñán. 

Griñán fue citado por primera vez en un auto de la instructora a instancia del PP en víspera de las elecciones generales de otoño de 2011 que ganó por mayoría absoluta Mariano Rajoy. A Javier Arenas, candidato en Andalucía, le salían a favor todas las encuestas. Se quedó con la miel en los labios. Ganó las elecciones en marzo de 2012, pero la mayoría de PSOE e IU mantuvo a José Antonio Griñán al frente de la Junta. El choque entre PP y PSOE fue descomunal y sin tregua: Javier Arenas duró cuatro meses al frente del PP-A y José Antonio Griñán algo más de un año, dimitió en agosto de 2013. A la crispación entre los dos partidos se unía las peleas internas en ambos. Y los ERE. Los periodistas andaluces de aquel tiempo no dábamos abasto. Qué estrés. 

Moreno ha conquistado el poder andaluz de forma absoluta, pero no por los ERE

El PP nunca rentabilizó en las urnas la corrupción de las ayudas sociolaborales del gobierno socialista, lo que motivó deserciones como la de Juan Ignacio Zoido, sucesor de Arenas, que también dimitió en 2014. Llega Juanma Moreno Bonilla a Andalucía y pierde en 2015 la mayoría que ostentaba el PP en plena vorágine de investigaciones de corruptelas en la Junta socialista, a la de los ERE se sumaron los cursos de formación y otras ayudas, todas con sede en Empleo. En víspera de las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, el PP logra llevar a la presidenta socialista Susana Díaz al Senado para, en un tercer grado sin precedentes y ante las televisiones, interrogarle sobre los ERE y demás casos. Moreno arrancó su campaña electoral delante de un club de alterne en el que un exdirectivo socialista había pagado consumiciones con tarjetas de la Junta. Moreno se dio un batacazo: de los 50 escaños de Arenas de 2012 pasó a 26. Parecía que el PSOE (que bajó de 47 a 33) y el PP se estaban matando el uno al otro. Los partidos emergentes, Podemos, Cs y por último Vox, fueron los beneficiados electoralmente de los escándalos de corrupción en Andalucía. Cs salvó primero al PSOE en 2015 y luego al PP en 2018, a costa de desaparecer en 2022 del Parlamento andaluz. Moreno ha conquistado el poder andaluz de forma absoluta, pero no por los ERE. Aún así, ha tenido en cuenta el trabajo de su partido como acusación en esta causa dando hueco en cargos de su gobierno a quienes lo protagonizaron, entre ellos Antonio Sanz, consejero de Presidencia, firmante de la mayoría de las peticiones de investigación por el PP a la jueza instructora Mercedes Alaya, y los dos abogados, estos con puestos de directores generales. 

El contexto jurídico es más intrincado y tampoco estuvo exento de disputas internas: entre los fiscales y la instructora Alaya, entre esta y algunos de los jueces de refuerzo primero y la jueza sustituta después, María Núñez Bolaños. Ambas protagonizaron un cruce de cartas acusadoras dignas de un serial televisivo. La solución del Poder Judicial fue poner al frente de la causa política a un instructor que no era el titular del juzgado. La discrepancia que más informaciones acaparó fue la de si el procedimiento para conceder las ayudas que luego derivaron en menoscabo de fondos públicos era legal o no. Al final se ha saldado por unanimidad de jueces y fiscales en todas las instancias de que era ilegal, lo que deriva en la condena de prevaricación de 16 excargos socialistas, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

Los actuales intríngulis del sistema judicial enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez no van a favorecer ni la estimación de un indulto ni la consideración de los tribunales que le han condenado

No ha sido así sobre una discusión mas tardía, la de la malversación de caudales públicos por parte de cinco responsables políticos ajenos a la Consejería de Empleo que era la que ejecutaba las ayudas, entre ellos José Antonio Griñán. Una discrepancia hasta el final, hasta el voto discordante de dos juezas de la sentencia del Tribunal Supremo, quienes califican de “salto al vacío” condenar a seis años de prisión por dicho delito sin pruebas y con “conjeturas”. La dureza de las objeciones de las juezas discrepantes no ha bastado para que la Audiencia de Sevilla prorrogue la entrada en prisión de los penados hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional o el Gobierno sobre el indulto. La defensa de Griñán ha vuelto a insistir en la reclamación de más tiempo. 

La piedad que yo sí siento para reclamar esa prórroga y más no es solo por José Antonio Griñán, a cuyo indulto se han suscrito políticos del PSOE, del PP y de Izquierda Unida, convencidos todos de que no solo no se ha enriquecido con la política, sino que siempre fue hombre cabal en su proceder. Las juezas discrepantes hablan de “exceso de confianza”. También por los otros excargos socialistas y, sobre todo, por Carmen Martínez Aguayo, cuyo sufrimiento tras su contribución al servicio público sin rédito personal es menos conocido, pero no menos triste.  

Me temo que Griñán y el resto de condenados ya tienen casi hechas las maletas y comprada la ropa para la cárcel. Los actuales intríngulis del sistema judicial enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez no van a favorecer ni la estimación de un indulto ni la consideración de los tribunales que le han condenado, tampoco posiblemente la del Constitucional, también en el ojo del huracán por el bloqueo del PP a la renovación del poder judicial. A todos ellos les queda también la esperanza de las instancias europeas, que con distancia y sin el fragor de la crispación política pueden dilucidar si ha habido salto al vacío. Y entonces ya será tarde hasta para la piedad política.