Abengoa camina a la “paz social” tras dimitir su presidente y entrar los pequeños accionistas en el consejo de administración
Los accionistas minoritarios de Abengoa, agrupados en la plataforma Abengoashare y con un control del 21% del capital, han logrado este viernes su objetivo de hacerse con el control del consejo de administración de la matriz y de entrar en el de su filial Abenewco1, tras forzar la dimisión de su presidente, Juan Luis López Bravo, el segundo que cae en poco más de un año, después de que en 2020 saliera Gonzalo Urquijo.
La lectura que desde la empresa se ha hecho de estas decisiones es que se consigue “la paz social”, precisamente lo que exigía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para entrar con casi 250 millones de euros en la operación por la que el fondo Terramar se haría con la compañía, en concurso de acreedores desde comienzos de año. La solución, pues, parece más cerca tras casi dos años de tensiones.
En la misma sesión se ha nombrado consejero a Clemente Fernández, que es el candidato de Abengoashare para la presidencia, de momento a la espera de la próxima junta de accionistas, que probablemente lo convertirá en el tercer presidente de la firma en menos de dos años. Su entrada ha sido por el procedimiento de cooptación, hasta la celebración de la próxima junta de accionistas, que deberá convocarse de inmediato. Entra para cubrir la vacante que dejó Margarita de la Riva Smith el pasado 19 de mayo. Mientras, la que ha dejado Juan Luis López Bravo ha permitido el nombramiento a su vez como consejero de otro representante de la sindicatura, Alfonso Murat, también por el procedimiento de cooptación.
En paralelo, se ha trasladado al administrador concursal, EY Abogados, una propuesta de nombramiento de Clemente Fernández y Joaquín Martínez-Sieso como consejeros de Abenewco1, la filial a la que han sido traspasados los activos de la multinacional y en la que los minoritarios conseguirían así su objetivo de tener voz y voto en lugar de quedar relegados a la matriz despatrimonializada. En este mismo consejo de administración sí se quedaría Juan Luis López Bravo, pero como presidente no ejecutivo, junto a Álvaro Polo Guerrero. Con estos acuerdos, “se reconstituye el consejo de administración y se se alcanza la paz social para la compañía y su grupo”, sostienen desde la empresa, que está a la espera de que se cierre el acuerdo entre Terramar y los acreedores, básicamente KKR y Santander.
El aval de la SEPI, de todas formas, necesitaría pasar por el Consejo de Ministros, si bien desde el Gobierno de España se ha mostrado a favor de esta operación que salvaría a una multinacional que ha sido referente en Andalucía, pero arrastra años de crisis con dos rescates en cinco años y el plan de viabilidad fallido que le costó el puesto a Gonzalo Urquijo, toda vez que ya se había desatado la guerra con los minoritarios.
Su victoria de este viernes supone también que intentarán modificar el plan que se negocia con Terramar y es probable que propongan a otro socio para la salvación. Entre otras cosas, porque los minoritarios se han mostrado siempre recelosos del fondo estadounidense, especializado en hacerse con empresas en bancarrota. De momento, la oferta de Terramar pasa por poner 200 millones de euros por Abenewco1, de los que 140 serían en créditos, para hacer frente a la deuda con los acreedores, y el resto, en capital. Controlaría así el 70% de la empresa.
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