¡Qué fácil y qué miserable es cortar el agua a quien no puede pagarla!

Resulta del todo absurdo tener que justificar en 2016 que el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas. Nadie pone en duda el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero la realidad tozuda es que en distintas ciudades y pueblos de nuestra Andalucía existen viviendas sin agua y sin saneamiento en las que malviven, en la mayoría de los casos, personas excluidas con una realidad económica penosa y a las que las distintas administraciones llevan años y años dando la espalda e incluso, en algunos casos, acosando y hostigando de forma inhumana.

Desde distintas instancias y desde distintas administraciones se reconoce formalmente el derecho al agua: el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos…”. En septiembre de 2015 el pleno de la Eurocámara respaldó la iniciativa ciudadana Right2Water en la que “se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento” tal como era reconocido por la ONU cinco años antes. Esta iniciativa se trasladó a España a través del Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015) a la que se sumaron más de 300 organizaciones sociales de distintos tipos y que ha ido llegando y ha sido aprobada por diferentes ayuntamientos.

En octubre de 2015 el Parlamento de Andalucía aprobó una moción que defendía el acceso al agua como un derecho humano en la que se incluía prohibir los cortes y garantizar un mínimo vital de 100 litros por persona y día. Dos meses después el Defensor del Pueblo Andaluz presentó en el Parlamento un Informe Especia “Servicio de suministros de agua, garantías y derechos”. Dicho Informe termina con “Recomendaciones y sugerencias2, entre ellas la número 11: ”Que se modifique la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, para incluir un reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera“.

A pesar de todas las declaraciones y acuerdos, la realidad es que el derecho al agua sigue sin ser efectivo para una parte significativa de la población andaluza, que sigue sufriendo los cortes del suministro o que simplemente no tienen acceso al agua y al saneamiento por vivir en viviendas ocupadas, barrios en exclusión o por vivir en la calle. El Ayuntamiento de Córdoba está siendo valiente e imaginativo para garantizar el derecho al agua al apostar por otorgar el suministro de agua sin entrar en las cuestiones relativas a la propiedad de la vivienda. En este sentido es claro que, en ningún caso, la burocracia o los requisitos exigidos (como está pasando en ocupaciones individuales o colectivas), pueden anteponerse al derecho humano al agua y al saneamiento.

Sólo unas administraciones que pongan en el centro de su actuar cotidiano el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, en este caso el derecho al agua y al saneamiento, y que den pasos en el cambio de reglamentos, al tiempo que garantizan los derechos desde ya, serán dignas de contar con el aplauso y la aprobación de la ciudadanía. Las otras administraciones que siguen cortando el suministro y que siguen poniendo palos en las ruedas de los derechos son ya administraciones del pasado que sólo merecen nuestro rechazo y nuestro desprecio y que bien haríamos en ver cómo podemos deshacernos de ellas.