El nuevo plan para la integración de la población gitana incluye por primera vez políticas de género
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana, con un periodo de vigencia de 2017 a 2020 en el marco de las estrategias nacional y europea en la materia. Dotado con 232,1 millones de euros pretende llegar sobre todo a los gitanos que residen en las áreas más desfavorecidas de Andalucía y que se calcula que son unos 100.000 del total de 350.000.
Por primera vez, el plan, que comenzó a aplicarse en Andalucía en 1997, cuenta con políticas de género específicas, especialmente para potenciar la igualdad y luchar contra la violencia machista y contra la LGTBIfobia, según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Ésta ha recordado que en Andalucía, con unos 350.000, está la mitad de la población gitana del país. Un tercio de esta comunidad la conforman “gitanos invisibles, que son personas que no manifiestan su identidad de étnica o pueblo”, por su total integración, mientras que otro porcentaje igualmente significativo no tiene problemas vulnerabilidad. Es a ese otro tercio que se encuentra en peores condiciones de vida al que se dirige esta estrategia. De ellos, más de la mitad vive en áreas urbanas, destacando Granada como la provincia con más gitanos.
“Nos dirigimos a personas que tienen necesidades por su vulnerabilidad desde el punto de vista social”, ha expresado la consejera, para quien Andalucía sigue “siendo un referente en la materia”. El plan incide, como en ediciones anteriores, en áreas de intervención como la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la cultura y los servicios sociales. Pero esta vez se suman nuevas: la igualdad entre hombres y mujeres; la lucha contra la violencia machista; la potenciación del comercio ambulante, dado que en un 40% es ejercida en Andalucía por este colectivo; la participación ciudadana; la comunicación y difusión; la no discriminación por razones de etnia, luchando contra el antigitanismo, pero también por identidad género; y las medidas destinadas a los provenientes de otros países.
Entre otras cosas, habrá un especial seguimiento para la regularización de la documentación de los menores, además de reforzar las políticas de escolarización, enseñanza del idioma, inclusión en itinerarios de formación para inmigrantes y máximo acceso al sistema de salud y a los servicios sociales.
Precisamente, por primera vez se hace referencia a los gitanos provenientes de países como Rumanía y Bulgaria, que son los más numerosos entre los extranjeros y presentan más riesgos de exclusión que los autóctonos. Hasta el momento recibían apoyo, en caso de necesitarlo, desde los servicios sociales comunitarios y esta vez se ha incluido en el plan “para darle una forma más organizada a la intervención” que se haga desde la Junta de Andalucía para ellos.
El plan contempla también como novedad la creación del Consejo Andaluz de la Comunidad Gitana, órgano consultivo y de asesoramiento que será como un “vivero de iniciativas” y contará con la participación de las asociaciones más representativas del colectivo.
