Hará un año cayó en mis manos por error una hoja cuadriculada que contenía un contrato manuscrito de préstamo privado firmado en una barriada del norte de la ciudad de Sevilla, en el que un señor se comprometía a prestarle 100 euros a otro, a devolver en un mes, junto con 100 euros por intereses.
Primero creí que no estaba leyendo bien el texto. Lo repasé y comprobé que mi lectura era correcta. Luego pensé que estaba ante un caso extremo e inusual de usura de alguien que, codicioso, se aprovecha de una persona necesitada. Pero después me pregunté si no estaría ante algo habitual para las personas con menos recursos, y que los que estamos en el lado “bueno” de la sociedad no vemos. El tema quedó ahí, con intención de ahondar más tarde en ello. Hace poco he tenido la oportunidad de retomar este asunto, a raíz de la difusión del VI Barómetro de Minicréditos, elaborado por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), que ha provocado noticias sobre ese tipo de operaciones, que permiten explorar un poco el mundo de los microcréditos.
Lo primero que he sacado en claro es que desde el lado “bueno” de la sociedad desconocemos algunos graves problemas de nuestros conciudadanos. El acceso de una parte de la población al crédito a corto plazo permanece en esa zona de sombra. Acceso al crédito para la supervivencia cotidiana, para llegar a fin de mes, meta que aún es una hazaña para muchas familias en Andalucía y en España. Ahí están los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que señala que el 10,7 % de los hogares andaluces (y el 8,7% de los españoles) tuvo en 2024 “muchas dificultades” para llegar a fin de mes, y otro 16,2% de los hogares andaluces admitía tener “dificultades” para llegar.
Necesidades de crédito también para resolver las demandas imprevistas que la vida impone, que, como la Encuesta de Condiciones de Vida también nos señala, muchas personas no tienen capacidad de atender. Inocentemente creía que esas necesidades estaban resueltas hoy por las entidades financieras convencionales, sin advertir que para muchas de las familias que precisan de pequeñas financiaciones con rapidez, la mayoría de esas entidades carecen de productos financieros acordes a los perfiles de estos demandantes.
Sus promotores tratan de hacer valer su "normalidad", ante los recelos que ofrecen sus rasgos, tan próximos a lo que desde hace siglos se ha denominado usura
La segunda cosa que he sacado en claro es obvia: el mundo de los microcréditos personales existe, ¡vaya que si existe! Su mercado está compuesto por quienes se hallan fuera del sistema financiero tradicional, sin poder acceder a una tarjeta de crédito o de compra. Una franja de ciudadanos cuya magnitud y segmentación solo podemos intuir, entre los que previsiblemente son mayoría quienes no llegan a fin de mes o tienen una demanda imprevista. A ellos se suman quienes precisan liquidez para consumo superfluo o adicciones, y quienes pretenden obtener dinero sin pagarlo, segmento que llena los juzgados con sus pleitos.
Para atender ese mercado han aflorado empresas que ofrecen microcréditos, productos financieros cuyas cuantías no suelen exceder los 300 euros (aunque pueden llegar a los 2.000), a devolver en plazos que rondan el mes (no suelen exceder los 90 días), que se gestionan muy rápidamente (horas), la mayoría de las veces a través del móvil, con muy pocos papeles, y que aportan inmediatamente el dinero a los solicitantes (un día máximo).
Las empresas que ofrecen microcréditos responden a un tipo que ha existido desde tiempo inmemorial en el plano informal (los prestamistas privados siguen siendo hoy bien conocidos en barrios y pueblos), pero que ahora afloran formalmente bajo el término un tanto eufemístico de empresas de “microcrédito”, sacando a la luz a la par un flujo de recursos de procedencia que quizás no resista la mirada de otros campos normativos. Sus promotores tratan de hacer valer su “normalidad”, ante los recelos que ofrecen sus rasgos, tan próximos a lo que desde hace siglos se ha denominado usura.
