Andalucía habría ganado más de 160.000 empleos con las inversiones que le corresponden,según Economía
Más allá de los discursos y de la complejidad de términos, el incumplimiento de la disposición adicional tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía tiene un impacto en el problema más grave que padece Andalucía: más de un millón de parados. Sumando el importe de los incumplimientos de la DAT entre 2007 y 2014, Andalucía se habría visto privada de 2.298 millones de euros de inversión del Gobierno de la Nación que, teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos, habría supuesto un aumento de la producción de 5.768 millones de euros, que a su vez requerirían la creación de 55.644 puestos de trabajo.
Pero hay más, si ese principio también se hubiera cumplido para el reparto de los fondos europeos en el último marco 2007-2013, la comunidad autónoma habría recibido 4.591 millones de euros más de los 16.433 concedidos. Hubiera sido la cantidad equivalente al peso de su población en el conjunto del país y habría implicado un incremento de la producción de 11.525 millones de euros que requerirían otros 111.192 puestos de trabajo. En total, más de 166.000 empleos, una cifra que supondría reducir en 10 puntos el número de parados que soporta la región y bajar el umbral psicológico del millón de desempleados.
El “maltrato” del que el Gobierno de Andalucía habla permanentemente con la comunidad autónoma tiene pues una repercusión directa en su empleo, independientemente de que la llegada de esos fondos y sus resultados dependa de una gestión correcta de los mismos. Son datos de un informe elaborado por expertos de la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía, que cifran en 1,8% el crecimiento que habría supuesto para el PIB si hablamos sólo de las inversiones del Gobierno de la Nación y de hasta el 3,7 en el caso de los fondos europeos. ¿Y cómo hacen este cálculo entre inversiones y repercusión en el empleo? Usando el modelo desarrollado por Wassily Leontief (Premio Nobel en 1973), uno de los más empleados en la economía, y que muestra cómo las salidas de una industria (outputs) son las entradas de otras (inputs).
En este sentido, los técnicos subrayan que uno de los efectos que hay que tener en cuenta es que estas transferencias influyen en “la capitalización de la economía regional, derivada del aumento del stock de capital que supone el incremento de la inversión”. En definitiva, que el cumplimiento de la DAT en los términos que está establecida, “incrementaría el potencial de crecimiento de la economía de la región”.
Cabe recordar que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía, establece en el segundo punto de la DAT que la inversión destinada a la comunidad autónoma “será equivalente” al peso de su población en el conjunto del país, cifrada en casi el 18% en estos momentos, “para un periodo de siete años”. Ese periodo va desde 2007 a 2014, que ha sido el estudiado en este informe. Sin embargo, como no se ha cumplido, la Junta de Andalucía critica que se ha producido “una merma de los recursos financieros públicos invertidos” en la región. Ese principio de adicionalidad está también recogido en el reglamento de la Comisión Europea número 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión.
Evolución de su aplicación
Si nos referimos exclusivamente a las inversiones del Gobierno de la Nación, su comportamiento en cuanto a la DAT ha ido variando. Para los años 2008 y 2009, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prácticamente cumplieron la DAT aunque, en términos de ejecución, la Intervención General del Estado ha certificado una deuda de 1.504 millones de euros. Y desde ese momento, la cifra de deuda ha ido engordando.
De este modo, en los PGE de 2010 y 2011, la inversión regionalizable en los PGE destinada a Andalucía tiene un peso medio sobre la total (17,7%) prácticamente coincidente con el de su población (17,8%), “con lo que el incumplimiento de la DAT alcanza sólo 51 millones de euros”, con 42 y 9 millones de euros sin abonar, respectivamente. Sin embargo, en los PGE de los tres últimos años, 2012, 2013 y 2014, la inversión regionalizable para Andalucía tiene un peso medio del 15,7%, 2,1 puntos porcentuales inferior a lo que representa su población (17,9%). Esto permite cifrar el incumplimiento de la DAT de estos años en 742 millones de euros, repartidos entre los 409 de 2012, los 208 que no se entregaron en 2013 y los 53 no contemplados en las cuentas del presente ejercicio.
