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#Queridocandidato Políticas públicas de la memoria para construir democracia

"El proceso de transición de la dictadura a la democracia no reconoció a las víctimas del franquismo y solo la iniciativa ciudadana, materializada en el movimiento memorialista, ha emergido el reclamo de la tríada indisociable de verdad, justicia y reparación".

"La defensa de los derechos humanos de los represaliados por el fascismo no debe ser un gesto institucional sino una acción de Gobierno para profundizar y fortalecer la identidad democrática de Andalucía".

Manifestación republicana. / Juan Miguel Baquero

Manifestación republicana. / Juan Miguel Baquero

Estimado candidato:

La mirada al pasado y la implementación de políticas públicas de la memoria no debería entenderse exclusivamente como un gesto institucional para satisfacer una creciente demanda social y siempre constreñido a la precaria disponibilidad presupuestaria, sino que, por el contrario, debería ser asumida como acción decidida de gobierno para la profundización y fortalecimiento de la identidad democrática de Andalucía.

Como se sabe, el proceso de transición de la dictadura a la democracia se llevó a efecto sin reconocimiento alguno de las víctimas del franquismo que fueron invisibilizadas y condenadas al olvido, careciendo durante la mayor parte de la etapa democrática de representación en el espacio público. Solo a través de la iniciativa ciudadana, materializada en un incipiente movimiento memorialista conformado por numerosas entidades y agrupaciones de familiares, han emergido las víctimas del franquismo como nuevo actor social que reclama la tríada indisociable de verdad, justicia y reparación como un derecho inapelable de toda sociedad democrática.

La situación española contrasta con la del entorno europeo –al que en tantas cosas se trata de emular–, donde las víctimas de las dictaduras totalitarias y la lucha contra el nazi-fascismo y el estalinismo forma parte esencial de las políticas de memoria y reconocimiento por parte de la mayoría de los estados. La negación sistemática de las víctimas del franquismo por parte del Estado español es tan evidente que Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición denunciaron en sendos informes el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de desapariciones forzosas y el estado de indefensión de las víctimas, a la vez que aportan una serie de recomendaciones que deberían constituir una hoja de ruta de obligado cumplimiento.

Es cierto que en Andalucía la Administración ha establecido en esta última década programas de subvenciones a entidades memorialistas, ayuntamientos y universidades enfocados básicamente a tareas de investigación y reconocimiento a las víctimas del franquismo y ha dispuesto algunas medidas de reparación a personas que sufrieron prisión o vejaciones. También se aprobó un decreto por el que se crean y regulan la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía o de manera más tímida se han acometido unas pocas exhumaciones de fosas comunes. Y suponiendo, sin duda, un avance sustancial, todavía se percibe como insuficiente.

En la última legislatura que recién se ha dado por concluida estaba proyectada la aprobación de una Ley de Memoria Democrática de Andalucía que solo se quedó en Anteproyecto. Desde mi modesta posición, considero que dicho Anteproyecto, salvando algunos puntos que deberían revisarse, sobre todo con relación al excesivo tutelaje por parte de la Administración con respecto a las iniciativas ciudadanas, y siendo conscientes de los límites competenciales de la Junta de Andalucía, supone un gran paso adelante y por tanto habría que retomarlo, someterlo a un proceso de participación ciudadana en busca de los máximos consensos.

En este sentido, es esencial concebir todo planteamiento sobre la memoria y las víctimas como patrimonio colectivo de toda la ciudadanía andaluza y evitar cualquier tipo de instrumentalización político-partidista desde las instituciones. Sería deseable un impulso a la causa de la memoria por parte de la máxima instancia de gobierno. Hasta el momento ningún presidente ni presidenta de la Comunidad se ha reunido con las víctimas del franquismo, con sus familiares, con las asociaciones memorialistas, o ha visitado una exhumación de una fosa común o ha hecho acto de presencia en el campo nazi de exterminio de Mauthausen donde fueron convertidos en cenizas más de 1000 andaluces, o a acudido a un acto de homenaje promovido por alguna entidad memorialista.

Estos gestos siempre se delegan en otras autoridades subalternas como si fueran asuntos de menor grado. Del mismo modo, los asuntos de la memoria, entiendo, que deben ocupar una posición transversal en toda la Institución –con especial presencia en Cultura, Educación, Justicia, Presidencia, Sanidad, etc.– y no quedar constreñidos en un departamento estanco.

Decía que el Anteproyecto avanzaba en cuestiones cruciales que precisan, por higiene democrática, de una pronta actuación. Destacamos, por economía de espacio, solo algunas demandas:

No se puede prorrogar un día más el tema de las exhumaciones que tanto sufrimiento provoca entre los familiares de las víctimas que yacen en alguna de las cientos de fosas comunes que inundan nuestra Comunidad. El próximo gobierno andaluz debe arbitrar medidas con carácter de urgencia que posibiliten de manera ágil que los familiares puedan dar digna sepultura a sus seres queridos. No es cuestión de política partidista, es cuestión de los más básicos derechos civiles.

Es inconcebible, todavía hoy, la pervivencia de multitud de símbolos franquistas (insignias, escudos, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del franquismo) en edificios y espacios públicos en los pueblos y ciudades de Andalucía.  La  exhibición de esta simbología, además de suponer una humillación para las víctimas y gentes con sentido democrático, cumple una función legitimadora del franquismo pues solo con su presencia lo normailiza contribuyendo a la extensión de nuevos significados que desvirtúan su naturaleza represiva.

A pesar de los avances en materia de investigación y divulgación, el desconocimiento de la magnitud y los alcances de la represión franquista en Andalucía por parte de la población es mayoritario. Es necesaria la incorporación de esta parte de nuestra historia tratada con rigor en los currículos escolares y la divulgación pedagógica en los medios de comunicación públicos –en horario adecuado–, especialmente la radio y la televisión.

Del mismo modo, hay que rescatar y poner en valor por su función didáctica los lugares más emblemáticos de la memoria, aquellos que la ciudadanía le ha otorgado una especial significación con la instauración de ritos del recuerdo: fosas comunes, campos de concentración, prisiones, etc., y crear en algunos de ellos –como es habitual en muchos países europeos– memoriales o centros de interpretación, como el olvidado proyecto de Memorial sobre la utilización de los presos republicanos como mano de obra esclava en el antiguo campo de concentración de Los Merinales (Dos Hermanas).

Y aunque no esté entre sus competencias, el próximo gobierno andaluz debería estar al frente en la reivindicación de la justicia y contra la impunidad en cualquier proceso abierto y de la anulación de las sentencias franquistas a todas luces ilegítimas pero con vigencia legal.

Las víctimas del franquismo y toda la lucha contra la dictadura en pro de las libertades democráticas constituyen un patrimonio ciudadano todavía por valorar. La memoria de estas víctimas ha ocupado siempre una posición subalterna que ha ido emergiendo de la nada para ganar paulatinamente espacios en la esfera pública. En buena medida estas conquistas se deben a la iniciativa ciudadana y es crucial, para una mayor proyección de los valores democráticos que entrañan, la implicación decidida del próximo gobierno andaluz.

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