Desde hace unos días han aparecido en nuestra ciudad numerosas vallas publicitarias colocadas por el Ayuntamiento de Sevilla, así como anuncios en los autobuses urbanos, sitios web y prensa escrita, con el objeto de dar a conocer a la población sevillana la existencia de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) de EMVISESA.
La campaña presenta a esta Oficina como lugar a donde dirigirse para resolver los problemas de vivienda. Y se explaya en sus consideraciones: “El Ayuntamiento de Sevilla considera que la vivienda es 'un derecho como una casa' y desea poner todos los medios a su alcance para darle cumplimiento”. Al mismo tiempo la describe como “… un lugar al que dirigirte para recibir una atención directa e integral relacionada con tus necesidades de vivienda”.
Vayamos por partes. La Oficina fue puesta en marcha a finales de mayo, hace cinco meses y su situación actual, pese a la entrega y el buen hacer de las personas que allí trabajan, es de verdadero bloqueo, porque aunque el porcentaje de personas afectadas por problemas de vivienda que ha acudido en búsqueda de soluciones es bajo frente al total existente, las que han ido no encuentran en su mayoría soluciones reales. Parece que este Ayuntamiento no quiere enterarse de que la prevención, el asesoramiento y la intermediación con buenas intenciones no bastan, ¡ese no es el meollo del problema!
Las personas que trabajan en la OMDV no dan abasto para atender tanta demanda lo que dificulta la gestión de los expedientes ya abiertos y más aún el abordaje de nuevos casos. Por otra parte, en muchos casos las personas buscan soluciones que la Oficina actual no puede darles. La campaña ahora iniciada lo que hará es profundizar el colapso y decepcionar, una vez más, a quienes acudan en busca de una vivienda inexistente.
El grueso de los servicios de la Oficina ya estaba siendo prestados –por cierto, con mucha eficacia y de forma desinteresada- desde hace muchos años por distintos movimientos sociales, como los Puntos de Información de Vivienda y Encuentro del 15M (PIVES) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Que la administración pública se haga cargo de ellos es un paso adelante, aunque esas funciones sean sólo un paliativo, casi un placebo, en la inmensidad de la tragedia.
El problema central es que no hay una política de vivienda que encare de forma decidida las demandas de la población. El problema central es que la administración carece de viviendas públicas para ser ofertadas en régimen de alquiler social a las familias más necesitadas. El problema central es que los bancos y financieras acaparan un importante número de viviendas que no pueden vender ni quieren poner en régimen de alquiler económico y que al retenerlas les permite mantener los precios de venta y alquiler inamovibles…
Parece que no se quiere entender que una familia con mínimos ingresos o sin ellos debe, en primer lugar, comer y subsistir y que la profunda y continuada crisis no permite con ingresos mínimos pagar precios de mercado libre, lo que lleva a muchas familias a ocupar viviendas, procesos judiciales, desahucios, angustia permanente… con tal de no vivir en la calle. Y los poderes políticos y económicos se desentienden de la cuestión, miran para otro lado o venden humo.
El estado de emergencia habitacional, como hemos dicho otras veces, requiere medidas de calado. La única solución posible es ofrecer viviendas a la gente que las necesita a través de un alquiler social proporcional a los ingresos reales de la familias y la carencia de pisos se debe atacar exigiendo a los bancos que pongan en circulación las viviendas que acaparan en alquileres sociales y que las administraciones graven de forma contundente sus pisos cerrados, y, mientras se implementa, denunciar públicamente y sin ambigüedades esta situación de ignominia, exigiendo a las autoridades andaluzas y estatales enérgicas medidas en la misma dirección.
A día de hoy EMVISESA sostiene que ha atendido a cerca de 200 familias en situación de inminente desahucio y ha facilitado viviendas en alquiler social a unas decenas de familias en situación extrema, al borde de la calle. Pero también sabemos que es incapaz de dar respuesta a los centenares de casos con necesidades constatadas de vivienda, baremados por los Servicios Sociales, por no hablar de las familias compuestas por tres generaciones hacinadas en un piso pequeño, ni a las miles de personas ocupando, ni a las personas jóvenes que necesitan independizarse, ni a las personas mayores o con movilidad reducida presas en sus bloques sin ascensor…
Paralelamente se ha anunciado que la puesta en marcha del censo de viviendas vacías en manos de bancos y financieras ha sido aplazado hasta el 2017 por falta de presupuesto. Y sin diagnóstico proveniente del conocimiento de una parte importante de la realidad, el prometido Plan de Vivienda no es realizable con seriedad, con lo que se da la paradoja que ante un gran problema no tenemos una estrategia para resolverlo.
Ante lo dicho con anterioridad nos preguntamos: ¿Tiene sentido una Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda dependiente de la Empresa Municipal de VIVIENDA sin viviendas que ofrecer? ¿Tiene sentido lanzar una campaña de publicidad generando falsas expectativas de soluciones? ¿Tiene sentido que se llame Oficina por el Derecho a la Vivienda a una Oficina que no puede garantizar ese derecho? ¿No habría que revisar el nombre de la Oficina? El derecho a la vivienda no puede ser demagogia y es denigrante tener que mendigar por despachos demostrando extrema pobreza.
Mientras tanto la clase política que gobierna nuestra ciudad sigue declarando que la vivienda es “un derecho como una casa” y la ciudadanía puede pensar que tienen “una cara como el cemento”.
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