Más ideología que pragmatismo

La Andalucía actual se sustancia en pilares muy concretos: los sistemas públicos de salud y de educación. El escritor y catedrático de Filosofía del Derecho José Luis Serrano lo argumentó con brillantez en el Parlamento autónomo en 2015, donde ejercía de presidente del grupo de Podemos, pocos meses antes de fallecer. En un debate sobre la estructura territorial de España, reivindicó que Andalucía debería estar entre los sujetos de un hipotético pacto federal no por razones históricas (y eso que opinaba que es la nación más antigua de Europa) sino por la capacidad de crear y gestionar modelos propios de estos dos soportes esenciales para construirse como comunidad tras arrancar la autonomía en los años ochenta. Durante lustros hubo un consenso ciudadano respecto a la inmutabilidad de ambos, pero los modelos están virando, y nada tiene que ver con la pandemia ni la coyuntura económica.

Mientras todos estamos pendientes de la última trompetada de Vox (socio indispensable del Gobierno andaluz y, por tanto, decisivo), las consejerías de Salud y Educación han ido curvando el rumbo de navegación. Estaba en el guión desde el principio aunque no se quisiera ver. Jesús Aguirre venía de proclamar como senador que la sanidad universal gratuita es una utopía, y lo primero que hizo fue destinar el 60% del montante de un inservible plan de choque para aligerar las listas de espera a clínicas privadas, una fórmula que amplió este año hasta tener la previsión de gastar un 10% más de dinero público en conciertos, porcentaje que ha debido crecer exponencialmente con los ingresos adicionales del Gobierno central para combatir la Covid.

Hasta ahora Andalucía se sitúa entre las cuatro comunidades que menos externalizan (en torno a un 4%), la mayoría pruebas diagnósticas y cirugías ambulatorias, según el Ministerio de Salud. Es razonable: las intervenciones en la concertada cuestan de media cuatro veces más que en un hospital público. En la Comunidad de Madrid se ha llegado a pagar hasta seis veces más, por lo que no es baladí, y muchos menos irrelevante, cuál es el itinerario, cómo y en quién se gastan los recursos de los contribuyentes. Rentabilizar es una obligación. Cerrar los centros salud por las tardes en medio de una pandemia, dejar sin cubrir las vacaciones y bajas de los sanitarios y llevarlos al agotamiento conlleva deteriorar el sistema. Derivar a la privada en lugar de fortalecer lo público es caro e ineficaz, aparte de escamante: a qué tanto interés.

Se habla del aumento del gasto en los capítulos de salud y educación, pero se olvida añadir adónde van a ir a parar.

Lejos de ir en “beneficio del paciente”, como asegura Aguirre, lo que se consigue es el sostenimiento de la red parasitaria de lo público que describe el médico y experto Javier Padilla en su libro ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitán Swing). Lo cité en otra ocasión y lo reitero: es muy pedagógico, máxime en estos días de gigantesca confusión. Con el dinero de todos se garantizan los ingresos estables del negocio privado, a la vez que con las deficiencias se incentiva al sector de las compañías de seguros, cuyas cifras alcanzan registros espectaculares. El peligro no es que se produzca una privatización completa a la manera de Estados Unidos (por cierto, más costosa, ya que los españoles a través de nuestros impuestos pagamos mucho menos que el norteamericano medio en seguros y tratamientos), el riesgo está en su jibarización con el propósito de alimentar la floreciente industria de hospitales privados que ya se ve.

Lo mismo cabe decir de la educación, la otra pata de la patria andaluza moderna en la que nos reconocemos, cuyos responsables ultiman extender los conciertos (esto es: la subvención) en las etapas postobligatorias de Formación Profesional y Bachillerato, una apuesta inequívoca por potenciar los centros privados y su provecho, buena parte de ellos religiosos y de organizaciones segregadoras como el Opus Dei, con un coste anual para el Estado de unos 6.000 millones de euros, según cuenta en su libro Iglesia S.A. (AKAL) el periodista Ángel Munárriz. A comienzos de año se produjo una huelga por el temor de que la gestión escorada de la Junta devenga en el vacío progresivo de las aulas públicas, el cierre escalonado de unidades y el despido de interinos. 

El populismo de derechas predica que cualquier cosa se arregla bajando impuestos (a las rentas altas) y también con la colaboración pública-privada, que las más de las veces consiste en externalizar. Por eso se habla del aumento del gasto en los capítulos de salud y educación, pero se olvida añadir adónde van a ir a parar. Pese a lo que predica de manera obsesiva el Gobierno de coalición de Moreno Bonilla, en esto no hay ni rastro de espíritu pragmático y mucho de principios ideológicos, y ya se sabe que la ideología es capaz de retorcer la realidad hasta extremos asombrosos. Porque las cuentas no salen, a no ser que sean las del Gran Capitán. Como dijo José Luis Serrano, Andalucía es fundamentalmente su sanidad y su educación públicas; defenderlas es defender esta tierra.