Las empresas de microcréditos que operan en España con un mínimo tamaño apenas suman una treintena, de las que apenas cinco concentran el 80% del negocio. No estamos ante un nuevo “sector” financiero. Estamos más bien ante un cártel en torno a un determinado tipo de productos, encuadrables por su objeto en el campo del crédito al consumo. Una parte de los operadores son prestamistas, pero otra parte importante se limitan a la gestión comercial de fondos y productos de otros agentes, de quienes en muchas ocasiones poco sabrá el prestatario.
Este negocio se halla en plena expansión, como dan cuenta los informes anuales de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito sobre las Tendencias del Crédito. De los cuatro sectores que para ese informe configuran el mundo de los establecimientos financieros, todos referidos a productos para el consumo, el de las microfinancieras es el que más crecimiento muestra, con mucha diferencia.
En nuestra sociedad a muchos vecinos el dinero les cuesta intereses de cuatro y cinco dígitos, cobrados por empresas que se anuncian alegremente en los medios
La tercera cosa que me queda clara es que el mundo de los microcréditos es bastante opaco: en su dimensión y alcance, su operativa (condiciones, penalizaciones, productos vinculados…), el origen de sus recursos, su regulación y seguimiento. El que una buena parte de las operaciones se haga por canales digitales (mayoritariamente móviles) refuerza esa opacidad, que impide conocer con mediana certeza los rasgos básicos de este negocio, del que sólo puedes entrever algo a partir de fuentes de algunos de sus propios operadores.
Así, informes de una empresa señalaba hace años que Andalucía sería el tercer mercado en España; otros informes recientes sobre los perfiles de los usuarios apuntan a que un tercio de las operaciones se realizan con personas de menos de 35 años (la propia ASUFIN alertaba hace semanas de la creciente presencia de jóvenes en ese mercado) y a que las mujeres forman un 40% de la demanda. Y otros informes señalaban que a finales de 2024 se estaban cerrando ya 600.000 operaciones mensuales, más del triple que las realizadas en un año entero por la única banca relevante que atiende este tipo de demanda.
El potente marketing del que se dotan las empresas que venden microcréditos se esfuerza en dar apariencia de normalidad a sus productos que se publicitan con intereses de un 0 % TAE (Tasa Anual Equivalente) en la primera de las operaciones. Poco dicen de la que cobran en la segunda operación, y menos aún de los precios de las penalizaciones en retrasos en los pagos y de sus refinanciaciones.
La cuarta y quizás más importante cuestión que me ha quedado clara es que mi escandalizada apreciación de la operación de la que tuve conocimiento se fundaba en una apreciación falsa: era el coste de una operación normal. Porque los precios habituales de las operaciones están por encima de los 3.000% TAE (sí, aquí va en letras: TRES MIL por ciento).
Los recientes datos de ASUFIN, en línea con los manejados por la asociación de “microprestamistas” y por otros actores, señalan que la TAE media en julio de los micropréstamos de 300 euros a 30 días es de 3.417%, y las operaciones a 7 días iban a unas TAE de 5.000% a 17.000%. Son precios a una notable alza en los últimos meses, quizás acordes con la expansión de la demanda.
O sea que en nuestra sociedad a muchos vecinos el dinero les cuesta intereses de cuatro y cinco dígitos, cobrados por empresas que se anuncian alegremente en los medios. ¿Nos parece normal? ¿Es que ya estamos hechos a todo?
