El Ayuntamiento de Huelva asume un sobrecoste de 128.000 euros a una compañía investigada en la Gürtel
La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Huelva (PP), que será disuelta en el pleno de este lunes y dejará sin empleo a 12 personas, asumió un sobrecoste de 128.000 euros a OHL, compañía de Villar Mir investigada en la trama Gürtel, por las obras del aparcamiento del hospital Juan Ramón Jiménez onubense, que se dispararon con respecto al presupuesto inicial.
Tras destaparse que con cargo a esta empresa se han pagado en los últimos años hoteles de lujo y viajes, el digital diariodehuelva ha avanzado que la EMV llegó a aprobar sin justificar los 128.000 euros citados, lo que se ha sabido ahora mediante una auditoría elaborada por la compañía Leal & Martín Auditores, y que ha descubierto el apunte en las cuentas del ejercicio de 2012, realizado a favor de una de las empresas investigadas por aparecer en los papeles de la presunta doble contabilidad del Partido Popular.
Textualmente, la empresa auditora señala en su informe que no dispone “de documentación alguna que justifique la autorización de la asunción de este sobrecoste por parte de la empresa”, además de reclamar el reconocimiento de la deuda a favor del contratista“, que tampoco aparece.
El informe detalla que el “sobreprecio” de la obra del parking supone el incumplimiento de la cláusula tercera del contrato de adjudicación, que contempla que “el precio se entenderá fijo durante toda la obra, no pudiéndose efectuar revisiones del mismo”, y que “no existirán variaciones en cuanto al precio total del contrato, siendo el precio cerrado y llave en mano”, añade la auditoría.
La obra fue concebida inicialmente para solucionar el mal estado de los aparcamientos del hospital onubense. Tras el arreglo, unos aparcamientos que tenían el pago de tarifa plana a los vigilantes municipales, pasó a tener tarifas por usos similares a los de la zona azul.
Concretamente, la documentación señala que la obra se contrató por 1.556.911,74 , pero fue facturada en 1.685.235,82. La diferencia fueron los 128.000 euros citados, concretamente 128.324, 08 euros.
Un nuevo letrado, cesado de la Gerencia de Urbanismo
A los hoteles, viajes e incluso el pago de un desplazamiento a Madrid de una concejala de la localidad de Cumbres Mayores, se une el hecho de que la polémica empresa, que ha dejado sin pagar dos nóminas a sus trabajadores, contrató en 2013 a un abogado, lo que no tendría mayor importancia, si no fuera porque ya contaba con asistencia legal, y el mismo letrado acababa de ser cesado como gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
El 28 de junio de 2013, según recoge el mismo digital, se firmó un acuerdo que contemplaba el pago de 7.000 euros para la defensa ante la denuncia de una constructora. Sólo unos días antes, a los trabajadores se les impuso un convenio, ahora declarado nulo por un juez, que en algunos casos rebajaba los sueldos de los trabajadores en un 60 por ciento.
A la espera de que se haga efectiva la disolucion de la empresa, las reacciones políticas van a llegar al mismo pleno donde se debe disolver la empresa. Izquierda Unida ya ha anunciado que defenderá que el Ayuntamiento de Huelva rechace el despido de la plantilla de la EMV, y se abra un proceso de negociación con los representantes sindicales para alcanzar una solución“.
El concejal de Izquierda Unida en Huelva, Juan Manuel Arazola, ha señalado se va a pedir “que el equipo de gobierno del PP aclare detalladamente, todos los gastos que se han llevado a cabo con cargo a esta empresa municipal y que, según se ha denunciado en los medios de comunicación, no corresponden a las actividades de la misma”.
Como se recoge en el Plan de Ajuste municipal, ya que ha pasado hasta por tres distintos, disolver la empresa supondría un ahorro de 1.200.000 anuales, de modo que entiende que se busca simplemente despedir trabajadores para pagar menos nóminas.
Por su parte, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al alcalde, Pedro Rodríguez, que dé explicaciones sobre las facturas cargadas a la Empresa “que nada tenían que ver con ésta, ni con personas relacionadas con la misma”.
Los socialistas han reclamado que “se asuman responsabilidades ante unas actuaciones irregularidades que ni el alcalde ni ningún miembro del equipo de gobierno han desmentido, por lo que son ciertas”.
El viceportavoz socialista, Miguel Ángel Mejías, ha indicado que se analizarán las 64 facturas y “se les dará el recorrido que la ciudad se merece”, al tiempo que ha indicado que “mientras se cargan estas facturas que no le corresponden a la empresa de la vivienda, se han dejado de cumplir responsabilidades que sí le son propias como el pago de la luz en viviendas municipales que le ha ocasionado el corte del suministro a dos bloques”.