El propio recurso a los microcréditos expone a personas que se hallan en el límite de la marginalidad o de la pobreza a caer en ella
En España la regulación de la usura –el cobro de un interés desmesurado, según la tradición romana, cristiana y jurídica de Europa– está definida en la Ley de 23 de julio de 1908, de Nulidad de los Contratos de Préstamos Usurarios, que dice en su artículo 1 que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
Las empresas que están hoy en este tipo de negocio consideran y argumentan ante los tribunales que cobrar una TAE de 3.500% o 14.000% no es usura, ya que dicen operar a los precios “normales” en España de los micropréstamos (los suyos, marcados por cuatro o cinco empresas), y, sostienen en consecuencia que sus operaciones no podrían ser anuladas al amparo del marco regulador existente. ¿Qué va a decir si no un prestamista? Vienen alegando lo mismo desde hace milenios.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo juzga la normalidad del coste de un préstamo conforme a la distancia de su TAE con las series de TAES publicadas por el Banco de España. Los valores de esas series en julio de 2025 para “operaciones de consumo y de otros fines de los hogares” se hallan entre el 8,19% y el 5,01%. Los “microprestamistas” argumentan que esas interpretaciones no les son de aplicación, ya que sus operaciones forman un “sector especial”, sobre las que el Banco de España nada dice, y se conforman en un marco de libertad de pacto. Ese mismo fondo argumental –somos especiales– lo empleaban también los prestamistas de hace siglos. Argumentan también que quienes suscriben esos préstamos no se hallan en las circunstancias amparadas por el ámbito de protección de la norma.
En este escenario de presión y tensión, no hay todavía un pronunciamiento específico del Tribunal Superior de Justicia sobre este tipo de producto, si bien son varias las sentencias de “jurisprudencia menor” que se inclinan por considerar que estos créditos se hallan sujetos a la Ley de 1908, trasponiendo a ellos los criterios del Supremo en la calificación de “usura” para otros productos financieros.
Poco interés ha habido en la esfera política española por impulsar productos y soluciones satisfactorias para la cobertura de las necesidades a corto de personas que se hallan a menudo en los límites del sistema
A pesar de la propaganda política y religiosa sobre que “de la pobreza se sale”, aunque con esfuerzo, las cosas obviamente no son tan fáciles, como bien sabemos en una región en la que muchas familias han carecido de cualquier soporte patrimonial hasta hace unas décadas y aún hoy. Basta un tropezón, un percance, un evento sobrevenido para que cualquier camino de mejora se vea bloqueado. Y si para levantarse de esa caída es preciso pedir dinero, esa propia petición, a los precios con que operan los microcréditos, será una causa más de retardo o retroceso en ese camino de mejora. Además el propio recurso a los microcréditos expone a personas que se hallan en el límite de la marginalidad o de la pobreza a caer en ella.
Poco interés ha habido en la esfera política española por impulsar productos y soluciones satisfactorias para la cobertura de las necesidades a corto de personas que se hallan a menudo en los límites del sistema y para topar los precios de los microcréditos. No obstante ya hay iniciativas de asociaciones, de colectivos profesionales, y todo un conjunto de esfuerzos y recomendaciones en Europa, para que se regule y se ponga un límite claro a los precios, a las condiciones en las que operan, a la publicidad con que se presentan, a la transparencia sobre el origen de sus recursos.
No es una reivindicación utópica. Diversos países europeos, como Francia con su “tasa de usura”, cuentan con una clara regulación de precios máximos, que tiene una sólida fundamentación en los pronunciamientos del derecho romano al respecto, de los que la norma de 1908 es heredera. Otros países cuentan con normas sobre su transparencia.
Mientras que las autoridades que supervisan a las entidades financieras no presten atención a las empresas que operan en este negocio, el recurso al microcrédito, formal o informal se convierte en un factor de consolidación y extensión de la pobreza
Esos esfuerzos no han dado fruto aún en el ámbito español. Entre las iniciativas que, a mi juicio, deberían llevarse a cabo para afrontar el abuso de los precios con que operan los microcréditos, resaltaría las siguientes:
Mientras no se disponga de un marco interpretativo inequívoco de la norma, mientras que las autoridades que supervisan a las entidades financieras no presten atención a las empresas que operan en este negocio, y no madure una oferta convencional (y asequible) para atender a las inevitables demandas premiosas de financiación por parte de la población más vulnerable, el recurso al microcrédito, formal o informal, será inevitable, y, a los precios actuales, se convierte en un factor de consolidación y extensión de la pobreza.
Quizás el contundente y agresivo pulso que las empresas de microcrédito están planteando a las instituciones que regulan y que operan en el mercado financiero español brinda una nueva oportunidad para diseñar e impulsar soluciones eficaces.
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